ierra del Fuego quedó incluida en el grupo de provincias que recibirán asistencia financiera del Gobierno nacional para afrontar compromisos urgentes de gasto y deuda. La medida fue oficializada a través del Decreto 219/26, que habilita anticipos por hasta 400.000 millones de pesos para 12 jurisdicciones con dificultades transitorias de liquidez.
En el caso fueguino, el monto específico será definido por la Secretaría de Hacienda en función de su capacidad de repago y de su participación en la recaudación de impuestos nacionales. La inclusión de la provincia en el listado expone el impacto de las restricciones fiscales sobre sus cuentas, en un contexto económico que presiona tanto sobre los ingresos como sobre las fuentes de financiamiento.
El esquema establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, antes de finalizar 2026. Para garantizar el recupero, el Gobierno nacional dispuso un mecanismo automático de repago, ya que los montos otorgados, junto con los intereses, serán descontados directamente de la coparticipación federal que recibe la provincia.
La tasa aplicada será del 15% nominal anual, lo que representa una reducción significativa frente a los costos financieros que la provincia venía afrontando en operaciones recientes.
Durante lo que va del año la gestión de Gustavo Melella ya recurrió a 4 adelantos de coparticipación que totalizan $85.000 millones (3 por $20.000 millones y el último de $ 25.000 millones de pesos) con más los intereses calculados en base a la tasa TAMAR de bancos privados que publica el Banco Central, actualmente en torno al 27% nominal anual.
La operatoria anunciada por Nación no deja en claro si los adelantos ya otorgados a Tierra del Fuego se computarán dentro del monto total de hasta 400.000 millones autorizados en el decreto publicado ayer.
También queda planteada la duda de si Tierra del Fuego será alcanzada por una reducción en la tasa de interés de esas operaciones previas, como ocurrió con una operatoria de anticipo de coparticipación por hasta $200.000 de pesos acordada a fines del año pasado con la Provincia de Entre Ríos, que inicialmente pagaba intereses a tasa TAMAR pero que en el decreto 219/26 fue redeterminada en una tasa fija nominal anual del 15%.
Aun cuando nada refiere el considerando de la norma en cuestión, resulta evidente que la caída de las transferencias automáticas por coparticipación, la merma en la recaudación propia, en un contexto de retracción de la actividad económica y del consumo, sumado a un alto grado de gasto público inflexible y la concentración de obligaciones en los primeros días de cada mes período genera una presión financiera que tensiona la disponibilidad de fondos también en las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán.
En este contexto, el nuevo programa nacional aparece como una herramienta de mayor plazo relativo, al permitir la devolución dentro del mismo ejercicio fiscal y con una tasa menor. Desde el Gobierno nacional sostienen que la medida apunta a resolver “dificultades financieras transitorias” sin comprometer el equilibrio fiscal, ya que se trata de adelantos de recursos futuros.
