on el objetivo de garantizar el financiamiento necesario para sostener el óptimo funcionamiento de la salud y la educación, y “reducir desigualdades sociales y territoriales”, el Ejecutivo propuso a la Legislatura debatir y aprobar un esquema de Financiamiento Integral de los sistemas educativo y de salud pública.
La iniciativa fija como meta que, en un plazo de hasta cinco años, la inversión consolidada en ambas áreas alcance el 13% del Producto Bruto Geográfico provincial, con una distribución del 60% para educación y 40% para salud. Este sendero será progresivo y estará condicionado al crecimiento económico y la disponibilidad de recursos.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la definición de un esquema de financiamiento diversificado. Además de las Rentas Generales, se prevén fuentes específicas que permitirán ampliar la base de recursos destinados a ambos sistemas.
En ese marco, el texto establece que podrán destinarse hasta el 12,5% de los ingresos adicionales generados por alícuotas o afectaciones específicas sobre actividades productivas o económicas estratégicas de la provincia. También se contempla la asignación de hasta el 50% de los recursos provenientes de modificaciones en el Impuesto Inmobiliario, incluyendo los incrementos derivados de revalúos fiscales.
Asimismo, el proyecto prevé que hasta el 12,5% de las utilidades distribuibles de las empresas del Estado provincial —una vez cumplidas las reservas legales y otras afectaciones— puedan ser destinadas a este régimen. A esto se suman los recursos que se generen a partir de la explotación del hidrógeno verde, una actividad en desarrollo que el Ejecutivo proyecta como estratégica a futuro.
El esquema se completa con la posibilidad de incorporar otros recursos de afectación específica que se establezcan por ley, lo que abre la puerta a nuevas herramientas de financiamiento en función de la evolución económica.
Además, la iniciativa fija criterios obligatorios de asignación. Entre ellos, establece que al menos el 20% del presupuesto de cada sector deberá destinarse a infraestructura, incluyendo construcción, ampliación y mantenimiento de establecimientos. También dispone que los salarios testigo de docentes y trabajadores de la salud deberán tender progresivamente a equipararse con la Canasta Básica Total.
El proyecto incorpora, a su vez, mecanismos de evaluación del gasto mediante indicadores de desempeño, con el fin de garantizar eficiencia, transparencia y mejora continua.
Esta propuesta se complementa con otra, también presentada ayer, que impulsa la implementación del “Régimen Permanente de Gestión Ágil destinado a la infraestructura crítica de salud y educación” a fin de garantizar el funcionamiento continuo de hospitales y escuelas.
La iniciativa, basada en la experiencia de la emergencia educativa de 2022, propone establecer mecanismos excepcionales para actuar con rapidez ante fallas que puedan interrumpir servicios esenciales. Entre ellas se incluyen problemas de calefacción, colapsos sanitarios, fallas eléctricas, inconvenientes en gases medicinales o daños por condiciones climáticas.
El proyecto crea un registro de proveedores de respuesta inmediata y habilita procedimientos de contratación abreviados, con plazos de hasta 24 horas para presentar ofertas y adjudicar trabajos. También contempla anticipos financieros de hasta el 50% para facilitar la logística en un contexto de insularidad.
Asimismo, establece un sistema de control posterior por parte del Tribunal de Cuentas para no demorar intervenciones urgentes, y crea un fondo de mantenimiento preventivo destinado a evitar situaciones críticas, especialmente durante el invierno.
