l tratamiento en el Congreso de un proyecto que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género abrió un nuevo frente de discusión sobre el acceso a la justicia y el impacto que estas modificaciones pueden tener en las víctimas. Desde el ámbito provincial advierten que la iniciativa podría tener efectos contraproducentes en contextos de vulnerabilidad.
En ese marco, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Lucía Rossi, sostuvo: “Hoy la falsa denuncia ya es un delito y ya tiene una pena. Este proyecto lo que busca es endurecer esas penas específicamente en casos de violencia de género, y desde mi punto de vista es una herramienta para amedrentar a mujeres y niñas a denunciar”, al cuestionar el sentido de la iniciativa en debate.
La funcionaria planteó que el problema no es la existencia de sanciones, sino el mensaje que se construye en torno a la denuncia. “Está mal movilizar todo el sistema judicial por una falsa denuncia, pero eso aplica a cualquier índole. No es algo exclusivo de la violencia de género. En cambio, este proyecto pone el foco ahí y puede generar miedo en quienes están atravesando situaciones de violencia y necesitan dar ese paso”, afirmó.
En ese sentido, Rossi remarcó que los datos disponibles no justifican una modificación de este tipo. “Está más que demostrado que las falsas denuncias existen, pero son menores al 1%, y además ya tienen una legislación que prevé sanciones para quienes proceden de esa manera”, señaló, al relativizar el alcance real del problema.
La ministra sostuvo que el eje debería estar puesto en fortalecer los mecanismos de denuncia y no en restringirlos. “Lo que necesitamos es más mujeres y niñas que puedan denunciar las situaciones de violencia para que el Estado pueda intervenir, desde la justicia, desde los equipos técnicos, desde la sociedad. Si generamos miedo, lo que vamos a tener es menos denuncias”, advirtió.
En paralelo, describió el trabajo que se realiza en la provincia para abordar estos casos. “Estamos interviniendo en alrededor de 500 situaciones en toda la provincia, con un seguimiento uno a uno y con una mirada integral que involucra distintas áreas del Ministerio, porque nunca son casos aislados”, explicó.
Rossi detalló que las situaciones que se atienden exceden la violencia física. “No todos los casos son de violencia directa. Hay violencia psicológica, violencia económica, incumplimiento de obligaciones como alimentos, y todo eso genera contextos de vulnerabilidad que requieren intervención del Estado”, indicó.
También explicó que el acompañamiento estatal no depende exclusivamente de la denuncia formal. “Muchas veces las personas no quieren denunciar y se respeta su voluntad. Pero cuando hay riesgo real e inminente, el Estado puede intervenir directamente. El acompañamiento va más allá de la instancia judicial”, afirmó.
En relación con el acceso al sistema, señaló que existen distintos puntos de entrada. “Las personas pueden acercarse a comisarías de género, a oficinas del Estado o a otros organismos donde se detecta la situación. A partir de ahí se activa la intervención de los equipos especializados y, si corresponde, de la Justicia”, explicó.
La funcionaria vinculó además la discusión con el contexto nacional. “Estamos frente a un gobierno que no reconoce las vulnerabilidades. Hoy no estamos discutiendo nuevos derechos, sino sostener los que nos costó tanto conseguir”, sostuvo.
En esa línea, planteó que la desigualdad estructural sigue vigente. “Aún con todas las políticas que se han implementado, no hay igualdad real en lo salarial, en el acceso a espacios de poder o en la distribución de las tareas de cuidado”, afirmó.
Finalmente, advirtió sobre el escenario general. “Creo que estamos en un momento de retroceso. En lugar de avanzar en políticas de equidad, tenemos que salir a defender derechos adquiridos frente a medidas que pueden generar más obstáculos para quienes ya están en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.
