a discusión por el financiamiento de prestaciones de salud y la merma de recursos coparticipables volvió a tensar la relación entre el Municipio de Río Grande y la Provincia. En ese marco, la secretaria de Economía y Finanzas del Municipio, Valeria Capotorto, señaló que la situación se mantiene desde el inicio de la actual gestión. “Desde que el intendente Martín Pérez asumió hasta la actualidad, la OSEF nunca ha accedido a firmar acuerdos con el municipio”, afirmó.
Desde el Ejecutivo local plantean que existe un trato desigual por parte de la OSEF en materia de convenios y advierten que los recortes recientes impactan directamente en programas sociales y asistenciales.
El Municipio sostiene desde hace años un esquema de atención sanitaria que incluye 15 dispositivos de salud distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con prestaciones de baja, mediana y algunas de mayor complejidad. Sin embargo, pese a atender afiliados de la obra social estatal, no percibe compensación económica por esas prácticas.
En ese sentido, explicó que los centros municipales brindan atención a toda la comunidad, tenga o no cobertura. “Nosotros tenemos laboratorios, odontología, atención ginecológica y muchísimas prestaciones. Al ser un sector público atendemos a las personas que tienen y que no tienen cobertura”, detalló.
Capotorto remarcó que mientras otras obras sociales y prepagas retribuyen económicamente las prestaciones brindadas a sus afiliados, en el caso de la OSEF la compensación es inexistente. “De las otras obras sociales sí tenemos la retribución dineraria correspondiente; en el caso de OSEF la retribución es cero”, sostuvo.
La funcionaria aclaró que el Municipio no desconoce la deuda por contribuciones patronales, pero reclama una compensación por los servicios efectivamente prestados. “No te desconozco la deuda, lo que sí te pido es que vos me reconozcas todas y cada una de las prestaciones que le dimos a tus afiliados y por las cuales ustedes han erogado cero pesos”, explicó.
Desde la perspectiva municipal, el conflicto radica en un desequilibrio en el trato institucional. “Nosotros celebramos que OSEF tenga convenio con otros municipios de la provincia, pero ¿por qué con nosotros no?”, cuestionó. Y agregó que el reclamo cuenta con respaldo jurídico interno: “Tengo un dictamen de la asesoría letrada que me insta a exigir la contraprestación correspondiente por la inversión en salud”.
Capotorto subrayó que los recursos destinados a cubrir afiliados de la obra social estatal implican resignar otras inversiones. “Esos pesos que destinamos a cubrir afiliados de OSEF los tenemos que restringir de invertir en otro aspecto para la ciudad”, indicó, al considerar que la recuperación de esos fondos permitiría fortalecer otras políticas públicas.
La funcionaria también rechazó que la postura municipal sea obstinada. “No es que nos ponemos en una postura de no pagar, entendemos que debemos resguardar todos y cada uno de los pesos que corresponden al erario de los vecinos de Río Grande”, expresó, y adelantó que insistirán hasta lograr un acuerdo formal.
En paralelo, el Municipio enfrenta una caída en la coparticipación derivada de la merma en la recaudación nacional y provincial. Capotorto explicó que el impacto alcanza a todos los niveles del Estado, pero que los municipios, como tercer eslabón de distribución, sienten con mayor intensidad las reducciones.
“Al ser el tercer eslabón de la coparticipación nos vemos seriamente afectados”, sostuvo, aunque aseguró que la gestión intentó anticiparse al escenario. “El cimbronazo nos pegó, pero no nos volteó”, afirmó, al señalar que se adoptaron medidas de previsibilidad y control del gasto.
La situación se agravó tras una resolución del Ministerio de Economía provincial que recortó recursos vinculados al gas envasado, lo que implicó para Río Grande una quita estimada en 615 millones de pesos. “Nos encontramos con una merma que no estaba prevista en el presupuesto en ejecución”, indicó.
Según detalló, ese monto estaba destinado a programas de asistencia social. “Con esos 615 millones asistíamos a jubilados, adultos mayores, veteranos de guerra, a los chicos que van al colegio con la absorción del boleto y otras acciones que lleva adelante el municipio”, enumeró.
En relación con el vínculo institucional con el Ministerio de Economía provincial, Capotorto reconoció que no hubo aviso previo sobre la resolución. “Esta decisión nos la notificaron sin previo aviso, llegó una notificación por mail oficial”, explicó, aunque aclaró que mantiene canales de diálogo abiertos con el actual ministro.
El escenario financiero obliga al Municipio a extremar previsiones para sostener servicios y programas. Desde el Ejecutivo local insisten en la necesidad de reglas claras, trato igualitario y previsibilidad en la asignación de recursos, en un contexto económico que continúa siendo incierto.
