l 16 de abril ingresó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. En la presentación iniciada desde este medio se solicitó copia digital de un escrito realizado el 14 de abril por el abogado Antonio César Petkos, invocando expresamente su derecho a acceder a documentación pública, ya que las actas que produce el organismo de selección y remoción de jueces no refleja los pormenores de las decisiones que se adoptan dentro del Consejo. Tampoco se publican en el sitio web los temarios a desarrollar ni los informes que se producen. A tal punto que, incluso, en muchas oportunidades los consejeros son informados en el inicio de la sesión sobre asuntos ya resueltos.
En ese sentido, el requerimiento fue realizado en el marco de la Ley Provincial N° 653, que regula el acceso a la información pública en la provincia.
Ahora bien, la normativa vigente establece obligaciones concretas para los organismos del Estado. En particular, la ley dispone que toda solicitud debe ser respondida en un plazo máximo de diez días hábiles, con la posibilidad de una prórroga excepcional por otros diez días si existen dificultades para reunir la información.
Sin embargo, en este caso, los plazos se encontraban vencidos sin que el organismo haya resuelto al respecto hasta la sesión que iniciará mañana desde las 14 horas. En consecuencia, el silencio del organismo puede ser interpretado como una negativa a entregar la información, según lo previsto por la propia ley, ya que tampoco la información solicitada no haya sido declarada de carácter reservado. Por lo que trascendió, Petkos habría realizado una nueva presentación contra el juez de la Corte Ernesto Löffler, pero de las actas que publica el organismo no surge con claridad el tipo de presentación ni tampoco su tratamiento. Por el contrario, la redacción del acta de la última sesión pareciera que tiene la intención de no plasmar con claridad los debates y las decisiones que se adoptaron en el organismo de selección de magistrados.
Al mismo tiempo, fuentes vinculadas al organismo indicaron que el pedido de acceso sería tratado recién el martes 5 de mayo en reunión del Consejo. De hecho, el expediente figura como el punto Nº 1 en el temario previsto para esa jornada.
Por otra parte, la Ley 653 también contempla que, ante la falta de contestación o una respuesta incompleta, el solicitante queda habilitado a iniciar una acción de amparo por mora para exigir judicialmente el cumplimiento del deber de informar. Además, la normativa considera como falta grave cualquier conducta de funcionarios que obstaculicen el acceso a la información pública.
En este contexto, la ausencia de respuesta del Consejo de la Magistratura no solo genera interrogantes sobre el cumplimiento de los plazos legales, sino que también reabre el debate sobre la transparencia institucional y el efectivo acceso a la información pública en Tierra del Fuego.
