a situación laboral en el puerto continúa sin resolverse desde la intervención dispuesta desde el pasado mes de enero. Según denunció la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias en Tierra del Fuego, Daniela Almada, una parte mayoritaria del personal sigue sin poder ingresar a las instalaciones operativas y no ha recibido notificaciones formales que expliquen la restricción. En ese sentido, Almada fue categórica al describir el escenario actual. “Desde el 21 de enero no pudimos ingresar más a la parte operativa de las instalaciones y al día de hoy sigue exactamente la misma situación”, afirmó, al señalar que la exclusión se mantiene sin modificaciones.
La dirigente explicó que el ingreso quedó limitado a un grupo reducido de trabajadores incluidos en un anexo de la resolución de intervención. “Había cuatro situaciones particulares que no habían prestado consentimiento para trabajar en conjunto y serían 16 los que efectivamente están prestando servicio”, precisó, marcando la diferencia entre quienes figuran en ese listado y el resto del personal.
Uno de los cuestionamientos centrales planteados por el gremio es la ausencia de criterios transparentes para esa selección. Al respecto, Almada sostuvo que “no sabemos cuáles fueron los criterios que aplicaron para la selección del personal, si son idóneos, si son titulados; desde nuestro punto de vista es totalmente azaroso y con muy poca explicación”, remarcando la falta de información oficial.
La secretaria general también hizo referencia a la situación de los trabajadores con tutela sindical, quienes, según afirmó, se encuentran en la misma condición de restricción. “No hay diferencia, todos los que tenemos tutela sindical estamos en la misma situación; el que no está dentro del listado directamente no puede ingresar”, expresó, subrayando que no existieron procedimientos de desafuero ni instancias formales previas.
En relación con el plano administrativo, Almada indicó que tampoco hubo comunicación institucional directa con el sindicato. “No tenemos comunicación con AMPIN como trabajadores, el sindicato tampoco ha recibido ningún tipo de explicación; simplemente nos muestran la resolución y nada más”, afirmó.
Otro de los puntos señalados fue la incertidumbre en torno al pago de salarios y la administración de los recursos. “Hasta el momento no hubo comunicación desde AMPIN con los trabajadores; se quedaron con la recaudación y los sueldos dependen de lo que venía administrando la Dirección Provincial de Puertos o, en su defecto, del Gobierno provincial”, explicó.
Frente a este escenario, el gremio analiza avanzar por la vía judicial. Según anticipó Almada, “inicialmente empezaríamos por la gente que tiene fuero y vamos a buscar la alternativa de abarcar a todos independientemente de la ideología política”, dejando abierta la posibilidad de presentaciones individuales con alcance más amplio.
Mientras tanto, la intervención mantiene el control operativo del puerto y el conflicto se sostiene en el plano laboral e institucional. Desde el sindicato insisten en la necesidad de abrir instancias de diálogo y clarificar el encuadre jurídico de las medidas adoptadas, al considerar que la actual situación altera condiciones de trabajo sin fundamentos explicitados ante el personal afectado.
