l aumento sostenido del turismo en Tierra del Fuego y la masificación del senderismo en circuitos cercanos a Ushuaia derivaron en un escenario de uso intensivo del territorio sin planificación estatal acorde, con consecuencias visibles en la seguridad, el ambiente, la infraestructura y la gestión de los recursos públicos.
El legislador Matías Lapadula explicó que la iniciativa surge de una problemática que se volvió cotidiana. “Cada vez que uno recorre la ruta o habla con quienes hacen esta actividad aparece el caos y el peligro que representa la cantidad de gente que circula en estos senderos”, afirmó, al describir una situación que ya no es excepcional sino estructural.
El diagnóstico se concentra especialmente en sectores como Laguna Esmeralda y Laguna Turquesa, donde el flujo de visitantes creció de manera sostenida. “Se ve claramente la cantidad de gente que circula todos los días, pero además lo que te cuentan quienes van seguido: hay basura, hay desorden y no hay servicios”, sostuvo, al señalar que la presión sobre estos espacios se mantiene de forma constante.
En ese sentido, Lapadula remarcó que la problemática no puede analizarse únicamente desde el comportamiento individual de los usuarios. “Son recorridos de varias horas y no hay sanitarios ni infraestructura mínima, entonces por más cuidadoso que sea alguien, va a terminar dejando desechos”, explicó, al vincular directamente la falta de inversión con el impacto ambiental observable.
El proyecto propone establecer una diferenciación entre el uso recreativo y el uso turístico del recurso. “La actividad recreativa tiene que seguir siendo libre para quienes vivimos acá, pero la actividad turística necesita regulación”, planteó, al considerar que el volumen de visitantes y el carácter económico de la actividad requieren un marco específico.
Uno de los ejes centrales es la delimitación de senderos habilitados. “Hoy hay gente que se mete en cualquier lado, sin ningún tipo de control”, advirtió, y agregó que esa situación genera consecuencias tanto en la seguridad como en el ambiente. “Tiene que haber lugares donde se pueda ir y lugares donde no, y eso tiene que estar claramente definido”, afirmó. En esa línea, introdujo “si alguien decide salir de los senderos habilitados, tiene que hacerlo bajo su responsabilidad”, explicó, al plantear un esquema similar al de otras actividades donde el riesgo es asumido por el propio usuario.
La falta de regulación también impacta en la respuesta ante emergencias. “Cuando alguien se mete en lugares no habilitados después hay que ir a buscarlo”, señaló, y agregó que esas situaciones implican la movilización de recursos públicos y exponen a riesgos a los equipos de rescate. “Eso tiene un costo y también pone en riesgo a quienes participan de esos operativos”, sostuvo.
El problema se extiende además al plano vial, particularmente en los accesos a los senderos. “Hoy la gente estaciona en cualquier lado y eso genera un riesgo concreto en la Ruta 3”, afirmó, al describir una situación frecuente en temporadas de alta circulación. En ese sentido, remarcó que la falta de infraestructura agrava el problema. “No hay estacionamientos ni accesos ordenados para la cantidad de gente que hoy circula”, indicó.
A partir de este diagnóstico, el proyecto incorpora un componente económico orientado a sostener la actividad. “Tiene lógica que estas obras se financien con la misma actividad turística”, señaló, y propuso la implementación de una tasa específica. “Estamos hablando de una tasa accesible, por ejemplo de 10 dólares para el turista extranjero, destinada exclusivamente a mejorar los senderos, garantizar seguridad y cuidar el entorno”, explicó.
Lapadula contrastó esta propuesta con el esquema actual. “Hoy hay agencias que comercializan estos senderos y cobran más de 100 dólares por persona”, afirmó, y remarcó que ese circuito económico no tiene correlato en el mantenimiento del recurso. “El Estado no recibe nada para sostener esos lugares”, sostuvo.
En ese marco, planteó una discusión sobre el rol del turismo en la economía provincial. “El turismo es una actividad económica y tiene que generar recursos también para el Estado”, expresó, al considerar que el modelo actual presenta un desfasaje entre explotación y sostenimiento.
El impacto ambiental aparece como una de las consecuencias más visibles de esta dinámica. “Cuando tenés 500 o 600 personas por día pasando por un mismo sendero, el daño es inevitable si no hay control”, afirmó, y advirtió que la presión sobre estos entornos puede volverse irreversible si no se establecen límites.
Lapadula también cuestionó la falta de acción estatal pese a la existencia de herramientas normativas. “Esto se podría haber hecho con resoluciones o decretos, pero cuando vemos que no se hace y se posterga, es necesario avanzar con una ley”, indicó, al señalar que la falta de implementación agrava el problema.
En esa línea, apuntó a una falencia estructural del sistema político. “Tenemos muchas leyes que se sancionan y no se reglamentan, y quedan en nada”, afirmó, al plantear la necesidad de mecanismos que obliguen a su cumplimiento.
El proyecto busca revertir esa lógica mediante un marco normativo de mayor jerarquía. “La idea es tener una ley que obligue a actuar, que marque un camino y que obligue a las autoridades a dictar normas complementarias”, explicó.
Además, el legislador vinculó la problemática con la organización del Estado. “Hay áreas que se superponen y no hay una articulación clara”, señaló, al considerar que la falta de coordinación entre organismos también incide en la ausencia de control sobre los senderos.
En ese contexto, planteó que la iniciativa debe ser entendida como un punto de partida. “Yo no pretendo que el proyecto salga tal cual, sino que sirva para discutir, mejorar y construir la mejor herramienta posible”, sostuvo, al abrir la puerta a modificaciones durante el tratamiento legislativo.
En paralelo, incorporó otro elemento de análisis vinculado al crecimiento desordenado de la actividad turística en relación con la capacidad del Estado. “Esto viene creciendo hace tiempo y el Estado no acompañó con infraestructura ni con regulación”, sostuvo implícitamente en su planteo general, al remarcar que el problema no es reciente sino acumulativo.
Subrayó que la discusión no debe limitarse a una medida puntual sino a una política integral. “Esto tiene que ser el inicio de una discusión más amplia para ordenar la actividad”, afirmó, al remarcar que el senderismo ya dejó de ser una práctica marginal para convertirse en un componente central de la oferta turística.
Advirtió que la situación actual tiende a agravarse en el corto plazo si no se adoptan medidas. “Es una actividad que crece cada vez más y si no la ordenamos, el impacto ambiental, los riesgos y el descontrol van a ser mayores”, concluyó, al plantear la necesidad de intervenir sobre un sistema que hoy funciona sin regulación efectiva pese a su creciente relevancia turística y económica.
