l proceso de transformación económica que atraviesa la Argentina reabre el debate sobre el impacto en el empleo y la capacidad del sistema para absorber los cambios, en un escenario marcado por cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo y un marco normativo que no se adapta a la nueva dinámica productiva.
En ese contexto, el abogado y doctor en Derecho Ernesto Martorell, especialista en derecho laboral y societario, sostuvo: “Estamos ante un país que está reconvirtiendo su estructura productiva o intentando hacerlo, pero en muchas áreas no tiene red de seguridad, y en ese contexto siempre los más vulnerables son los trabajadores que dependen de su salario y los empresarios que constituyen la mayor parte de la estructura productiva del país”, al detallar algunos de los puntos que se abordaran en las Jornadas sobre Reforma Laboral y Procedimientos de Crisis, organizadas por el Diario del Fin del Mundo, que se realizarán en el Hotel Arakur, con el acompañamiento del Gobierno Provincial y el CFI. Las jornadas son auspiciadas por el Colegio de Abogados de Ushuaia y el Consejo de Ciencias Económicas y cuentan con el apoyo para su difusión y participación de distintas Cámaras de la ciudad. .
El especialista remarcó que el problema central no es solo el cambio en sí, sino la velocidad y la falta de previsión. “Hoy tenés un nivel de desorientación importante, fundamentalmente porque como dicen los economistas, siempre el proceso de destrucción es mucho más rápido que el de creación. Eso se traduce en lo que estamos viendo: cierres, suspensiones y dificultades para generar nuevas fuentes de trabajo en el corto plazo”, afirmó.
Planteó que el proceso actual no tiene antecedentes comparables en la historia reciente. “A mí me cuesta mucho encontrar un proceso semejante. Incluso en los años 90, con la apertura económica, no había un reajuste del Estado tan acentuado como el que estamos viendo ahora. Desde distintos ámbitos internacionales se señala que el ajuste argentino es absolutamente inusual”, explicó.
Martorell vinculó este escenario con el tipo de inversiones que se proyectan hacia el país. “Las áreas que hoy aparecen como más atractivas para la inversión son las que menos empleo generan, como la minería, las actividades extractivas o las energías renovables. Son sectores con poco valor agregado en términos de trabajo, lo que limita la capacidad de absorción del sistema laboral”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, cuestionó la falta de herramientas legales para acompañar el proceso. “En un contexto donde puede haber venta de empresas, desembarco de capitales extranjeros o reconversiones productivas, es imprescindible contar con normativa que regule esas transiciones, que establezca qué pasa con los trabajadores, cómo se los protege y en qué condiciones se producen esos cambios. Hoy veo que en esto hay baches notables”, afirmó.
El jurista fue particularmente crítico con el rol de la dirigencia política y del sistema en su conjunto. “Hay un desinterés muy grande por lo jurídico. En la agenda pública, durante mucho tiempo, estos temas quedaron relegados. Sin embargo, en un proceso de cambio como el actual, el derecho pasa a ser central porque ordena y da previsibilidad”, sostuvo.
En esa línea, puso como ejemplo la falta de reacción durante la pandemia. “La Argentina fue el único país de la región que no modificó su normativa de concursos o quiebras ni su legislación laboral para enfrentar la crisis. Todos los países limítrofes adaptaron sus leyes para sostener empresas y empleo, acá fue un tema que no generó interés”, señaló.
Martorell también analizó el rol histórico de sindicatos y empresarios en la falta de actualización del sistema. “El desinterés fue medio consensuado. Ni los sindicatos ni los empresarios impulsaron reformas profundas. En muchos casos, mientras se pudieran negociar acuerdos particulares, el sistema seguía funcionando, pero eso termina perjudicando a los sectores más débiles”, explicó.
En ese sentido, advirtió sobre las asimetrías dentro del entramado productivo. “Las condiciones que puede afrontar una gran multinacional no son las mismas que las de un pequeño taller o una pyme. Sin embargo, muchas veces se aplican las mismas reglas para todos, lo que genera distorsiones importantes”, indicó.
El especialista también cuestionó el atraso normativo. “La ley de contrato de trabajo es de 1974, tiene más de 50 años, y nadie se tomó el trabajo de elaborar una nueva normativa integral. Es llamativo en un país que atraviesa crisis permanentes y cambios estructurales constantes”, afirmó.
En relación con el rol del sindicalismo, planteó que el modelo argentino presenta características particulares. “Históricamente ha sido un sindicalismo de confrontación, que plantea la relación en términos de conflicto. En otros países, frente a procesos de reconversión, empresarios y trabajadores se sientan a negociar en conjunto. Acá esa lógica no está tan desarrollada”, señaló.
Además, mencionó tensiones dentro del propio sistema judicial. “Hay un enojo importante en la justicia laboral con algunas reformas y con el Poder Ejecutivo, lo que también impacta en el funcionamiento general del sistema”, sostuvo.
Martorell insistió en que el problema no es solo económico, sino también institucional y jurídico. “Estamos frente a un proceso de transformación muy fuerte, pero sin herramientas adecuadas para gestionarlo. Eso genera incertidumbre para todos los actores: trabajadores, empresarios e inversores”, afirmó.
En ese marco, subrayó la necesidad de un enfoque integral. “No se trata solamente de ver cómo se desvincula a una persona o cómo se gestiona una crisis empresarial. Hay que entender el sistema en su conjunto, cómo se articulan las políticas económicas, las normas jurídicas y la realidad social”, explicó.
Advirtió sobre las consecuencias de no abordar estos cambios de manera coordinada. “Si no se generan consensos y no se actualiza el marco normativo, el proceso de transformación puede profundizar las desigualdades y generar mayores tensiones sociales”, concluyó.
