a primera sesión ordinaria del Parlamento provincial sirvió para dejar claramente en evidencia la consolidación del nuevo tablero político interno que había comenzado a vislumbrarse sobre el cierre del año legislativo 2025, pero también para demostrar que en algunos temas muy específicos esos posicionamientos políticos no son tan rígidos.
Por un lado, un debilitado oficialismo representado por los 3 integrantes del bloque de Forja y la legisladora de Sumemos Tolhuin (ST). Por el otro, un frente opositor, que aparece, cada vez más abroquelado, integrado por los 3 legisladores del Justicialismo (PJ), 2 del Movimiento Popular Fueguino (MFP), 2 de Somos Fueguinos (SF), 1 de Provincia Grande (PG) y 1 del Partido Verde (PV). En el medio, con un posicionamiento no demasiado claro y ni siquiera unificado quedan los representantes de La Libertad Avanza (LLA).
La intervención que une, pero no a todos
Más allá de las diversas opiniones planteadas respecto a la gestión llevada adelante por las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos, por abrumadora mayoría de sus miembros la Legislatura manifestó su más enérgico rechazo a la intervención operativa, técnica y administrativa del puerto de Ushuaia dispuesta el pasado 20 de enero por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Medida que fue calificada de injustificada, ilegal, violatoria del federalismo y la autonomía de la provincia, y abiertamente inconstitucional.
La única voz que se manifestó en contra fue la de la legisladora (LLA) Gracianía, que respaldó políticamente la medida en función de las irregularidades detectadas por la auditoría realizada por el organismo nacional, pero no pudiendo responder, por ejemplo, porque ni ella ni ninguna autoridad nacional han denunciado judicialmente el supuesto desvío y malversación de fondos públicos detectado.
Pero como una clara demostración de que los alineamientos son absolutamente volátiles, los dos legisladores de la LLA sumaron sus votos a los del PJ, MPF, SF, PV y PG para disponer, sin más trámite y sobre tablas, el pase a archivo del proyecto que proponía crear la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A” que tendrá a su cargo “la explotación y gestión de la actividad portuaria de la Provincia”, que había presentado el miércoles pasado el Poder Ejecutivo.
Terra Ignis; marido por marido
A instancias de la propuesta que el mopofista Damián Löffler presentó sobre tablas ya sobre el cierre de la sesión, la Legislatura modificó la integración del directorio de la empresa Terra Ignis. La resolución que contó con el aval de 10 votos dispuso dejar sin efecto las designaciones de Claudio Carrera (marido de la legisladora oficialista Myriam Martínez; del empresario Fernando Gliubich (que había presentado su renuncia en abril de 2024) como directores titulares, de Lautaro Saiman y Nancy Graña, como directores suplentes, y de Ana Carro, como síndica titular, que habían sido aprobadas a fines de noviembre de 2022, y nombrar en su reemplazo a Mauro Pérez Toscani (marido de la legisladora Laura Colazo) y Víctor Salgués como directores titulares; Mariano López y Juan Benegas como directores suplentes y a José Bustos López como síndico.
Por ley de creación de Terra Ignis corresponde a la Legislatura designar 2 directores titulares y sus suplentes y 1 síndico, cuyo mandato dura por hasta 3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos. En sesión no se explicó el porqué de estos cambios.
Un dato político que no pasó desapercibido fue que la votación de la resolución dividió el voto libertario, ya que mientras la legisladora Gracianía acompañó a la mayoría, su par de bancada Luciano Selzer se sumó al rechazo de Forja y ST.
Si bien no por su rol como presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio no estuvo ausente del debate parlamentario. Su reciente designación como director de YPF, de carácter temporario, en representación de Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa, Jujuy, Salta y La Pampa dio lugar a que el legislador Lechman (SF) presentara, sobre tablas, un proyecto declarando la nulidad de esa designación por incumplimiento de la ley 1012, que en 2014 estableció que la designación del representante por la Provincia en el Directorio de YPF deberá contar, indefectiblemente, con el aval de la Legislatura, no pudiendo asumir sus funciones hasta tanto no cuente con esa conformidad expresa o tácita, y que el Poder Ejecutivo deberá notificar de la designación a la Legislatura en un plazo no mayor a los 2 días hábiles de producida. En atención a este último aspecto de la ley provincial, tras un cuarto intermedio solicitado por el legislador Von der Thusen (SF) el texto original de la resolución fue reemplazado por otro que intimó al Gobierno a que en un plazo perentorio de 48 hora presente un informe circunstanciado de la designación de D’Alessio en el Directorio de YPF.
Vinculado con este tema, y teniendo en cuenta que las designaciones de los directores por provincias en YPF duran 3 años y que el año pasado cobraron “unos 1.200 millones de pesos”, Löffler (MPF) presentó un proyecto de ley para que los honorarios del director designado en representación de Tierra del Fuego sean transferidos como aporte extraordinario a la Obras Social del Estado Fueguino.
Este mismo legislador también presentó otro proyecto de ley para establecer la intervención previa y obligatoria de la Legislatura en el otorgamiento de concesiones de uso o explotación de recursos naturales, tales como las zonas que se estarían concesionado en el Canal Beagle a algunas empresas.
¿Sí al terrorismo de Estado?
La sesión del viernes pasado se llevó adelante 72 horas después de que se cumpliera el 50ª aniversario del golpe de estado que en 1976 interrumpió el orden constitucional y derrocó al gobierno que presidía Estela Martínez de Perón. En función de ello se presentó un proyecto que declaró de “interés legislativo la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, ocurrido el 24 de marzo de 1976, recordando a las personas asesinadas y desaparecidas y reafirmando el repudio al terrorismo de Estado”.
Sin que mediara explicación de motivo alguno, los dos legisladores de La Libertad Avanza lo votaron en contra.
Salas de Juicio Político
En cumplimiento del artículo 116 de la Constitución, durante la sesión que finalizó cuando ya se transitaba la madrugada del sábado 28 se procedió a realizar el sorteo que definió como quedaron integradas las dos salas de Juicio Político.
La Sala Acusadora, que cuenta con 7 miembros, esta conformadas por Federico Greve (Forja), Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino (PJ); Raúl Von Der Thusen (SF); Damián Löffler (MPF); Natalia Gracianía (LLA) y Laura Colazo (PV).
En tanto, la Sala Juzgadora quedó conformada por Federico Sciurano y Myriam Martínez (Forja); Tomás García (PJ); Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas (MPF); Luciano Selzer (LLA); Matías Lapadula (PG) y Gisela Dos Santos (ST). A esta Sala se suma en carácter de presidente el titular del Superior Tribunal de Justicia.
