a senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, salió al cruce del informe del Banco Mundial que define al régimen de promoción industrial como “una política fallida”. En ese marco, sostuvo que el documento aparece en un contexto crítico, marcado —según indicó— por la pérdida de millas de puestos de trabajo desde la asunción del presidente Javier Milei.
En este sentido, López advirtió que el informe será utilizado por el Gobierno nacional como argumento para avanzar en el desmantelamiento de la Ley 19.640. "Ya lo hicieron con el FMI y con la apertura de importaciones. Ahora van a usar al Banco Mundial para justificar el fin del régimen. No lo vamos a permitir", afirmó.
Asimismo, la senadora remarcó que el problema no radica en el subrégimen industrial, sino en las políticas implementadas por el Ejecutivo. Según detalló, desde diciembre se registraron cierres de empresas, suspensiones y despidos en distintas firmas de la provincia, con un fuerte impacto en el empleo local.
Por otro lado, cuestionó la reducción del contenido nacional en la fabricación de celulares, que pasó del 70% al 30%, lo que —a su entender— favorece el ingreso de productos casi terminados desde el exterior. “No es modernización: es reemplazar trabajo argentino por importado”, sostuvo.
A su vez, López criticó que el informe del Banco Mundial se limita a analizar el costo fiscal del régimen —estimado en USD 1.070 millones anuales— sin contemplar sus consecuencias sociales, económicas y estratégicas. En esa línea, planteó interrogantes sobre el costo de desarticular el entramado productivo en una provincia clave para la soberanía nacional.
En paralelo, puso el foco en el impacto cotidiano de la crisis en los hogares fueguinos, donde —según describió— crece la incertidumbre ante la posibilidad de nuevas suspensiones y despidos. “La angustia de los trabajadores no es una estadística”, subrayó.
No obstante, la legisladora aclaró que no se opone a una eventual actualización del régimen, aunque insistió en que cualquier discusión debe incluir a los actores locales. “Si hay que modernizar la ley, que sea con los fueguinos en la mesa, no con decisiones tomadas desde el exterior”, planteó.
Finalmente, López cerró con una advertencia al Gobierno nacional y una defensa del rol estratégico de la provincia. "No somos un privilegio, somos soberanía. Vamos a defender la Ley 19.640 y el trabajo fueguino. Tierra del Fuego no se toca", concluyó.
