a vicegobernadora Mónica Urquiza sostuvo que el acuerdo con los trabajadores portuarios busca "garantizarle y darle tranquilidad a los trabajadores y a las familias de que van a continuar percibiendo sus haberes", en un contexto donde "hay muchos trabajadores que no pueden acceder a su tarea normal y habitual porque no los dejan ingresar".
En declaraciones a FM Ushuaia, ratificó que el Ejecutivo provincial sostiene "que es ilegal, inconstitucional" la intervención dispuesta por la Administración General de Puertos.
En ese sentido, Urquiza relató que la noche de la medida "lo único que pretendíamos era que nos explicaran cuáles eran las condiciones de la intervención, qué era lo que ellos pensaban hacer".
Según describió, "ellos nos dijeron que no tenían todavía ningún plan, que iban a ir trabajando en la medida que vayan avanzando, vamos viendo". Precisó que el responsable contable manifestó “bueno, cómo vamos a hacer, qué es lo que necesitan. No, no, dijo, despreocúpate, nosotros no vamos a utilizar nada que sea del gobierno de la provincia".
Sin embargo, al ser consultada sobre el uso de maquinaria, respondió: "Le dijeron al contador Adrián Bleuer ‘vos no vas a entrar, vos no vas a pasar, pasame un listado de las cosas que tenés a cargo en el patrimonio y entonces te vamos a liberar’". Subrayó que "todo esto está en un acta, porque nosotros fuimos con el Escribano General de Gobierno, todo lo dejamos plasmado en un acta".
La vicegobernadora cuestionó los fundamentos de la intervención: "Existen problemas estructurales graves, según la ANPyN, en una inspección fugaz de 48 horas, en las que todos hablan de qué dice ese primer informe, pero nadie habla de que el puerto respondió y respondió efectivamente y correctamente sobre todo, pero bueno, no lo aceptó".
Agregó que "una vez que comienzan con la operación, empiezan a notificar a las empresas de que ellos iban a empezar a facturar. Es más, le mandan una nota a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a la Dirección Provincial de Energía, para que cambie la titularidad".
Urquiza enfatizó que cada ente hizo el descargo que correspondía y advirtió sobre "desconocimiento total de la normativa provincial, porque estos recursos, tanto el ingreso como los gastos, los controla el Tribunal de Cuentas". Sostuvo que la Dirección Provincial de Puertos, así como todos los entes autárquicos de la provincia, “consolidan en la Cuenta General de Gobierno, que audita el Tribunal de Cuentas, y están publicadas en la página web, están publicadas en la Legislatura, y ahí está clarísimo".
A su vez, la vicegobernadora cuestionó declaraciones de algunas de las autoridades de la Libertad Avanza en Tierra del Fuego : "Escuchar a un diputado nacional de la provincia de Tierra del Fuego hablar del puerto, el diputado Rodríguez, con imágenes del Saint Cristopher, del Hospital Modular, no tiene idea, ni siquiera fue al puerto". Y añadió: "Ese es el relato que tienen ellos, es esto de generar el caos, y la realidad es que la administración no es un caos, está controlado, pero estamos poniendo en tela de juicio. Esto de tener apuntada la cabeza de Melella, está llevando a que perdamos el rumbo y la institucionalidad de la provincia. Ponemos en tela de juicio todas las instituciones".
Consultada sobre el impacto futuro, Urquiza advirtió: "Me preocupa precisamente el daño que nos puede generar esto. Las preocupaciones cuando comenzaron estos comentarios, estos rumores de la intervención y hablar tan livianamente de cuestiones estructurales del muelle, hablar de los recursos del puerto también tan livianamente, esto generó preocupación en algunas empresas que operan acá".
Finalmente, recordó que el año pasado “se hizo una operación en el puerto de Ushuaia, que fue el cambio de pasajeros y tripulación, fue fantástico, articulado con los privados, y en la feria de Miami, cuando fueron, todas las empresas agradecieron y felicitaron, y nos están mirando con otros ojos".
