l Poder Ejecutivo provincial promulgó la Ley 1614, sancionada por la Legislatura el 27 de marzo, que prorrogó hasta el 26 de abril de 2028 la exención del pago de cánones para la tramitación de permisos de investigación destinados a universidades nacionales radicadas en la Provincia e instituciones del sistema científico que desarrollen proyectos sin fines de lucro.
La medida fue oficializada mediante el decreto 644/26, firmado el miércoles pasado por la vicegobernadora Urquiza, y extiende los alcances de la Ley provincial 1545, con el objetivo de promover y facilitar la actividad científica en el territorio, especialmente en el marco de la gestión de los recursos hídricos.
La normativa alcanza a universidades radicadas en la provincia y a organismos públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos de la Ley nacional 25.467. Los proyectos comprendidos deben estar enmarcados en los artículos 47 y 76 de la Ley provincial 1126 de Gestión Integral de los Recursos Hídricos.
La ley original, sancionada el 24 de abril de 2024, había establecido esta exención por un plazo de dos años. Con la nueva disposición, se extiende el beneficio con el propósito de sostener y ampliar el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas en la provincia.
El artículo 47 de la Ley 1126 regula los permisos para estudios, estableciendo condiciones como la duración de hasta dos años, la posibilidad de ingreso a propiedades privadas con autorización, la obligación de retirar los elementos utilizados y la presentación de resultados en un plazo determinado. Además, contempla garantías por posibles daños y la supervisión por parte de la autoridad de aplicación.
Por su parte, el artículo 76 habilita la autorización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y otros usos especiales, siempre que no resulten contrarios al interés general.
A fines de 2023, el por entonces director del CADIC, Gustavo Fernández, había señalado la necesidad de eliminar los costos asociados a los permisos para investigaciones sin fines de lucro, para de esa manera remover obstáculos económicos que permitieran que los, siempre escasos, recursos de las instituciones científicas se destinen directamente a la ejecución de proyectos, el trabajo de campo, el análisis de datos y la difusión de resultados, fortaleciendo así la producción de conocimiento en la provincia.
