a apertura del período legislativo dejó planteada una agenda orientada a actualizar leyes vigentes, agilizar procesos administrativos y crear instrumentos que permitan sostener la actividad productiva en un escenario de retracción económica. El Ejecutivo provincial adelantó que enviará iniciativas destinadas a simplificar trámites, modernizar procedimientos y garantizar mayor eficiencia en áreas sensibles como educación, salud e infraestructura.
En ese marco, la presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina y vicepresidenta de FORJA, Analía Cubino, consideró que el mensaje del gobernador fue claro respecto de las prioridades. “Creo que es un discurso contundente, con ideas muy claras y muy cercanas a la realidad de la gente”, afirmó, al señalar que la situación social exige decisiones concretas.
Uno de los puntos centrales, explicó, es revisar el funcionamiento interno del Estado. “En primer lugar, en términos estatales, acabar con esa burocracia extrema que además corresponde a otros tiempos”, sostuvo, y advirtió que muchos procedimientos actuales no se condicen con la era digital ni con la urgencia que demanda la ciudadanía.
En ese sentido, ejemplificó que aún existen normas que obligan a mecanismos desactualizados. “Hay leyes en Tierra del Fuego que todavía viven porque fueron hechas en esa época, que se publiquen en los diarios en papel, cuando ya casi poco circulan”, expresó, al remarcar que la modernización requiere modificar artículos específicos a través de la Legislatura.
Cubino remarcó que el ámbito parlamentario debe acompañar estas transformaciones. “Esa caja de resonancia tiene que tomar el rumbo de poder acompañar estas transformaciones, porque hay algunas que si no se empatan a partir de un marco normativo nuevo no se pueden generar”, indicó, en referencia a los proyectos que ingresarán en las próximas semanas.
Entre las iniciativas mencionó una ley de financiamiento educativo y sanitario que permita definir criterios claros para la afectación de recursos futuros. “Hay una ley que se presenta de financiamiento educativo y salud”, explicó, y señaló que la intención es que incrementos en regalías o nuevos ingresos derivados del desarrollo productivo puedan destinarse directamente a inversión estratégica.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar el esquema normativo en infraestructura. “Tierra del Fuego no tiene su propia ley de obra pública”, afirmó, al señalar que la provincia adhiere a marcos nacionales que no contemplan sus particularidades climáticas.
En el plano político, sostuvo que el contexto exige priorizar la agenda social por encima de especulaciones electorales. “La buena política es la que le puede mejorar la vida a la gente”, expresó, y agregó que las alianzas deben construirse sobre coincidencias reales y no sobre cálculos coyunturales.
También cuestionó la falta de posicionamientos firmes frente a la intervención del puerto de Ushuaia. “Hay gente que ha callado frente a la intervención descarada, ilegal, ilegítima e inconstitucional sobre los intereses de la provincia”, manifestó.
Respecto de la reforma constitucional, consideró que existen aspectos que deben debatirse, especialmente en relación con los privilegios en cargos públicos. “Creo que es el corazón de la reforma, que es la del privilegio”, afirmó.
No obstante, subrayó que la prioridad inmediata son las herramientas legislativas urgentes. “Hoy nos convoca este conjunto de leyes que son para ya, para ayer”, sostuvo, al advertir sobre el impacto económico en la industria. “Hay una desazón, una congoja muy grande en la ciudadanía por lo que está sucediendo con la industria”, concluyó.
