l conflicto generado por la intervención del puerto de Ushuaia por parte del organismo nacional que regula el sistema portuario continúa generando repercusiones en el ámbito sindical. El secretario nacional del Sindicato Unión de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) y dirigente de la CTA Autónoma, Adolfo Barja, cuestionó la medida y planteó que el problema excede el ámbito administrativo del puerto, ya que involucra una discusión política, económica y laboral vinculada al control de los puertos argentinos.
Según explicó el dirigente, uno de los principales cuestionamientos que realizan desde el sector sindical es el carácter de la intervención dispuesta por el organismo nacional. En ese sentido, sostuvo que desde su perspectiva la medida no tiene fundamento porque el puerto se encuentra bajo jurisdicción provincial. “Para mí hay dos temas acá que por ahí la población no tiene claros. Primero que esta intervención es incorrecta. No hay nada como para intervenir porque es un tema de la provincia, está pasado a la provincia y tiene el derecho de sacar y poner dentro del puerto la gobernación”, afirmó.
Barja indicó que el puerto de Ushuaia forma parte del sistema portuario provincial y que por ese motivo la intervención dispuesta desde la Nación genera preocupación entre los trabajadores del sector. Según expresó, la medida representa una señal de avance del gobierno nacional sobre estructuras que hasta ahora eran administradas por las provincias. En ese sentido advirtió que el caso de Ushuaia podría convertirse en un antecedente para situaciones similares en otras jurisdicciones del país. “Este es el inicio de una pelea. Si les sale bien esto, después vienen por otros puertos como Bahía Blanca, La Plata o el puerto de Buenos Aires”, señaló.
El dirigente planteó además que el conflicto no puede analizarse únicamente como un problema institucional, ya que detrás de la intervención existen intereses económicos vinculados a la actividad portuaria. Según explicó, la operatoria de los puertos genera recursos significativos y por ese motivo se convierte en un espacio de disputa entre distintos actores. “El otro tema que por ahí no se sabe es un tema de caja. A los que toman el puerto lo que les interesa es la caja, la plata. Y los que conocen el tema portuario saben que es un negocio importante”, sostuvo.
En ese marco, Barja explicó que el control de los puertos tiene una importancia estratégica dentro de la economía nacional. Según indicó, estas infraestructuras constituyen puntos clave para el comercio y para la salida de los recursos del país. “Los puertos son la entrada y salida de nuestra riqueza y por eso siempre hubo intereses muy fuertes alrededor de su manejo”, afirmó.
El dirigente también vinculó el conflicto con discusiones geopolíticas vinculadas con la región austral. Según señaló, desde su mirada existen intereses internacionales interesados en consolidar presencia en el sur del país, lo que agrega un componente adicional al debate sobre el control del puerto. “Atrás de esta intervención también hay otros intereses internacionales que hace tiempo quieren estar acá en el sur y eso también genera preocupación”, expresó.
Más allá de las discusiones políticas y económicas, Barja remarcó que el principal problema que enfrenta actualmente el sector está vinculado con la situación de los trabajadores portuarios. Según explicó, desde que se produjo la intervención una parte del personal quedó impedida de ingresar al puerto para realizar sus tareas habituales. “Para nosotros lo principal en todo esto son los trabajadores. Tenés ciento y pico de trabajadores que no pueden entrar, y lo que queremos es que vuelvan a trabajar en el puerto”, señaló.
El dirigente explicó que este planteo fue transmitido a las autoridades provinciales durante las reuniones mantenidas en Ushuaia con el gobernador y otros funcionarios. En ese sentido indicó que desde el sindicato se pidió garantizar que los trabajadores continúen desempeñándose dentro del ámbito portuario y que no sean trasladados a otras áreas del Estado. “Nosotros no queremos que trasladen a los trabajadores a ninguna otra repartición. Son portuarios y tienen que estar en el puerto”, sostuvo.
Barja también cuestionó el hecho de que algunos trabajadores hayan sido desplazados de sus funciones mientras otros sí pueden ingresar a cumplir tareas dentro del puerto. Según explicó, esta situación genera desigualdades entre los empleados y podría implicar una vulneración de derechos laborales. “Hay trabajadores que no pueden entrar a trabajar y otros que sí, y eso también tiene que ver con la tutela sindical y con derechos que están protegidos por ley”, afirmó.
En paralelo, el dirigente indicó que distintas organizaciones sindicales comenzaron a involucrarse en el conflicto con el objetivo de sostener el reclamo y evitar que el tema pierda visibilidad pública. Según explicó, referentes gremiales de distintas centrales sindicales participaron de reuniones con autoridades provinciales y municipales para expresar su respaldo a los trabajadores portuarios. “No es menor que vengan dirigentes nacionales, que se sumen sindicatos y que haya firmas de distintos referentes para decir que los trabajadores tienen que volver a trabajar y que el puerto tiene que seguir siendo de la provincia”, señaló.
Barja indicó que este proceso generó además un acercamiento entre organizaciones sindicales que históricamente mantuvieron diferencias dentro del movimiento gremial. Según expresó, el conflicto portuario funcionó como un punto de convergencia entre distintos sectores. “Esto nos une porque la pelea es el puerto y la soberanía. Está más allá de cualquier interna y por eso se están armando frentes sindicales para defender a los trabajadores”, afirmó.
El dirigente también explicó que el sindicato analiza la posibilidad de impulsar acciones judiciales relacionadas con la situación laboral de los trabajadores portuarios y con la tutela sindical. Según indicó, algunas organizaciones ya iniciaron presentaciones legales mientras que otras evalúan hacerlo en los próximos días. “Estamos evaluando presentaciones judiciales porque hay trabajadores que no pueden entrar a trabajar y hay cuestiones vinculadas a la tutela sindical que también se están analizando”, sostuvo.
Barja cuestionó además la actitud del organismo nacional responsable de la intervención y señaló que, según su visión, el gobierno nacional evita abrir instancias de diálogo con las organizaciones sindicales del sector. En ese sentido indicó que los gremios intentaron establecer reuniones para discutir el conflicto sin obtener respuestas. “Hoy pedís reuniones y no te dan bola. Este gobierno no quiere discutir con los trabajadores, lo que quiere es someter a los trabajadores”, afirmó.
Finalmente, el dirigente sostuvo que el conflicto en torno al puerto de Ushuaia abre una discusión más amplia sobre el modelo de gestión portuaria en el país y sobre el rol de los trabajadores en ese sistema. Según expresó, desde el movimiento sindical consideran que la defensa del sistema portuario requiere la participación activa de los trabajadores y de las provincias. “Los trabajadores nunca consiguieron nada sin lucha. Por eso creemos que hay que defender el puerto, los puestos de trabajo y la soberanía”, concluyó.
