ntender a los libertarios en la Argentina actual se ha convertido en un ejercicio peculiar: no exige tanto formación teórica como una alta tolerancia a la contradicción. Porque si algo define al fenómeno no es la radicalidad de sus ideas, sino la velocidad con la que esas ideas se desvanecen cuando entran en contacto con el poder.
Prometían terminar con la “casta” y, en un giro más cercano al truco de magia que a la transformación política, la casta no sólo sobrevivió: se recicló. Cambió de camiseta, adoptó un nuevo discurso y se sentó, cómodamente, en primera fila. Los mismos nombres, las mismas prácticas, ahora bajo un packaging libertario. Como si el relato alcanzara para modificar la realidad. No alcanza.
El libreto, en rigor, no es novedoso. Durante el kirchnerismo, la política argentina ya había ensayado un modelo donde el conflicto era la norma y no la excepción. Periodistas convertidos en enemigos, opositores reducidos a conspiradores permanentes y un Estado moldeado según conveniencias. Todo acompañado por causas de corrupción que parecían no tener final. Un desgaste que no fue sólo político, sino también social.
Ese cansancio abrió la puerta a la propuesta libertaria, con una promesa tan simple como potente: terminar con todo eso. Basta de privilegios, basta de corrupción, basta de agresión. Una suerte de “nunca más” político que resultaba, en lo discursivo, casi imposible de rechazar.
Pero el problema llegó después. Cuando el poder dejó de ser promesa y pasó a ser práctica, el déjà vu se volvió inocultable. Y no hace falta teorizar demasiado: alcanza con mirar lo que efectivamente hacen.
En el Senado de la Nación, el proyecto de declaración de repudio a los 50 años del golpe de Estado reunió 49 votos afirmativos sobre un total de 72 senadores nacionales. En ese contexto, los senadores fueguinos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Belén Monte de Oca, eligieron abstenerse. No es una anécdota ni un matiz: incluso frente a consensos democráticos elementales, la decisión fue no correrse un centímetro de la lógica política del espacio.
La conducta no se limita al plano nacional. En la última sesión de la Legislatura de Tierra del Fuego, ambos legisladores libertarios fueron los únicos dos votos negativos —sobre un total de 15 legisladores— frente al repudio provincial a los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Una vez más, incluso en un pronunciamiento institucional de fuerte consenso democrático, optaron por alinearse en contra, en línea con las instrucciones partidarias nacionales.
En Tierra del Fuego, la contradicción es todavía más evidente. Referentes libertarios sostienen políticamente la intervención federal del Puerto de Ushuaia, denunciando desvíos de fondos públicos e irregularidades, sin haber presentado denuncias en sede penal. Es decir: se instalan acusaciones graves en el plano político sin activar los mecanismos institucionales que corresponden. Y lo hacen, además, en su condición de funcionarios públicos, es decir, como sujetos obligados a denunciar si cuentan con elementos. No es una omisión menor: es una práctica incompatible con la responsabilidad institucional que dicen defender.
A partir de ahí, el resto deja de sorprender. El tono agresivo no desapareció: se perfeccionó. Cambiaron los blancos y el léxico, pero no la lógica. Donde antes había “medios hegemónicos”, ahora hay “periodistas ensobrados”. Donde antes se hablaba de conspiraciones, ahora se denuncian operaciones. La partitura es la misma; solo cambia la letra.
Mientras tanto, se acumulan señales incómodas. Uso discrecional de recursos, vínculos opacos, explicaciones que no cierran. Tal vez no idénticas en escala a lo que se criticaba, pero sí lo suficientemente parecidas como para encender todas las alarmas. Y lo más revelador: ya no se denuncian como parte de la “vieja política”, sino que se justifican, se relativizan o directamente se niegan. La doble vara no desapareció: se perfeccionó.
La contradicción alcanza su forma más evidente en la dinámica interna del espacio. Un movimiento que se presenta como la máxima expresión de la libertad individual funciona, en los hechos, con una disciplina rígida. Se vota en bloque, se repite el mensaje, se castiga cualquier desvío. La libertad, en este esquema, es un valor condicionado.
Pero el problema no se agota ahí. La relación con las instituciones muestra un deterioro sistemático. No hay debate: hay desgaste. Se deslegitima a la vicepresidenta cuando incomoda, se reduce a diputados y senadores opositores a meros obstáculos y se apunta contra el Poder Judicial cuando sus fallos no son funcionales. La República se invoca como consigna, pero se vacía en la práctica.
La lógica de disciplinamiento también se proyecta sobre las provincias. Gobernadores alineados reciben recursos y respaldo; los que no, enfrentan presión, aislamiento y castigo económico. No hay innovación en ese esquema: hay una repetición casi calcada de aquello que se prometía erradicar.
En el plano más amplio, la incoherencia se vuelve método. Se declama achicar el Estado mientras se negocia como en las mejores épocas del toma y daca. Se cuestiona a los sindicatos hasta que conviene acordar. Se sostiene una cosa en Nación y otra en las provincias según la conveniencia del momento. La coherencia no es una guía: es un estorbo.
Si el kirchnerismo hizo del relato una herramienta central, el libertarismo decidió no solo conservarla, sino profundizarla. La diferencia es estética, no de fondo. La ruptura es discursiva; la continuidad, evidente.
Por eso entender a los libertarios no es difícil: es incómodo. Porque quedaron atrapados en sus propias premisas. Prometieron ser lo opuesto y terminaron funcionando como espejo. Denunciaron prácticas que ahora replican. Y construyeron su legitimidad sobre una lógica —terminar con lo que estaba mal— que se vuelve insostenible cuando lo que aparece se parece demasiado a lo que había.
Esa contradicción no queda en la dirigencia: se traslada a la sociedad. Cuando las alternativas políticas convergen en prácticas similares, la elección real se reduce. Y la historia reciente ya mostró el riesgo: si la economía ofrece cierto orden, aunque sea parcial, los estándares institucionales pasan a un segundo plano.
En ese escenario aparece una distorsión aún más grave: la de la representación. Senadores, diputados y legisladores provinciales que repiten sin matices los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional no están ejerciendo representación: están subordinándose. Han dejado de representar los intereses de Tierra del Fuego y de su población para convertirse en voceros de los intereses de La Libertad Avanza.
Y lo más inquietante es que nada de esto es nuevo. No hay revolución: hay repetición. Una sociedad que, frente a cierta estabilidad, acepta la degradación institucional como costo colateral. Ya ocurrió. Está ocurriendo.
A eso se suma una oposición que, hasta ahora, no logra construir una alternativa sólida. Señalar las contradicciones del oficialismo no alcanza si no existe una propuesta creíble que las supere. En ese vacío, la continuidad —con todas sus tensiones— deja de ser una anomalía y pasa a ser una posibilidad concreta.
La paradoja se cierra con crudeza: un proyecto que prometía romper con el pasado termina reproduciéndolo, mientras una sociedad cansada de ese pasado vuelve a encontrarse sin opciones claras.
Y en ese punto, entender a los libertarios deja de ser un ejercicio analítico para convertirse en un problema político de fondo.
Conviene, de todos modos, una advertencia final: todo este análisis puede ser descartado por provenir de quienes lo escriben, un grupo de “apenas periodistas” que, según la vara oficial, no califican como interlocutores válidos. Un recurso útil cuando lo que se busca no es debatir, sino evitar cualquier discusión incómoda.
FIN.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
