n una reunión larga y con varios temas sensibles, el Consejo de la Magistratura sesionó ayer y dejó varias definiciones que expusieron las fracturas hacia el interior del organismo de selección y remoción de magistrados, tanto en lo institucional como en lo disciplinario.
Para empezar, el organismo eligió a sus nuevas autoridades. La legisladora Victoria Vuoto fue designada como vicepresidenta, mientras que el legislador Jorge Andrés Lechman quedó como secretario. A su vez, el abogado Alejandro Pagano Zavalía asumió como fiscal acusador titular y Horacio Castelli como suplente.
Pero el tema que se llevó la mayor atención fueron las denuncias contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler. En ese punto, el Consejo resolvió rechazar la primera presentación hecha por el abogado Antonio Petkos.
Según se explica en el acta, la denuncia no tenía peso suficiente para provocar la remoción del cortesano. En el punto III de las conclusiones, la mayoría de los consejeros fueron bastante claros: consideraron que era “manifiestamente improcedente”. En términos simples, entendieron que no había elementos concretos para empezar un proceso de Jury.
Los argumentos se centraron en que las expresiones del juez Ernesto Löffler sobre la Reforma Constitucional no pueden ser motivo de sanción porque están protegidas por la libertad de expresión. Y también descartaron que haya habido demoras injustificadas en su trabajo como juez.
Con todo eso sobre la mesa, la decisión fue cerrar la denuncia ingresada meses atrás. Sin embargo, durante la misma reunión ingresó una nueva presentación contra Löffler formulada por el mismo Petkos, con otros argumentos. Es decir, mientras se cerraba un intento de Jury, se inicia otro.
En este punto es donde se evidenciaron las fuertes diferencias dentro del Consejo.
Por un lado, el legislador Jorge Lechman planteó que esta nueva denuncia también debía rechazarse de entrada, acompañado por la postura de su par Victoria Vuoto. Pese al intento de acumular ambas denuncias y cerrarlas, la mayoría resolvió darle ingreso y enviar el nuevo pedido de jury a Presidencia para su análisis y la elaboración del informe que corresponde a cada pedido de destitución.
Así, el Consejo cerró un expediente, pero dejó abierta la puerta a otro. El caso Löffler, lejos de terminarse, sigue generando debate interno y la nueva denuncia se tratará en la próxima sesión.
En paralelo, también se resolvió otra causa: se rechazó la denuncia del juez de Cámara Andrés Leonelli contra la jueza María Cristina Barrionuevo. En este caso, la decisión fue unánime, aunque se decidió enviar las actuaciones al Superior Tribunal para su análisis.
Además, se aceptó la renuncia del juez José Silvio Pellegrino, que estaba a cargo del juzgado de Tolhuin. A partir de eso, se va a abrir el concurso para cubrir ese cargo.
Ahora bien, más allá de las decisiones, hay un punto que vuelve a repetirse y genera críticas: la redacción del acta es sumamente confusa. El documento mezcla intervenciones, argumentos y conclusiones sin un orden claro, lo que dificulta reconstruir con precisión qué dijo cada consejero y cómo fue el proceso de toma de decisiones.
Esta situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que las sesiones del Consejo no se transmiten ni se difunden por redes sociales, a diferencia de lo que ocurre con la Legislatura o los Concejos Deliberantes. En esos ámbitos, la transmisión en vivo permite seguir el debate en tiempo real y entender las posiciones de cada representante.
En cambio, en el Consejo de la Magistratura, la única fuente de información suele ser el acta, que llega con un nivel de detalle que no siempre es suficiente para reflejar el debate real. Esto deja zonas grises y hace difícil para la ciudadanía —e incluso para la prensa— interpretar con claridad lo ocurrido.
En ese contexto, muchas de las posturas de los consejeros quedan sujetas a interpretaciones, ya que no siempre se consigna de manera directa quién votó qué o con qué argumentos precisos. Así, decisiones importantes, como el rechazo de una denuncia contra un juez del máximo tribunal, terminan siendo más difíciles de comunicar y comprender.
