a Dirección Provincial de Puertos (DPP) intimó formalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con la firma del presidente del organismo provincial, Roberto Murcía, a reintegrar más de 1.400 millones de pesos que el ente provincial debió afrontar con fondos propios luego de la intervención dispuesta sobre el Puerto de Ushuaia el pasado 21 de enero. La notificación fija un plazo perentorio de 48 horas hábiles administrativas para que se efectúe la devolución, bajo apercibimiento de iniciar nuevas acciones judiciales.
Según el expediente administrativo DPP-N-194-2026, la intervención nacional implicó la toma de posesión de las instalaciones del puerto y la transferencia de la recaudación a una cuenta ajena a la Provincia, sin que se haya dispuesto una compensación financiera equivalente. En consecuencia, la DPP sostiene que quedó materialmente impedida de administrar su principal fuente de ingresos, lo que generó un desfinanciamiento inmediato.
En ese sentido, los números que acompañan la intimación reflejan la magnitud del impacto. El presupuesto 2026 había sido proyectado en $30.697 millones, de los cuales $25.624 millones —es decir, el 94%— provenían del Puerto de Ushuaia. Sin esos recursos, los ingresos estimados se reducen a poco más de $5.073 millones, alterando por completo el equilibrio financiero del organismo.
Por un lado, la DPP reclama el reintegro de la masa salarial correspondiente a enero de 2026, que ascendió a $1.057 millones y que, según consta en el expediente, no fue cubierta por la ANPyN. Por otro, exige la devolución de $381 millones correspondientes a gastos operativos efectuados entre el 1 y el 13 de febrero, vinculados a servicios esenciales, mantenimiento de infraestructura crítica, contratos técnicos, seguros y obligaciones preexistentes. En total, el monto intimado asciende a $1.438 millones.
Asimismo, el informe técnico-contable elaborado por la Dirección General de Administración advierte que, aun recortando partidas vinculadas directamente con la operatoria del Puerto de Ushuaia, el nuevo escenario proyecta un déficit superior a los $10.000 millones al cierre del ejercicio 2026. Para sostener el funcionamiento básico del ente, se prevé utilizar recursos acumulados de años anteriores que originalmente estaban destinados a obras de infraestructura.
Sin embargo, el propio documento alerta que esos fondos alcanzarían únicamente hasta noviembre de este año. Luego, de no revertirse la situación o no mediar asistencia financiera, la Dirección Provincial de Puertos enfrentaría un desfinanciamiento total. Además, el saldo proyectado al 31 de diciembre arrojaría un resultado negativo adicional.
Frente a este panorama, la DPP dejó constancia de que la intimación se cursa sin reconocer legitimidad ni competencia a la intervención dispuesta por la Agencia Nacional y con expresa reserva de ampliar los montos reclamados a medida que continúen devengándose nuevas erogaciones. Al mismo tiempo, anticipó que el incumplimiento del reintegro consolidará el perjuicio patrimonial y será denunciado en el marco de las actuaciones judiciales ya iniciadas.
Más allá de las acciones judiciales que tramitan ante la Justicia Federal, el conflicto entre la Provincia y la Nación por el control y la administración del Puerto de Ushuaia suma ahora un capítulo financiero a la tensión Nación - Provincia. Mientras se sustancian los recursos administrativos y judiciales planteados contra la resolución nacional, la disputa se traslada al terreno presupuestario y amenaza con afectar no sólo la planificación de obras estratégicas, sino también la sustentabilidad operativa del sistema portuario fueguino.
