n un escenario económico complejo, el Ministerio de Economía de la Provincia dispuso una readecuación del esquema de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de sostener el sistema sin desatender a los sectores más vulnerables. La medida busca equilibrar las cuentas públicas en un contexto marcado por la falta de actualización del aporte nacional.
En este sentido, la iniciativa apunta a ordenar la distribución del beneficio, manteniendo el acompañamiento a los usuarios de menores ingresos. Al mismo tiempo, introduce ajustes para los sectores de mayor poder adquisitivo, como barrios privados y viviendas de uso ocasional, que pasarán a afrontar una mayor proporción del costo.
Asimismo, desde la cartera económica que conduce Alejandro Barrozo se explicó que la decisión responde a la delicada situación financiera provincial, agravada por el congelamiento del subsidio nacional. Según indicaron, esta situación incrementó significativamente la carga sobre el presupuesto local.
De acuerdo con los datos oficiales, en febrero el kilo de gas tenía un costo de 2.317 pesos, de los cuales el Gobierno nacional aportó 199 pesos, el usuario abonó 80 pesos y la Provincia cubrió más del 80% del total. En tanto, en marzo, con un precio de 2.362 pesos por kilo, el esfuerzo provincial se incrementó y superó el 88%.
Por otra parte, para abril se prevé un nuevo aumento en el valor del gas. En ese marco, Nación mantendrá su aporte congelado en 199 pesos, mientras que el usuario pasará a pagar 120 pesos, equivalente a alrededor del 5% del costo. No obstante, la Provincia continuará absorbiendo más del 86% del subsidio.
En relación a esto, Barrozo subrayó que históricamente el Estado provincial se hace cargo de más del 88% del subsidio, una proporción que se incrementó ante la falta de actualización nacional. Por lo tanto, remarcó la necesidad de implementar ajustes que permitan sostener el sistema en el tiempo.
Actualmente, el programa alcanza a unos 5.800 beneficiarios en toda la provincia, distribuidos en más de 3.500 en Ushuaia, más de 1.800 en Río Grande y 471 en Tolhuin. En consecuencia, la readecuación busca garantizar que estos sectores continúen recibiendo el acompañamiento estatal.
Finalmente, desde el Ministerio de Economía señalaron que la prioridad es asegurar la continuidad del subsidio en un contexto de recursos limitados. En ese marco, la actualización del esquema tarifario se presenta como una herramienta necesaria para mantener el equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad financiera provincial.
