a muerte del turista estadounidense Sean Christopher Bartel en un sendero cercano a Laguna Esmeralda no puede ser tratada como un simple accidente. Es, en realidad, la consecuencia de una combinación peligrosa: la irresponsabilidad de muchos senderistas y la desidia persistente del organismo que debería ordenar y controlar la actividad.
En Ushuaia se instaló una idea tan seductora como engañosa: la de que cualquiera puede salir a caminar por la montaña fueguina como si se tratara de un paseo urbano. Y cada temporada esa falsa percepción se repite con miles de visitantes —y también residentes— que se internan en senderos exigentes sin la mínima preparación.
La escena se repite con una frecuencia alarmante: personas que desconocen completamente el circuito que van a recorrer, que no consultan el estado del clima, que no llevan equipamiento básico, que caminan con zapatillas livianas, ropa inadecuada o sin elementos de seguridad. Senderistas improvisados que se lanzan a la montaña con una mezcla de ingenuidad y temeridad.
La montaña fueguina no perdona la improvisación. El terreno es complejo, las pendientes pueden ser peligrosas y las condiciones climáticas cambian de manera abrupta. Sin embargo, demasiados caminantes subestiman estos factores y asumen riesgos para los cuales claramente no están preparados.
Pero el problema no termina allí. Porque si bien la imprudencia individual es evidente, también existe una responsabilidad institucional imposible de ignorar.
El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), organismo encargado de promocionar y desarrollar estos circuitos como parte central del atractivo turístico de la provincia, lleva años mostrando una preocupante falta de vocación para ordenar la actividad. Los senderos se promocionan en campañas, ferias y materiales turísticos, pero no existe una política seria de control, regulación ni prevención.
La realidad es tan simple como preocupante: cualquiera puede ingresar a senderos que implican riesgos reales sin registro, sin controles, sin información obligatoria y sin ningún tipo de verificación mínima sobre su preparación para hacerlo.
El contraste con lo que ocurre dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego es evidente. Allí sí existen sistemas de información para visitantes, controles de ingreso, señalización adecuada, monitoreo de los circuitos y una revisión permanente del estado de los senderos. Es decir, hay una gestión activa del territorio y de la seguridad de quienes lo recorren.
Fuera del parque, en cambio, predomina el abandono institucional. Senderos como Laguna Esmeralda —uno de los circuitos más transitados de la provincia— reciben diariamente a cientos de caminantes sin que exista un sistema serio de control o monitoreo.
A esto se suma otro dato aún más revelador: existe una ley provincial que establece la obligación de implementar un sistema de seguros para quienes utilizan los senderos, una iniciativa impulsada por el legislador Federico Sciurano. Esa herramienta permitiría ordenar la actividad, establecer responsabilidades y brindar cobertura ante accidentes.
Pero, como ocurre con demasiada frecuencia en la provincia, la norma nunca fue reglamentada ni implementada. Quedó archivada mientras la actividad seguía creciendo sin reglas.
El resultado es un escenario peligroso: senderos cada vez más concurridos, caminantes cada vez menos preparados y un Estado que mira para otro lado.
La tragedia de Bartel vuelve a exponer esta realidad. Y plantea una pregunta incómoda que ya no puede seguir evitándose: ¿está el INFUETUR realmente preparado para gestionar esta actividad?
Todo indica que no. Su perfil parece estar mucho más enfocado en la promoción turística y en la participación en ferias nacionales e internacionales que en el desarrollo responsable del senderismo en el territorio.
Tal vez haya llegado el momento de discutir seriamente si la gestión de los senderos no debería estar en manos de un organismo con verdadera vocación de control, planificación y gestión territorial.
Porque seguir promocionando la aventura sin hacerse cargo de los riesgos no es política turística. Es negligencia. Y cuando la imprudencia de algunos se combina con la desidia del Estado, las tragedias dejan de ser excepciones y pasan a convertirse en consecuencias previsibles.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
