a zona conocida como Milla 201 está ubicada a menos de 400 kilómetros de la costa patagónica, concentra una de las mayores flotas pesqueras del mundo, integrada principalmente por buques de China, Corea del Sur, Taiwán y España, atraídos por especies de alto valor comercial como el calamar. Esta presión constante genera un fenómeno recurrente: flotas que operan en aguas internacionales pero al límite de la jurisdicción argentina, con riesgos permanentes de incursiones ilegales.
Según estimaciones del sector, la pesca ilegal y no regulada en esa zona representa pérdidas de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a una porción significativa de las exportaciones pesqueras del país. A esto se suma el efecto sobre los recursos marinos, especialmente especies migratorias que se desplazan entre aguas nacionales e internacionales.
Frente a este escenario, el Estado reforzó su estrategia de vigilancia. La Prefectura Naval presentó recientemente un esquema de control basado en monitoreo satelital y seguimiento en tiempo real de las embarcaciones, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos y evitar incursiones ilegales. El sistema conocido como “Guardacostas”, integra datos de navegación e imágenes satelitales para anticipar posibles infracciones y mejorar la capacidad de respuesta.
El modelo no se limita a la presencia física en el mar. La estrategia combina patrullaje, inteligencia y herramientas digitales que permiten verificar y sancionar irregularidades incluso sin interceptar directamente a los buques. En paralelo, se incorporaron mecanismos de evidencia electrónica para agilizar los procesos administrativos y judiciales frente a infracciones.
Sin embargo, el control no resuelve por sí solo el problema estructural. La milla 201 es un área sin regulación internacional efectiva, lo que convierte a la zona en un espacio de alta disputa donde la explotación intensiva de recursos convive con vacíos legales. Por eso, distintos sectores advierten sobre la necesidad de avanzar en acuerdos y regulaciones que permitan ordenar la actividad más allá de las aguas jurisdiccionales.
En ese marco, la ciencia también busca intervenir. El INIDEP impulsa campañas en la zona para relevar especies transzonales —aquellas que se desplazan entre la ZEE y aguas internacionales— con el objetivo de generar información clave para la toma de decisiones y la conservación de los recursos. Estos estudios buscan dimensionar el impacto real de la pesca intensiva en un ecosistema altamente productivo pero cada vez más presionado.
La combinación de factores como la alta rentabilidad, concentración de flotas extranjeras, debilidad regulatoria, los límites difusos entre lo legal y lo ilegal, convierte a la milla 201 en uno de los puntos más sensibles del Atlántico Sur. Allí, la línea que separa la actividad permitida de la infracción puede ser de apenas unos kilómetros, pero sus consecuencias impactan directamente sobre la economía, la soberanía y el equilibrio ambiental del país.
El desafío no es solo controlar, sino sostener presencia, generar información y avanzar en mecanismos de cooperación internacional que permitan enfrentar una problemática que crece año a año y que ya se consolidó como uno de los principales conflictos en torno a los recursos marítimos argentinos.
