a Justicia provincial avanza en la investigación de una serie de amenazas anónimas en establecimientos educativos de Tierra del Fuego, en el marco de un fenómeno que se replica a nivel nacional y que, según advirtieron desde el Ministerio Público Fiscal, tiene consecuencias penales concretas.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y jefe de fiscales, Eduardo Urquiza, confirmó que cada uno de estos hechos activa la intervención judicial. “Las denuncias dan lugar a la primera intervención de los fiscales, que es el impulso de la acción penal, porque estamos frente a la presunción de delitos”, explicó, al remarcar que incluso cuando no se logra identificar de inmediato a los responsables, las investigaciones avanzan.
En ese sentido, fue categórico sobre el carácter de estas conductas. “Si alguna persona entiende que esto se trata de una broma, hay que dejar claro que no lo es”, sostuvo, y detalló que este tipo de hechos encuadra en figuras penales específicas. “Las amenazas anónimas establecen penas de 1 a 3 años de prisión, y la intimidación pública puede llegar de 2 a 6 años”, precisó.
Las causas se iniciaron, en su mayoría, a partir de denuncias realizadas por autoridades de instituciones educativas. En Río Grande, explicó, “han ingresado como boca de entrada este tipo de denuncias”, mientras que en Ushuaia las investigaciones se tramitan en juzgados de instrucción, lo que refleja la extensión del fenómeno en la provincia.
Urquiza señaló que uno de los principales objetivos de la Fiscalía es generar conciencia, especialmente entre jóvenes. “No es una broma, son delitos y son muy graves, y puede terminar mal para una persona joven”, advirtió, en referencia a las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes realicen este tipo de llamados o amenazas.
El fiscal también puso el foco en la dificultad de determinar quiénes están detrás de estos hechos. “No sabemos si hay participación de mayores o solo de menores”, indicó, y explicó que esa incertidumbre obliga a avanzar con cautela en las investigaciones. “Hay que ser prudentes y esperar resultados positivos, porque es lo que debemos hacer”, agregó.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia trabaja en la articulación con otros organismos para abordar el problema desde una perspectiva más amplia. “Se está coordinando un trabajo entre todos los actores atravesados por esta conflictividad social para acercarnos a los jóvenes”, señaló Urquiza, en referencia a acciones conjuntas con el sistema educativo.
En ese marco, remarcó que la problemática excede lo estrictamente penal. “La comunidad educativa está atravesada por distintas responsabilidades: patrimonial, administrativa, institucional”, afirmó, al incluir a familias, docentes y autoridades dentro de un esquema más amplio de corresponsabilidad.
El fiscal también advirtió sobre el impacto que pueden tener los cambios en el régimen penal juvenil. “Se ha reducido la edad a partir de la cual un menor puede recibir una sanción penal a los 14 años”, explicó, y sostuvo que esto refuerza la necesidad de dimensionar la gravedad de este tipo de conductas. “Tenemos que hacernos cargo”, expresó. Sin autores identificados hasta el momento, las causas siguen en trámite, pero el mensaje ya es definitivo: toda amenaza será investigada como delito y puede derivar en consecuencias penales concretas, incluso cuando se intente justificar como un juego.
