oda intervención federal es, por definición, un acto extremo. No es una herramienta de gestión ni un recurso administrativo más: es una decisión que altera el orden institucional, desplaza competencias y avanza sobre la autonomía de una provincia, uno de los pilares de la organización constitucional argentina.
Precisamente por eso, una medida de semejante gravedad exige un nivel de rendición de cuentas excepcional. Lo ocurrido con la intervención federal del puerto de Ushuaia va en sentido contrario.
No hubo explicaciones públicas claras. No se informaron de manera transparente las razones concretas que justifican semejante decisión. No se detallaron irregularidades, responsabilidades ni objetivos verificables. Tampoco la Intervención presentó un Plan de Acción. Solo hubo, en cambio, silencio.
Un silencio institucional que no es neutro ni inocente: es una forma de ejercicio del poder que prescinde del control democrático.
La ANPYN, organismo bajo cuya órbita se dispuso la intervención, eligió no hablar. El Diario del Fin del Mundo intentó en varias oportunidades contactarse por los canales oficiales para obtener precisiones, contextualizar la medida y ejercer el rol elemental del periodismo en una república. La respuesta fue siempre la misma: “por ahora no realizaremos entrevistas”.
A todo esto, mientras se envían los recursos facturas en el Puerto de Ushuaia a cuentas de organismos nacionales, no hay plazos claros, no hay voceros, no hay voluntad de explicar. El Estado decide y calla.
Así, ese silencio agrava el hecho. Porque intervenir un puerto provincial no es una acción menor: implica avanzar sobre una jurisdicción autónoma, redefinir el control de un recurso estratégico y alterar equilibrios políticos, económicos y administrativos en Tierra del Fuego. Hacerlo sin rendir cuentas no sólo debilita la legitimidad de la medida, sino que constituye un atropello a la organización constitucional, que se sostiene precisamente en el respeto al federalismo y a la división de competencias.
El problema es estructural. El Estado argentino hace tiempo dejó de actuar como garante del interés general para comportarse como un botín administrado por los gobiernos de turno. La información se retacea, la transparencia se posterga y la rendición de cuentas se transforma en una promesa vacía. En ese esquema, el silencio deja de ser una omisión para convertirse en una herramienta.
Mientras el mundo avanza en fortalecer los mecanismos de control público, en exigir que los funcionarios informen cómo se aplican los recursos que la sociedad aporta mediante impuestos, la Argentina persiste en una lógica inversa. La obligación de rendir cuentas —ineludible para toda persona que maneja fondos o bienes públicos— se diluye en comunicados ambiguos y decisiones sin sustento visible. Los funcionarios cumplen un mandato y, sin embargo, no explican cómo, por qué ni para qué lo ejercen.
La sociedad asiste, una vez más, a ese espectáculo con una mezcla de resignación y alarma. Fondos públicos que no se destinan a los fines previstos, cifras millonarias sin responsables claros, gestiones que no aplican criterios básicos de transparencia, legalidad, economía, eficiencia ni eficacia. Y cuando se trata de una intervención federal, el déficit informativo se vuelve directamente intolerable.
No es casual que este escenario tenga raíces profundas. Desde la sanción de la Ley 24.156 en 1993, el sistema de rendición de cuentas del sector público nacional quedó seriamente dañado. Se extinguió el régimen específico de responsabilidad de los funcionarios que administran fondos y bienes públicos y se dejó en una nebulosa normativa cuestiones esenciales: quién rinde cuentas, ante quién, cuándo, cómo y con qué consecuencias.
El resultado es un Estado que controla poco y explica menos.
En la vida cotidiana, todos rendimos cuentas. Los ciudadanos ante la AFIP, las empresas ante sus balances, los trabajadores ante sus empleadores. Los funcionarios públicos no están exentos de esa obligación básica. Son empleados del pueblo. Y cuando deciden avanzar sobre la autonomía de una provincia mediante una intervención federal, el deber de explicar no se reduce: se multiplica.
El silencio de la ANPYN frente a la intervención del puerto de Ushuaia no es prudencia institucional. Es una señal de desprecio por el control democrático y por el derecho de la sociedad a saber. En un país atravesado por la fragilidad institucional, la corrupción y la impunidad, decidir sin explicar es una forma de gobernar que erosiona la confianza pública y vacía de contenido a la república.
Sin rendición de cuentas no hay transparencia. Sin transparencia no hay federalismo real. Y sin federalismo, la organización constitucional se convierte en una letra cada vez más frágil, fácilmente atropellada por el poder central de turno.
La ANPYN mediante la Intervención Federal rompió un principio básico de convivencia democrática, y de esta manera quebró un acuerdo central del sistema representativo: que sea el pueblo el que elija a sus autoridades.
Tamaña intromisión necesita de una robusta explicación y justificación pública, que de ninguna manera se justifica en una resolución de una Agencia Gubernamental de 3ra. o 4ta. categoría institucional.
El libro ¨Los condenados de la tierra¨ tiene una frase que sintetiza el sentido de la Intervención Federal: ¨Toda dominación se presenta como una misión civilizadora¨.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
