l sistema universitario nacional atraviesa una situación crítica marcada por el incumplimiento de la ley de financiamiento y el deterioro sostenido de los salarios, en un contexto que impacta tanto en los docentes como en el funcionamiento general de las instituciones.
En ese escenario, el vicerrector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Juan Ignacio García, señaló que el principal problema es el atraso salarial y la pérdida del poder adquisitivo. “El impacto más fuerte, donde más se siente, es en el salario de los docentes y los no docentes”, afirmó, y advirtió que “para recuperar el poder adquisitivo de 2023 hoy se necesitaría un incremento del 55% del salario”.
García explicó que la estructura presupuestaria de las universidades agrava el escenario. “Al menos el 90% del presupuesto de todas las universidades es salario”, indicó, lo que deja sin margen para afrontar otros gastos. En ese sentido, describió una situación donde los recursos actuales alcanzan prácticamente solo para cubrir sueldos, mientras el resto del funcionamiento se sostiene con fondos propios o reservas.
El deterioro salarial, según detalló, impacta directamente en las condiciones laborales. “Lo que estamos teniendo es recursos humanos muy mal pagos, en algunos casos renuncias, en muchos casos situaciones de estrés, gente que tiene que buscar otra alternativa de ingreso”, sostuvo, y ejemplificó la situación con los niveles de ingreso: “Un docente investigador que arranca su carrera hoy con dedicación exclusiva cobra un millón doscientos mil pesos”.
Ese nivel salarial, remarcó, resulta bajo incluso en comparación con otros sectores. “Un empleado de comercio cobra un millón ochocientos mil”, señaló, y agregó que incluso hay docentes que optaron por dejar la universidad para trabajar en el sistema educativo provincial.
El problema, según explicó, no es nuevo, pero se profundizó en los últimos años. “El salario docente universitario en Argentina siempre fue bajo, pero lo que sucedió en estos últimos dos años ya lleva la situación a un límite”, afirmó, al describir un deterioro acumulado que ahora impacta en la sostenibilidad del sistema.
En paralelo, advirtió sobre las consecuencias en el funcionamiento de las universidades. “La plata que está presupuestada alcanza solo para pagar sueldos”, explicó, y detalló que “todo el resto del funcionamiento, la investigación, las becas, sale de recursos propios o de fondos acumulados que tenían otro destino”. Esa dinámica, sostuvo, implica resignar proyectos, infraestructura y desarrollo académico para cubrir gastos corrientes.
Consultado sobre el impacto en el sistema, García evitó plantear un deterioro inmediato en la calidad educativa, pero sí advirtió sobre los efectos a futuro. “En el corto plazo lo soporta el sobrefuerzo de la gente, pero en el largo plazo inevitablemente va a resentir al sistema”, señaló, y vinculó esa situación con la sobrecarga laboral y la necesidad de buscar ingresos adicionales.
El planteo se da en el marco de una discusión más amplia sobre el rol de la universidad pública y su financiamiento. García recordó que el Congreso sancionó una ley para garantizar recursos al sistema, que luego fue ratificada tras el veto presidencial, y que incluso cuenta con respaldo judicial. “Hoy estamos esperando que se cumpla lo que ya se definió, lo que ya resolvió la Justicia”, afirmó.
En ese sentido, fue directo sobre la situación actual: “El Gobierno está eludiendo una obligación que tiene”, sostuvo, y remarcó que el cumplimiento de la ley no es opcional. “Las obligaciones que establece la actual ley se tienen que cumplir”, agregó, al señalar que cualquier modificación debe realizarse a través de una nueva norma, pero sin afectar la vigencia de la actual.
El vicerrector también vinculó el conflicto con una mirada estructural sobre el desarrollo. “Cualquier análisis sobre desarrollo económico muestra que la inversión en educación, investigación y formación de recursos humanos es clave”, explicó, y planteó que el debilitamiento del sistema universitario tiene consecuencias más allá del corto plazo: “Esto es como pegarse un tiro en los pies”, afirmó, al referirse al impacto que puede tener la falta de financiamiento sobre el sistema productivo, que depende de los profesionales formados en las universidades públicas.
En ese marco, sostuvo que el reclamo no es aislado. “Son de los pocos consensos nacionales”, indicó, en referencia al respaldo del Congreso y a las movilizaciones que se realizaron en defensa de la universidad pública. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y sin resolución. Con una ley vigente, un fallo judicial favorable y recursos sin ejecutar en los niveles necesarios, las universidades sostienen su funcionamiento con recursos limitados y bajo presión, en un escenario donde el problema salarial aparece como el núcleo de una crisis más amplia.
