ras una rápida instancia de evaluación en comisión, los Legisladores llevarán hoy al recinto de sesiones un proyecto que se convertirá en un punto bisagra para el funcionamiento institucional y económico de la Provincia y de la relación con los Municipios, ya que se contaría con los votos necesarios para aprobar, y de ser necesario insistirla, una ley que establezca un sistema de goteo diario de los recursos de coparticipación a los municipios.
La iniciativa, que cuenta con dictamen de comisión, establece que el Poder Ejecutivo, a través del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego (BTF), deberá girar de manera directa los recursos correspondientes a coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas y tributos provinciales coparticipables, en función de la percepción efectiva de esos ingresos por parte de la Provincia.
El esquema define que las transferencias se realizarán en forma diaria a las cuentas bancarias de cada municipio, tomando como referencia la fecha de ingreso de los fondos en las cuentas oficiales. Además, el BTF será el encargado de liquidar y distribuir automáticamente los montos según los porcentajes establecidos por la Contaduría General.
El proyecto también contempla un mecanismo de ajustes mensuales. El Ministerio de Economía deberá realizar, dentro de los 30 días de cerrado cada mes, la liquidación definitiva y compensar eventuales diferencias en los montos transferidos.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de sanciones ante demoras en los envíos. La falta de transferencia en los plazos previstos generará mora automática y la aplicación de intereses equivalentes a una vez y media la tasa de plazo fijo a 30 días del BTF. Además, se prevén multas personales, directas y diarias para funcionarios responsables, que alcanzan el 5% de su remuneración mensual por cada día de incumplimiento.
En caso de persistir deudas, los municipios podrán iniciar acciones judiciales mediante juicio ejecutivo, utilizando como título el certificado de deuda emitido por sus autoridades contables.
La iniciativa también crea una Comisión de Participación Municipal integrada por los intendentes y el Ministerio de Finanzas Públicas, con funciones de control sobre la determinación, distribución y transferencia de los recursos, así como de resolución de eventuales conflictos.
En paralelo, se establece la obligación de publicar información diaria sobre los fondos recibidos y transferidos, incluyendo montos, fechas y origen de los recursos, a través de una plataforma web.
El régimen detalla además el procedimiento de integración y distribución de la masa coparticipable, que incluye recursos de origen nacional, regalías hidrocarburíferas y tributos provinciales. En el caso de la coparticipación federal, el 26,6% se destina a municipios, mientras que en regalías el porcentaje es del 21,6%, y en impuestos provinciales asciende al 46,6%.
La distribución secundaria entre municipios se realizará mediante coeficientes específicos, que asignan el 12,2% a Ushuaia, el 12,2% a Río Grande y el 2,2% a Tolhuin, con posibilidad de ajustes en función de variables como datos censales.
El proyecto prevé que el nuevo sistema entre en vigencia dentro de los 30 días de su promulgación y, hasta entonces, continuará aplicándose el mecanismo actual. Durante ese período, el Ejecutivo deberá acordar con los municipios la regularización de fondos pendientes.
Dentro del abultado Orden del Día acordado ayer en Labor Parlamentaria figura también un dictamen de comisión que impulsa la implementación de un mecanismo de retención automática de fondos provinciales para asegurar el pago de aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones; la Caja de la Policía y a la Obra Social del Estado Fueguino. El BTF actuará como agente de retención obligatorio en caso de incumplimiento por parte del Estado provincial en el ingreso de sus obligaciones. La iniciativa establece que una vez vencida la obligación y ante la falta de pago total o parcial, el BTF deberá retener de manera automática los fondos de libre disponibilidad de la Provincia por los montos adeudados, previamente notificados por los organismos acreedores. Esos recursos deberán ser transferidos en forma directa dentro de las 24 horas, sin necesidad de una instrucción adicional. Una vez cancelada la deuda principal, también se prevé la transferencia de los intereses correspondientes, que deberán ser liquidados dentro de las 48 horas hábiles. El proyecto señala que estas retenciones tendrán carácter prioritario sobre cualquier otro destino de los fondos y no podrán ser suspendidas ni diferidas por decisiones administrativas.
El proyecto incluye además la exclusión de las cuentas de la Obra Social de la Provincia del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), lo que implicaría un manejo separado de esos recursos.
También vinculado con la Obra Social se abordará una modificación a la ley de creación de la OSEF, que introduce cambios sustanciales en la conducción y administración del organismo. Plantea un esquema en el que la Presidencia mantiene funciones ejecutivas, pero con mayores niveles de intervención, aprobación y control por parte del Directorio. Entre otros puntos, se establece que la administración de fondos, la orientación de los servicios, la celebración de convenios y la metodología de auditoría deberán ajustarse a lo definido o convalidado por ese cuerpo. La propuesta también modifica el funcionamiento interno del Directorio. Las reuniones ordinarias pasarían de realizarse al menos dos veces por mes a una vez por semana. Además, se ajustan las reglas de quórum y votación, y se establece que el vicepresidente designado por el Poder Ejecutivo solo tendrá voto cuando ejerza la Presidencia, dando de esta manera mayor preminencia a la opinión de los Directicos elegidos por activos y pasivos que a los designados por el Ejecutivo provincial. Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de criterios sanitarios para la toma de decisiones. El proyecto dispone que la Presidencia deberá articular con el Ministerio de Salud provincial la implementación de programas preventivos y de asistencia, así como coordinar la Evaluación de Tecnologías Sanitarias para la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos de alto costo y dispositivos médicos. La iniciativa incorpora además un nuevo artículo de transparencia. La OSEF deberá publicar periódicamente información clara, accesible, actualizada y en formato abierto sobre su ejecución presupuestaria y financiera, deuda con prestadores y acreedores, contratos, convenios, acreencias exigibles, estructura orgánica, cargos políticos e indicadores de calidad, acceso, cobertura, auditoría y tiempos de respuesta.
Otros proyectos sometidos a debate serán la adhesión de la Provincia al Régimen Incentivos a las Grandes Inversiones vigente en la Argentina.
A pesar de que el Poder Ejecutivo dictó ayer el decreto de convocatoria a elección de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, un sector del Parlamento buscará aprobar una iniciativa que abroga la Ley provincial 1529, mediante la que se declaró la necesidad de la Reforma Parcial de la Constitución Provincial.
También se aprobará la conformación de una comisión investigadora que analice y evalué las actuaciones administrativas , técnica y políticas los funcionarios que intervinieron en las autorizaciones otorgadas a la empresa Leolabs Incs y Leolabs Argentina S.R.L. para la instalaci6n de un radar, con su correspondiente estación terrena, en Tolhuin.
Además, se aprobará una modificación al reglamento interno de cámara para que, además de Ministros y Secretarios, los Legisladores puedan interpelar a Presidentes y Directores de Entes Autárquicos, Presidentes y Directores de Empresas Estatales, y cualquier otro funcionario público.
