l Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, junto a la Fundación Universitaria Popular de Escobar (FUPE), entregó certificados de otorgamiento de becas destinadas a cursar profesorados con orientación en derechos humanos.
La iniciativa forma parte del Convenio firmado entre ambas instituciones y permite acceder a las carreras de Profesorado de Historia con orientación en Derechos Humanos y Genocidio, Geografía y Lengua y Literatura. Las propuestas se dictarán en modalidad 100 por ciento virtual y con cobertura total del arancel.
Durante la primera convocatoria se recibieron 114 postulaciones provenientes de las tres ciudades de la provincia. Finalmente se otorgaron 60 becas regulares, distribuidas en 20 para cada profesorado, y otras ocho destinadas específicamente a integrantes de pueblos originarios.
El acto de entrega contó con la participación de la secretaria provincial de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky; el presidente de FUPE, Sacha Kun Sabó; y autoridades provinciales. Durante la actividad se entregaron los certificados a las personas seleccionadas, quienes iniciarán el proceso de inscripción a las carreras y comenzarán la cursada en abril.
En ese marco, Splausky destacó que el programa busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. Señaló que las becas representan “una herramienta concreta para que mujeres y diversidades que sostienen trabajos de cuidado, muchas veces con jornadas extendidas y sin derechos laborales plenos, puedan acceder a la educación superior sin las barreras de la presencialidad”.
También remarcó que la modalidad virtual facilita la continuidad educativa desde los propios territorios y permite compatibilizar la formación con tareas de cuidado y participación comunitaria. “Esto reconoce esos esfuerzos como parte del derecho a la educación a lo largo de la vida”, afirmó.
El proceso de selección fue coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad mediante criterios de elegibilidad y una matriz de evaluación consensuada con FUPE. Entre los aspectos considerados se incluyeron la motivación de las personas postulantes, su trayectoria vinculada a los derechos humanos y la memoria, la participación comunitaria y la situación socioeconómica.
Finalmente, Splausky subrayó que la articulación con FUPE acerca a la provincia “un conglomerado popular de instituciones educativas que participan críticamente de la democracia y de las políticas de memoria”, y recordó que el rectorado de la fundación funciona en el predio de la ex ESMA, uno de los espacios emblemáticos de memoria sobre el terrorismo de Estado.
