n cumplimiento de la Ley 495 de Administración Financiera y Sistema de Control Público Provincial, el Superior Tribunal de Justicia aprobó la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025 y dispuso su remisión al Tribunal de Cuentas para su análisis. La decisión fue formalizada a través de la resolución 17/2026 de la Superintendencia y Administración del organismo.
El expediente incluye los estados presupuestarios y patrimoniales del Poder Judicial, junto con un informe técnico elaborado por la Auditoría Interna. En ese documento se detallan las tareas de control realizadas, la documentación respaldatoria y los procedimientos aplicados durante el período bajo revisión.
De acuerdo con los datos oficiales, los recursos totales del Poder Judicial alcanzaron en 2025 los $90.264,8 millones, lo que representa un incremento del 94,5% en relación con los $46.405,6 millones registrados al cierre de 2024. Entre los ingresos más relevantes se destacan los provenientes del Registro de la Propiedad Inmueble, con $918,6 millones, y la Tasa de Justicia, con $816,6 millones.
En cuanto a los gastos, el informe señala que ascendieron a $84.013,7 millones, con un aumento interanual del 71,7% frente a los $48.915,8 millones del ejercicio previo. El principal componente del gasto fue el rubro Personal, que demandó $80.530 millones, seguido por los Servicios no Personales, con $3.073,4 millones.
El estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2025 refleja un activo total de $17.953,3 millones, cifra que implica un crecimiento del 122,9% respecto del año anterior, cuando se ubicaba en $8.054,8 millones. Por su parte, el pasivo alcanzó los $8.750,9 millones, con un incremento del 48,9% en comparación con los $5.873,6 millones de 2024.
Como resultado de esta evolución, el patrimonio neto del Poder Judicial se situó en $9.202,3 millones, lo que representa un salto del 321,9% frente al saldo de $2.181,2 millones registrado en el ejercicio previo.
El informe también da cuenta de las inversiones financieras del organismo. En ese sentido, se destaca la existencia de un plazo fijo por $553,7 millones constituido en el Banco Tierra del Fuego, instrumento que, según se indica, las autoridades prevén mantener.
Con la aprobación de la Cuenta General, el Superior Tribunal cumple con el procedimiento institucional previsto y habilita ahora la instancia de control externo, en la que el Tribunal de Cuentas deberá evaluar la legalidad, razonabilidad y transparencia de la gestión financiera del Poder Judicial durante 2025.
