n una resolución de alto impacto institucional, el Juzgado Civil y Comercial a cargo del juez Gustavo González declaró la nulidad de la inscripción de LeoLabs Argentina S.R.L. ante la Inspección General de Justicia (IGJ), en un caso que excede lo estrictamente societario y se inscribe en el debate sobre soberanía, seguridad y control estatal. Si bien el tribunal rechazó la disolución de la firma, introdujo un elemento clave: la afectación del interés público como fundamento para invalidar su registro.
En primer lugar, el fallo analizó la demanda impulsada por la IGJ, que buscaba la disolución y liquidación de la sociedad por la imposibilidad de cumplir su objeto social, tras la cancelación de la autorización nacional para operar un radar en Tolhuin. Sin embargo, el juez entendió que esa imposibilidad no era definitiva, dado que aún existen instancias administrativas pendientes, lo que activa el principio de conservación de la empresa. En consecuencia, descartó avanzar con la disolución.
No obstante, y en un giro relevante, el tribunal avanzó sobre un aspecto no planteado inicialmente: la posible afectación del interés público. En este punto, el fallo reconoce que el caso generó una fuerte sensibilidad social, vinculada a la soberanía nacional y al contexto histórico de Tierra del Fuego, donde la instalación del radar fue percibida por amplios sectores como un riesgo estratégico.
En ese sentido, la resolución retoma informes del Ministerio de Defensa que advierten sobre las capacidades del radar y su potencial uso dual, señalando que podría comprometer la seguridad nacional al permitir monitoreo de actividad satelital e incluso el acceso a información sensible. Estos elementos, sumados a la participación de capitales extranjeros, fueron considerados suficientes para configurar un interés público comprometido.
A partir de allí, el juez introduce una definición clave: cuando están en juego intereses que exceden lo privado —como la defensa nacional— el Estado puede ampliar su intervención, incluso sobre sociedades que no están bajo fiscalización permanente. En este marco, la IGJ aparece como un actor central, no solo en su función registral, sino también como garante del control de legalidad con impacto social.
Sin embargo, lejos de validar plenamente su accionar, el fallo también cuestiona el rol del organismo. En efecto, advierte que la IGJ se limitó a verificar requisitos formales al momento de inscribir la sociedad, sin profundizar en el análisis del objeto social ni en sus posibles implicancias estratégicas. Esta omisión, según el tribunal, constituye una falla en el ejercicio del control estatal que debía prevenir el conflicto.
Por ello, la sentencia no solo anula la inscripción de la empresa, sino que además exhorta a la IGJ a reforzar sus mecanismos de fiscalización, especialmente en casos donde puedan estar en juego intereses colectivos o sensibles. Es decir, redefine su rol más allá de lo administrativo, ubicándolo como un actor clave en la protección del interés público.
Por ende, el fallo establece que LeoLabs no podrá operar como sociedad regularmente inscripta, aunque sin avanzar sobre su disolución ni sobre la infraestructura instalada. Esta decisión busca equilibrar, por un lado, la protección de derechos privados y, por otro, la necesidad de resguardar intereses estratégicos del Estado.
Finalmente, el caso deja planteado un precedente relevante: la intervención estatal en materia societaria puede intensificarse cuando se verifican riesgos que trascienden lo económico. Así, de la lectura profunda de la sentencia se advierte que el interés público se consolida como criterio rector, al tiempo que la actuación de organismos como la IGJ queda bajo revisión con la idea que se perfeccionen los mecanismos que advirtió el magistrado en el fallo que tiene un alto impacto social en Tierra del Fuego.
