l Ministerio de Producción y Ambiente encabezó la primera reunión del año del Comité de Seguimiento de la Ley Provincial N° 1146, un espacio institucional destinado a evaluar la problemática de los perros asilvestrados y coordinar acciones para su control en el territorio provincial.
Durante el encuentro se repasó el estado de situación y las medidas que se vienen implementando en el marco de la normativa vigente. Como resultado, se acordó avanzar en la conformación de mesas de trabajo específicas dentro de la comisión, integradas por equipos técnicos reducidos que tendrán la tarea de abordar problemáticas puntuales, definir prioridades y acelerar la aplicación de políticas orientadas a disminuir el impacto de estos animales en el ámbito rural.
El ministro Francisco Devita destacó que la ley se encuentra plenamente vigente y recordó que el perro asilvestrado está declarado como especie exótica invasora en la provincia, lo que permite establecer herramientas de intervención para su control. En ese sentido, remarcó la necesidad de diferenciar esta situación de la de los perros domésticos, ya que se trata de animales que han perdido su vínculo con las personas y que actúan en manadas en áreas rurales y naturales.
Desde la Secretaría de Ambiente se informó además sobre algunas de las acciones que se vienen desarrollando para mejorar el monitoreo de la problemática. Entre ellas se encuentra la adquisición de nuevas cámaras trampa para zonas agrestes, lo que permitirá contar con un total de 16 dispositivos destinados a registrar la presencia y movimientos de estos animales en sectores rurales. También se prevé la instalación de cartelería informativa que advierta sobre la presencia de perros asilvestrados y los riesgos asociados.
El avance de estos animales se ha convertido en una preocupación creciente para el sector productivo fueguino. La ganadería ovina, históricamente una de las principales actividades rurales de la provincia, se ha visto particularmente afectada por los ataques de jaurías que provocan importantes pérdidas en los rodeos. En los últimos años, estudios y relevamientos realizados que la presencia de perros sin supervisión, tanto callejeros como asilvestrados, supera los 25.000 ejemplares en las principales ciudades de la provincia.
La expansión del problema también se refleja en el territorio productivo, ya que el área destinada a la producción animal afectada por la presencia de perros asilvestrados pasó de apenas el 2,5% en 1990 a cerca del 70% en la actualidad.
Las consecuencias económicas son significativas. Productores rurales han denunciado reiterados ataques a majadas ovinas, con episodios recientes en los que se registraron más de 100 ovejas muertas en un solo evento y decenas de otros animales domésticos y silvestres afectados.
Este escenario ha llevado incluso a que algunos establecimientos rurales abandonen la producción ovina o se reconviertan a otras actividades, como la ganadería bovina o el turismo, ante la dificultad de sostener el sistema productivo tradicional.
En este contexto, Devita subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con los municipios, especialmente en lo referido a la tenencia responsable de mascotas y el control de perros sueltos en las ciudades. El funcionario adelantó que convocará a las intendencias de la provincia para avanzar en una agenda común que permita alcanzar el objetivo de “perro suelto cero” en los centros urbanos.
Finalmente, el ministro reafirmó la decisión del Gobierno provincial de continuar impulsando medidas para abordar esta problemática y consolidar el trabajo articulado entre organismos técnicos, municipios y sectores vinculados a la producción. “Es un desafío que requiere compromiso y coordinación entre todos los actores. Seguiremos avanzando con herramientas que nos permitan abordarlo de manera efectiva”, señaló.
De la reunión participaron integrantes del Comité de Seguimiento de la Ley 1146, en el que están representados la Asociación Rural, el CADIC, el INTA, el Colegio de Veterinarios, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Producción y PyME, junto a autoridades de los municipios de Tolhuin y Ushuaia. También fueron convocados la senadora Belén Monte de Oca y los legisladores provinciales Matías Lapadula, Natalia Gracianía y Luciano Javier Selzer.
El legislador Lapadula es autor de un proyecto de ley que impulsa declarar a la Provincia, por el plazo de 5 años, en situación de emergencia ambiental, productiva y sanitaria por la proliferación de perros asilvestrados y de vida libre. En tanto que los parlamentarios del bloque LLA solicitaron un detallado informe de lo actuado por el Ejecutivo provincial desde 2017 en su carácter de autoridad de aplicación de la ley que estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para evitar el impacto de los perros asilvestrados en la salud pública, la biodiversidad, la producción agropecuaria y las actividades recreativas al aire libre, y creó el programa de manejo de poblaciones de perros.
