a intervención del puerto de Ushuaia ordenó el debate en la primera sesión del año de la Legislatura provincial, en un escenario atravesado por cuestionamientos jurídicos, tensiones políticas y la necesidad de definir una estrategia común frente a una medida del Gobierno nacional que impacta sobre competencias provinciales.
El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, planteó que la decisión legislativa respondió a una necesidad institucional clara. “Lo más destacado fue el rechazo a la intervención del puerto, porque en términos institucionales era necesario que la Legislatura se expresara”, sostuvo, y remarcó que “por encima de las diferencias políticas, lo importante era manifestarnos en defensa del patrimonio de Tierra del Fuego y del puerto de Ushuaia”.
El posicionamiento incluyó una crítica directa a la medida impulsada desde Nación. “Se trata de una decisión unilateral, viciada de inconstitucionalidad”, afirmó, y advirtió que “el antecedente que representa este avasallamiento es muy grave en términos institucionales”. Para Villegas, el conflicto excede una disputa coyuntural: “no se trata de defender o criticar a un gobierno, se trata de defender a Tierra del Fuego”.
La Legislatura avanzó además en medidas concretas para sostener esa posición. “Es importante que se haya instruido al Fiscal de Estado a intervenir en todas las causas que puedan surgir”, explicó, y subrayó que “no podemos improvisar, es necesario articular y coordinar la actuación institucional de los distintos órganos del Estado”.
Dentro de esa línea, se resolvió convocar a distintos actores para ordenar la estrategia. “Es fundamental escuchar a la Fiscalía del Estado, al Tribunal de Cuentas, a las autoridades del puerto y a los trabajadores”, señaló, y agregó que el objetivo es “actuar de manera coordinada detrás de la defensa del puerto de Ushuaia”.
El legislador también hizo referencia a la necesidad de ampliar el respaldo político. “Queremos darle un volumen de apoyo institucional más grande que el que puede representar solo la Legislatura”, indicó, y consideró que esa construcción debe involucrar a distintos niveles de representación.
En paralelo, el envío a archivo del proyecto vinculado a la creación de la una Sociedad Anónima Estatal portuaria generó críticas por el contexto en el que fue presentado. “Es muy sugestivo que en medio de la intervención se envíe un proyecto de este tipo”, afirmó, y consideró que “no es el mejor momento y no hay que prestarse a generar más confusión”.
Villegas fue más allá al advertir sobre posibles intereses detrás del conflicto. “No soy ingenuo, creo que detrás de la intervención hay un fuerte lobby de intereses económicos que buscan cambiar las reglas de juego”, sostuvo, y agregó que “la intervención fue el instrumento para avanzar en ese sentido”.
Frente a ese escenario, planteó la necesidad de reforzar la defensa política y social. “Tenemos que generar volumen político, pero también legitimidad social en la defensa de lo que es nuestro”, indicó, y advirtió que “si esto se reduce a una discusión política, algunos van a querer sacar ventaja”.
También llamó a ampliar el nivel de involucramiento social. “Los chicos tienen que saber lo que está pasando, los sindicatos, toda la sociedad”, afirmó, al insistir en que el conflicto excede a los actores institucionales y requiere una construcción más amplia.
Finalmente, remarcó la necesidad de actuar con cautela frente a un escenario judicial abierto. “Tenemos que ser prudentes para no hacer algo que termine perjudicando la estrategia”, señaló, y explicó que “hay causas en trámite y no podemos validar argumentos que después se usen en contra de la provincia”.
Con definiciones políticas firmes, advertencias sobre el trasfondo del conflicto y una estrategia en construcción, la Legislatura avanzó en un posicionamiento que busca sostener el control provincial del puerto frente a una disputa que combina dimensiones jurídicas, económicas y políticas.
