l Gobierno firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) que permitirá a la institución afrontar el costo de los servicios básicos mediante la realización de acciones de cooperación, consultoría y asesoramiento al Estado provincial.
El convenio surge a partir de una serie de instancias de diálogo entre ambas partes, en las que la universidad planteó su preocupación por el impacto económico del pago de servicios como agua, cloacas y electricidad. Frente a este escenario, se avanzó en la construcción de un esquema de contraprestación que permita sostener el funcionamiento institucional.
La ministra de Energía, Gabriela Castillo, explicó que el acuerdo se enmarca en una agenda de trabajo conjunto que ya venían desarrollando el Gobierno y la UNTDF. Según detalló, la iniciativa apunta a acompañar a la institución ante las dificultades actuales, al tiempo que se potencia la articulación con el Estado.
En este sentido, precisó que la exención del pago de los servicios estará sujeta a la implementación de acciones concretas de cooperación, entre las que se incluyen instancias de formación, capacitación, consultoría y asesoramiento técnico.
Castillo subrayó que el conocimiento generado por la universidad tiene un valor estratégico y económico que puede ser puesto al servicio de las políticas públicas. De esta manera, consideró que este tipo de acuerdos permite compensar erogaciones que la institución no está en condiciones de afrontar, sin afectar su funcionamiento.
Además, destacó que la firma del convenio representa el resultado de un trabajo conjunto sostenido y valoró la posibilidad de acompañar desde el Ejecutivo la realidad que atraviesa la universidad, al tiempo que se fortalecen las capacidades del Estado a partir del aporte académico.
Del acto de firma participaron también el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Cristian Pereyra; el rector de la UNTDF, Mariano Hermida; y el vicerrector, Juan Ignacio García.
La medida se inscribe en un contexto de controversia política por el financiamiento de los servicios para instituciones públicas. A mediados de diciembre de 2025, la Legislatura provincial había sancionado una ley impulsada por la legisladora Victoria Vuoto que establecía la exención por dos años del pago total de los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica para la UNTDF y el CADIC en Ushuaia y Tolhuin.
Sin embargo, esa iniciativa fue posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Entre los argumentos, se señaló que los organismos prestadores, como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y la Dirección de Energía, advirtieron que la norma imponía obligaciones sin una fuente de financiamiento definida, lo que podía afectar su patrimonio y comprometer la sustentabilidad de los servicios públicos esenciales.
Asimismo, se consideró que la exención total y no compensada resultaba incompatible con los principios de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal, al tiempo que podía trasladar costos al resto de los usuarios del sistema.
