l consejero Alejandro Pagano Zavalía abrió el año institucional del Consejo de la Magistratura con una agenda ambiciosa: reformar de manera integral tanto el procedimiento de remoción como el sistema de selección de magistrados, además de impulsar mayor calidad institucional en el funcionamiento interno del organismo.
Uno de los puntos centrales es la modificación de la Ley 525, que regula los pedidos de jury. “Tenemos que reformar el proceso de remoción porque los jueces o magistrados no pueden estar con pedidos de jury abiertos de forma indefinida, sine die, sin plazo”, sostuvo. Explicó que, una vez que el Consejo gira la denuncia a la Presidencia para la investigación preliminar, el plazo puede extenderse hasta 180 días hábiles judiciales, prorrogables. “Estamos hablando de términos hábiles judiciales, con ferias de invierno y de verano. Eso en la práctica es casi un año”, advirtió.
Pagano detalló que el mecanismo actual prevé que, tras la investigación preliminar, el expediente vuelva al cuerpo para que intervenga el fiscal acusador. Sin embargo, señaló una zona gris que, a su criterio, afecta las garantías del magistrado denunciado. “Si el fiscal acusador decide no acusar porque entiende que no hay elementos suficientes, el propio cuerpo puede designar otro fiscal subrogante para que acuse. Entonces, ¿dónde están las garantías de los jueces y los magistrados?”, cuestionó. Remarcó que el jury debe ser una herramienta excepcional: “Tiene que ser la última ratio del sistema, la solución más extrema. Tiene que pasar algo demasiado grave para remover a un juez”.
El consejero también hizo hincapié en la necesidad de ordenar el procedimiento. “Tiene que haber una instancia donde se admita o no la prueba, donde quede claro qué es lo que se está acusando y qué es lo que se está defendiendo, como una audiencia preliminar en un juicio”, explicó. El esquema vigente diluye etapas y no delimita con precisión los alcances del proceso, lo que genera incertidumbre tanto para los denunciantes como para los magistrados involucrados.
En cuanto al funcionamiento interno del Consejo, recordó que en la primera reunión del año se resolvió distribuir con anticipación los antecedentes de los pedidos de jury que serán tratados el 25 de marzo. “No me parece buena idea patear el análisis porque no le hace bien en términos institucionales a la gente”, afirmó, al respaldar la propuesta de avanzar en el estudio previo de los expedientes.
Pagano también apuntó contra el modelo de selección de jueces. “El proceso de selección es sumamente endeble, a tal punto que uno podría decir que esto no es un concurso. Tiene nombre de concurso, pero no opera como un concurso”, afirmó. El eje de su crítica es la falta de calificación objetiva del examen escrito: “El problema no es solo que no haya nota; el problema es que la ausencia de una nota te impide controlar a tu contrincante. Si a mí me desaprueban y a vos te aprueban, ¿cómo te aprobaron? ¿Cuánto te sacaste? Eso no existe”, sostuvo. Para Pagano, la transparencia exige que cada postulante conozca su calificación y los criterios aplicados. “Si algún día se me ocurriera presentarme a un concurso, lo mínimo que quisiera es tener una nota y saber cómo me fue, porque para eso me voy a preparar y a sufrir durante meses”, agregó.
Entre sus propuestas figura que los exámenes sean anónimos hasta la etapa de entrevista. “Los concursos deberían ser anónimos hasta el momento en que se llegue a la entrevista. El tribunal debe calificar un examen, no una persona”, señaló. Una vez cerrada la etapa de evaluación escrita y asignadas las notas, recién allí se identificaría a cada postulante para avanzar a la instancia personal.
Respecto de la entrevista, consideró que no necesariamente debe implicar una nueva calificación numérica, pero sí un registro formal. “Tendría que haber un informe de la audiencia, sin nota si se quiere, pero con estándares claros de análisis”, expresó. Se evalúan aspectos como prudencia, capacidad de escucha, templanza y respuesta bajo presión.
Otro eje de cambio es la publicidad de las sesiones. “Una de las cosas que creo que hay que modificar es que las reuniones del Consejo dejen de ser reservadas por definición y pasen a ser públicas”, afirmó. Solo en casos excepcionales debería mantenerse la reserva. “Por definición deberían ser públicas, como lo son las audiencias del Tribunal de Juicio”, comparó.
El consejero también se comprometió a rendir cuentas públicamente sobre su actuación. “Después de cada reunión voy a hacer un informe de todo lo que pasó, de todo lo que dije, de todo lo que sostuve y por qué lo hice”, señalando que ya comenzó a difundir reportes tras las últimas sesiones. En esa línea, aseguró que si sus propuestas no prosperan, lo informará. “Si me dan la espalda, voy a hacer lo mismo que dije que iba a hacer. La gente tiene que saber cómo funcionan estas cosas”, afirmó.
Consultado sobre una eventual reforma constitucional, Pagano consideró que el Consejo de la Magistratura debería ser parte del debate. “Uno de los temas centrales que yo creo que hay que tocar es el Consejo de la Magistratura”, expresó. Incluso planteó revisar la integración del organismo: “Yo creo que el Poder Judicial debería tener un representante propio dentro del Consejo”, indicó.
Finalmente, Pagano Zavalía confirmó que el Colegio de Abogados de Ushuaia solicitó al Superior Tribunal que arbitre los medios para que asuman los jueces ya seleccionados en concursos concluidos, ante la posibilidad de licencias que podrían recargar juzgados civiles y de familia. “Ya están los concursos celebrados; que hagan asumir a los jueces que han ganado”, sostuvo. Advirtió que la acumulación de subrogancias podría afectar el servicio de justicia, especialmente en fueros sensibles como familia, donde cada juzgado maneja un volumen elevado de causas.
