l debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía volvió a escalar en el Congreso luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dejara expuesta en el Senado una posición que generó fuerte controversia, al admitir que, desde su visión ideológica, no debería haber impedimentos para que los ciudadanos británicos puedan adquirir tierras en Tierra del Fuego.
La definición surgió durante su participación en un plenario de comisiones donde se analizaba el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el Ejecutivo. En ese marco, la senadora fueguina Cristina López trasladó una inquietud concreta vinculada a la causa Malvinas. “Las preguntas que tengo me las mandaron los habitantes de Tierra del Fuego, los vecinos y vecinas y también los excombatientes”, planteó, antes de ir al eje del conflicto: “¿Un ciudadano del Reino Unido, país que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas, puede comprar tierras en Tierra del Fuego?”.
En una primera respuesta, el ministro se apoyará en la normativa vigente para descartar cambios inmediatos. “Hoy en Tierra del Fuego no se puede comprar sin autorización previa, porque está en zona de frontera”, explicó, al señalar que cualquier operación requiere autorización estatal y que ese régimen no está siendo modificado en el corto plazo.
Sin embargo, el eje del debate se desplazó rápidamente hacia el plano ideológico. “Nosotros como liberales ponemos en el centro al individuo”, afirmó Sturzenegger, y sostuvo que no corresponde restringir derechos en función de la nacionalidad. “A un individuo por el país que tenga o por su origen, adscribirle propiedades de un colectivo no es la manera que nosotros vemos las cosas”, argumentó.
En ese sentido, fue aún más explícito al plantear que, desde su perspectiva, no deberían existir limitaciones de ese tipo. “Es una manera terrible que un individuo tenga que hacerse cargo de una generalidad por lo que hizo en algún momento su país”, sostuvo, dejando abierta la puerta a que, en un esquema acorde a su visión, los ciudadanos británicos puedan adquirir.
Más allá de esa definición, el ministro también dejó planteada una discusión de fondo sobre el régimen vigente en la provincia. "No es bueno para Tierra del Fuego, para el tema productivo, que el 100% de la provincia esté bajo el régimen de zona de frontera. Es una discusión que hay que dar", afirmó, introduciendo la posibilidad de revisar uno de los principales límites actuales a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Ese planteo elevó el tono político del debate, al sugerir que no solo se trata de una postura teórica, sino de una eventual revisión normativa en el futuro. En ese marco, el eje dejó de ser exclusivamente qué permite hoy la ley, para pasar a discutir qué podría cambiar.
Durante la exposición, Sturzenegger defendió el proyecto oficial al sostener que Argentina necesita garantizar reglas claras en materia de propiedad para atraer inversiones. “El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad”, afirmó, y vinculó esa situación con la falta de desarrollo en sectores como la minería. “Tenemos recursos, pero nadie viene a explotarlos porque no hay certezas”, sostuvo.
También cuestionó regulaciones vigentes, como la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que afecta la actividad productiva. “Es un dislate afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, señaló, en línea con la orientación general del proyecto que impulsa el Ejecutivo.
Las declaraciones del ministro generaron fuertes cruces con sectores de la oposición. El senador Martín Soria calificó su exposición como “una provocación”, mientras que el jefe del bloque peronista, José Mayans, lo responsabilizó por decisiones económicas pasadas, en un clima de alta tensión política durante el debate en comisiones.
En ese contexto, el planteo de Sturzenegger no solo abrió una discusión técnica sobre la legislación vigente, sino que reactivó un debate más profundo sobre los límites entre la liberalización económica y la soberanía territorial, particularmente sensible en una provincia atravesada por la causa Malvinas. Así, aunque la normativa actual mantiene restricciones claras en zonas de frontera como Tierra del Fuego, la posición expresada por el ministro deja planteado un escenario potencial de cambios que, de avanzar, podrían generar un fuerte impacto político y social en la región.
