a tentación de expropiar empresas privadas en crisis para transferir su administración y explotación a los trabajadores reaparece cíclicamente en la discusión pública, casi siempre envuelta en un discurso de urgencia social y preservación del empleo. Sin embargo, detrás de esa narrativa bienintencionada se esconden costos significativos, distorsiones económicas profundas y antecedentes que aconsejan prudencia, cuando no un rechazo frontal a este tipo de medidas.
El contexto en el que esta discusión vuelve a emerger no es neutro. La crisis que atraviesa la economía argentina en general, y la fueguina en particular, responde en gran medida a un esquema de política económica de orientación libertaria que ha priorizado el ajuste fiscal, la retracción del Estado y la liberalización de variables clave sin generar condiciones de estabilidad productiva. La caída del consumo, el encarecimiento del crédito y la indiscriminada apertura de las importaciones que golpea directamente a la industria nacional, han deteriorado la capacidad de sostener la actividad, especialmente en economías periféricas y dependientes como la de Tierra del Fuego.
En ese marco, el primer problema de la expropiación es fiscal. Las provincias argentinas, y Tierra del Fuego no es la excepción, operan con márgenes estrechos, alta dependencia de transferencias nacionales y estructuras de gasto rígidas. Expropiar implica indemnizar, asumir pasivos, financiar capital de trabajo, sostener plantillas y, en muchos casos, absorber deudas acumuladas antes de cualquier eventual transferencia a los trabajadores. No se trata de una inversión productiva planificada, sino de la socialización de pérdidas privadas en un contexto donde la propia política económica nacional ha reducido los recursos disponibles.
A esto se suma un problema de naturaleza institucional: el Estado no está diseñado para intervenir, ordenar y luego transferir unidades productivas en competencia sin generar costos adicionales. La transición entre la expropiación y la eventual gestión por parte de los trabajadores suele estar atravesada por incertidumbre jurídica, conflictos de gobernanza y dificultades operativas. Donde una empresa privada debe optimizar costos, innovar y adaptarse rápidamente, estos esquemas híbridos suelen enfrentar rigideces, interferencias políticas y menor capacidad de reacción, más aún en un entorno macroeconómico inestable.
El impacto sobre el sector privado tampoco es menor. La expropiación introduce un precedente que altera las reglas de juego. Las empresas que continúan operando en el mismo sector no sólo deben competir en un contexto adverso -ya deteriorado por decisiones de política económica nacional- sino además convivir con la incertidumbre sobre la seguridad jurídica de sus propios activos. Esto genera una desigualdad de condiciones, desalienta la inversión y debilita los incentivos a sostener proyectos productivos en el largo plazo.
Más preocupante aún es el mensaje que se instala. La expropiación como respuesta a la crisis configura un incentivo perverso: sugiere que el fracaso empresarial puede derivar en la transferencia de la unidad productiva bajo tutela estatal hacia esquemas de gestión alternativos, aun cuando ese fracaso esté vinculado en parte a un contexto macroeconómico adverso generado por decisiones de política pública. Se diluye así la responsabilidad sobre la gestión, se debilita la disciplina de mercado y se consolida un paradigma en el que el riesgo se traslada al conjunto de la sociedad.
En este punto aparece otro elemento crítico: la facilidad con la que se legisla en clave demagógica. Frente a situaciones de crisis visibles y socialmente sensibles, como ya se planteó muchas de ellas agravadas por el rumbo económico nacional, resulta políticamente rentable ofrecer respuestas inmediatas que prometen sostener empleos y “recuperar” empresas para los trabajadores. Se construye así un discurso que le dice al sector afectado exactamente lo que quiere oír, sin ponderar con seriedad las consecuencias de fondo. La expropiación se presenta como solución, cuando en realidad traslada el problema a toda la sociedad y posterga su resolución estructural.
Esa selectividad en las respuestas abre, además, un interrogante incómodo: ¿por qué no se adoptó un criterio similar frente al reciente cierre de las empresas textiles en Río Grande? Allí también hubo pérdida de empleo, deterioro del entramado productivo y un impacto social significativo. Sin embargo, no se avanzó en iniciativas de expropiación ni en esquemas de “recuperación” bajo tutela estatal. La diferencia de trato no sólo expone la discrecionalidad con la que se impulsan estas medidas, sino que refuerza la percepción de que no responden a una política coherente de desarrollo, sino a decisiones coyunturales atravesadas por conveniencias políticas.
Tierra del Fuego ya conoce las consecuencias de este tipo de decisiones. Durante la década del 90, la Legislatura impulsó iniciativas en un sentido similar, en un contexto también atravesado por políticas económicas de fuerte sesgo liberalizador. Los resultados distaron de ser virtuosos: estructuras deficitarias, dependencia crónica del financiamiento público y escasa capacidad de inserción competitiva. El costo fiscal fue elevado y el impacto en desarrollo genuino, marginal. Es un antecedente que debería ser suficiente para evitar repetir errores.
Esto no implica desconocer la gravedad de las crisis empresariales ni sus efectos sociales, ni tampoco ignorar que muchas de ellas se profundizan por el actual esquema económico. Pero las respuestas deben ser inteligentes, focalizadas y sostenibles. Instrumentos como programas de reconversión, asistencia transitoria condicionada o incentivos a nuevos inversores ofrecen alternativas que no comprometen al Estado en roles impropios ni distorsionan el funcionamiento del mercado.
Expropiar puede parecer una salida rápida frente a una urgencia concreta, pero suele ser, en realidad, la consecuencia de dos errores combinados: un diagnóstico incompleto sobre las causas de la crisis y una respuesta política orientada más a la inmediatez que a la eficacia. La experiencia histórica, las restricciones fiscales y la necesidad de preservar reglas de juego claras conducen a una conclusión inequívoca: el Estado no debe convertirse en intermediario forzado de empresas privadas en crisis, aun cuando esas crisis tengan origen en políticas económicas que también merecen ser revisadas.
