n proyecto de ley presentado en la Legislatura propone implementar la Planificación Espacial Marina (PEM) en el Canal Beagle, una herramienta de gestión que busca ordenar el uso del espacio marítimo, proteger los ecosistemas y mejorar la coordinación entre las distintas actividades productivas que se desarrollan en la zona.
La iniciativa, impulsada por la legisladora provincial María Laura Colazo (Partido Verde), establece un marco legal para planificar la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en el canal, un área estratégica para la provincia por su importancia ambiental, económica y geopolítica. El objetivo es equilibrar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo de sectores como la pesca, el turismo, el transporte marítimo, la investigación científica y otras actividades vinculadas al mar.
El Canal Beagle, de aproximadamente 200 kilómetros de extensión y un ancho promedio cercano a los cinco kilómetros, conecta los océanos Atlántico y Pacífico y constituye un corredor biológico clave del extremo sur del continente. En su porción argentina alberga una gran diversidad de especies marinas y sostiene numerosas actividades económicas, entre ellas la pesca artesanal y comercial, el turismo marítimo, la navegación internacional y la actividad portuaria vinculada a Ushuaia.
Según el proyecto, el aumento de la actividad humana en las últimas décadas —sumado a los efectos del cambio climático— incrementó la presión sobre los ecosistemas marinos del canal. Entre los factores señalados se encuentran el crecimiento del tráfico marítimo, el desarrollo turístico, la intensificación de algunas pesquerías, la introducción de especies invasoras y distintos tipos de contaminación.
En ese contexto, la iniciativa propone aplicar la Planificación Espacial Marina como un proceso público de gestión que permita analizar las condiciones ecológicas del área, identificar conflictos entre actividades y definir zonas o áreas marinas designadas para distintos usos.
El proceso de planificación previsto en la ley incluye ocho etapas principales: la preplanificación del proceso, la identificación de los actores involucrados, el análisis de las condiciones ambientales actuales del canal, la proyección de escenarios futuros, la elaboración del plan de manejo espacial, su aprobación institucional, la implementación de las medidas definidas y el monitoreo permanente de sus resultados. El sistema también prevé la posibilidad de adaptar el plan en función de nueva información científica o cambios en el ecosistema.
La autoridad de aplicación de la ley sería el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia, encargado de coordinar el proceso junto con otras áreas del gobierno. El proyecto también crea un Cuerpo de Planificación Espacial Marina responsable de elaborar el plan, coordinar la participación de actores sociales y supervisar la ejecución de las políticas definidas.
En el plano técnico se propone la conformación de una Comisión Científica Asesora integrada por especialistas en ciencias marinas, ciencias sociales, economía y conservación provenientes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica Nacional, el CONICET y otras instituciones científicas. Este organismo tendrá la función de analizar datos, evaluar escenarios de uso del espacio marino y elaborar recomendaciones para la zonificación del canal.
Otro componente central del proyecto es la participación de los sectores vinculados al Canal Beagle. Para ello se propone crear un Grupo de Interesados que reunirá a representantes de comunidades locales, pueblos originarios, pescadores artesanales, empresas pesqueras, operadores turísticos, cámaras empresariales, universidades, organizaciones ambientales y organismos públicas como Prefectura Naval, la Armada Argentina, el Instituto Fueguino de Turismo y la Dirección Provincial de Puertos.
Este espacio participativo tendrá reuniones periódicas para discutir propuestas, identificar conflictos entre actividades y construir consensos sobre el uso del canal.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la incorporación de nuevas herramientas regulatorias para la gestión del espacio marítimo. Aunque la ley no establece prohibiciones productivas directas, introduce mecanismos que podrían traducirse en restricciones indirectas para determinadas actividades.
Entre ellos se destaca la posibilidad de establecer zonificaciones dentro del Canal Beagle, asignando áreas específicas para conservación ambiental, pesca, navegación o turismo. Esto podría limitar o excluir ciertas actividades en sectores determinados del canal.
El proyecto también establece que las decisiones sobre el uso del espacio marítimo deberán involucrar a distintos organismos del Estado, expertos científicos y sectores sociales, lo que eleva el nivel de evaluación previo a la aprobación de proyectos o cambios en las actividades existentes.
Además, se institucionaliza la participación pública en el proceso de planificación, lo que introduce mayor control social sobre las decisiones vinculadas al desarrollo de nuevas actividades productivas o a la expansión de las ya existentes.
Otra herramienta prevista es la revisión periódica del plan. El proyecto establece que el plan de manejo espacial del Canal Beagle deberá revisarse cada cinco años y ser elevado a la Legislatura provincial para su evaluación. Esa revisión permitiría ajustar las zonas de uso o modificar regulaciones si cambian las condiciones ambientales o productivas.
La iniciativa se suma a un marco legal provincial ya existente que regula distintas actividades en el canal. Entre ellas se encuentra la Ley 244, que reserva el Canal Beagle para la pesca artesanal; la Ley 931, que regula la captura de centolla y centollón; la Ley 1048, que promueve el turismo sustentable; la Ley 1061 de cultivo y producción de salmónidos, y la 1461 que creó el Área Natural Protegida Península Mitre.
El proyecto no modifica esas normas sectoriales, pero introduce un nuevo nivel de regulación territorial que busca coordinar las actividades existentes dentro de un mismo esquema de planificación.
Según el texto, la propuesta también se alinea con compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de conservación de la biodiversidad, gobernanza ambiental y participación pública en decisiones ambientales, como el Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en 2022, el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
