n la arquitectura republicana hay un supuesto que rara vez se explicita porque se lo considera obvio: que alguien, en algún punto del sistema, está dispuesto a ejercer el control. No es un detalle técnico ni una formalidad académica. Es la condición de funcionamiento del entramado institucional del sistema republicano. Sin ese reflejo —casi automático— de poner límites, la división de poderes deja de ser un mecanismo efectivo y se convierte en una narrativa decorativa, una ficción institucional.
Lo que ocurre en Ushuaia en torno a la intervención federal del puerto expone con nitidez ese problema. No tanto por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional —que, como ocurre en distintos momentos de la historia argentina, tiende a ensayar interpretaciones extensivas de sus atribuciones— sino por la respuesta de la Justicia Federal local. O, más precisamente, por su ausencia.
El punto central no es jurídico en sentido estricto. Es institucional. Frente a una anomalía difícil de disimular —la intervención de un organismo provincial, de cuarta categoría administrativa, como la ANPYN— la reacción judicial ha sido, de manera reiterada, declararse incompetente. Una salida que preserva las formas, pero que elude el fondo del conflicto.
Ese recurso, que en apariencia es prudente, termina configurando una práctica. Y esa práctica revela una concepción particular del rol judicial: la de un poder que se limita a verificar requisitos formales, a ordenar expedientes y, llegado el caso, a derivar las decisiones hacia instancias superiores. Como si la responsabilidad de intervenir siempre pudiera diferirse hacia otro nivel.
En Ushuaia, esa lógica adquiere un significado más delicado. Porque lo que está en juego no es simplemente una controversia administrativa, sino la relación entre la Nación y una provincia. Es decir, un conflicto típico del federalismo argentino, donde la desigualdad estructural de poder exige, precisamente, una Justicia que actúe como contrapeso.
Sin embargo, lo que se observa en la Justicia Federal de Ushuaia es un exceso de formalismo que reduce la intervención judicial a su mínima expresión. Se analiza lo indispensable para no resolver. Se examinan los aspectos procesales con rigor, pero se evita el núcleo del problema: la posible vulneración de la autonomía provincial frente a un avance del Estado Nacional.
Este comportamiento no es inocuo. Cada declaración de incompetencia tiene efectos que trascienden el expediente. Envía una señal al sistema político. Indica, en los hechos, que los costos de avanzar sobre zonas grises del orden institucional son bajos cuando no existe un control inmediato y efectivo. Eso sí: los magistrados federales parecen estar cómodos en ese rol de desentendimiento institucional.
En ese contexto, los poderes ejecutivos encuentran un terreno propicio para expandir sus decisiones. No necesariamente por vocación de exceso, sino porque la lógica del poder es, por naturaleza, expansiva. Si no encuentra límites claros, los pone a prueba. Y si esos límites no se materializan, los corre.
Como en este caso, la consecuencia es una alteración silenciosa del equilibrio republicano. No se produce a través de grandes crisis ni de rupturas abruptas, sino mediante pequeños desplazamientos tolerados por los magistrados que han intervenido. Una intervención que no se cuestiona a tiempo, una competencia que se declina, un conflicto que se difiere. Así, gradualmente, el sistema pierde densidad en beneficio de la comodidad de jueces y fiscales que buscan no exponerse frente a los avances del Gobierno Nacional.
No se trata de exigir decisiones imprudentes ni de desconocer la complejidad de las reglas procesales. Se trata de algo más elemental: la vocación de administrar justicia. Es decir, la disposición a asumir el costo de intervenir cuando el orden constitucional está en juego, incluso cuando el camino no es el más cómodo.
Porque cuando la Justicia se retrae, el vacío no permanece vacío. Es ocupado por el poder. Y el poder, por definición, no tiende a autolimitarse. Esa es, precisamente, la razón por la cual las democracias constitucionales diseñan sistemas de frenos y contrapesos: no como un ideal teórico, sino como una respuesta práctica a esa dinámica.
Lo que inquieta en el caso de Ushuaia no es únicamente una resolución puntual, sino la consolidación de un patrón que se viene repitiendo hace años. El de una Justicia Federal que parece más preocupada por no excederse en lo formal que por no omitir su función sustantiva. Una que administra expedientes con prolijidad, pero que vacila a la hora de ejercer autoridad.
En ese desplazamiento se juega algo más profundo que una controversia local. Se erosiona la lógica misma de la separación de poderes. Porque cuando uno de ellos renuncia a cumplir con su rol, los otros no tardan en ocupar ese espacio. Y entonces, lo que se pierde no es sólo una decisión, sino una forma de entender los límites del poder en un sistema democrático.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
