l Poder Ejecutivo provincial formalizó la designación de Maximiliano D'Alessio como representante de Tierra del Fuego en el directorio de YPF mediante el Decreto, firmado el 6 de abril por el gobernador Gustavo Melella y la ministra de Energía Gabriela Castillo, y remitido 2 días después a la Legislatura para su ratificación. La norma dejó sin efecto designaciones anteriores y promovió el nombramiento en el marco de la Ley Nacional 26.741 que regula la participación de las provincias productoras en la conducción de la compañía, y la ley provincial 1012.
En sus consideraciones, el decreto reconstruye el andamiaje legal que sustenta la decisión. La expropiación del 51% de YPF, la distribución de acciones entre Nación y provincias integrantes de la OFEPHI, y la necesidad de garantizar la representación fueguina en la toma de decisiones estratégicas vinculadas a los recursos hidrocarburíferos. En ese esquema, el representante designado debe ejercer los derechos societarios y velar por los intereses de la Provincia dentro del directorio de la empresa.
Con ese acto administrativo, el Ejecutivo cumplió formalmente con el paso que habilita la representación institucional. Sin embargo, la secuencia temporal de los hechos desordena el proceso y abre un frente de cuestionamientos políticos y jurídicos, ya que cuando el decreto provincial aún no existía, la designación ya había sido oficializada por la propia YPF.
Es que durante el mes de marzo, la petrolera comunicó a la Comisión Nacional de Valores que D'Alessio integraba el directorio en representación de los accionistas clase D por un período de tres ejercicios. Ese anticipo corporativo, de carácter oficial y público, colocado a la Provincia en una situación anómala por cuanto el representante de la provincia, que además ejerce la presidencia de la empresa Terra Ignis Energía (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria), aparecía validado en el ámbito empresarial antes de haber atravesado el procedimiento institucional previsto por la normativa local.
Ese detalle no pasó desapercibido puertas adentro de la Provincia y activó la reacción legislativa. En la sesión del 27 de marzo, el bloque Somos Fueguinos presentó un proyecto de resolución para declarar la nulidad de la designación por incumplimiento de la Ley 1012, que exige la intervención de la Legislatura en el proceso. La iniciativa planteaba que la designación carecía de sustento legal al no haber sido formalizada ni remitida en tiempo y forma.
Tras un cuarto intermedio, el planteo mutó en una estrategia más acotada pero igualmente incisiva. La Cámara resolvió intimidar al Poder Ejecutivo para que, en un plazo perentorio de 48 horas, informara las circunstancias en que se había producido la designación de D'Alessio. El objetivo era reconstruir la secuencia administrativa y determinar si se habían vulnerado los pasos establecidos por la ley.
Fin de semana y feriados mediante, la respuesta del Ejecutivo llegó dentro del plazo exigido, pero con un dato que terminó de consolidar la controversia ya que el decreto remitido estaba fechado el 6 de abril, es decir, varios días después de que YPF había informado oficialmente la nueva integración del directorio. La formalización provincial aparece así como un acto posterior a la validación empresarial, invirtiendo el orden lógico del procedimiento.
La Ley Provincial 1012 establece que la designación del representante de la Provincia en YPF será efectuada por el Ejecutivo “ad referéndum” de la Legislatura, pero introduce condiciones temporales precisas ya que la notificación debe realizarse en un plazo no mayor a 2 días hábiles y el designado no puede asumir plenamente hasta que la Cámara preste conformidad expresa o tácita. Incluso prevé que el consentimiento se considera otorgado si a la sesión siguiente no hay objeciones.
En este caso, la simultaneidad imperfecta entre los tiempos de YPF, del Ejecutivo y del Parlamento generó un cortocircuito político. La designación parece haber operado en los hechos antes de cumplir con los requisitos formales, mientras la Legislatura aún no había tenido ni siquiera la posibilidad de expedirse.
En paralelo a esta discusión, el escenario legislativo sumó un elemento adicional que introduce una dimensión económica al conflicto. El bloque del Movimiento Popular Fueguino presentó ese mismo 27 de marzo un proyecto que propone que el representante de la Provincia en el directorio de YPF destine la totalidad de los ingresos derivados del cargo (honorarios, dietas o cualquier otra retribución) a la Obra Social del Estado Fueguino.
La iniciativa, girada a la Comisión de Legislación General, plantea que esos fondos tengan una afectación específica: la adquisición de insumos médicos, el fortalecimiento del sistema de salud y la cobertura de prestaciones para afiliados. El proyecto no cuestiona directamente la designación, pero redefine el sentido económico del cargo en un contexto de crisis sanitaria y financiera de la obra social.
El trasfondo económico refuerza la relevancia del debate. Para 2026 se estima que cada integrante del directorio de YPF percibirá alrededor de 95 millones de pesos mensuales, lo que proyecta ingresos anuales cercanos a los 1.235 millones.
Con el decreto ya formalizado, pero bajo escrutinio por su secuencia temporal, la decisión final queda ahora en manos de la Legislatura. El Parlamento deberá definir no solo si convalida o rechaza la designación, sino también cómo interpretar una cronología donde los efectos precedieron a las formas.
