a sanción de la ley que deja sin efecto la convocatoria a la reforma constitucional profundizó el conflicto institucional en la provincia y abrió una disputa sobre el alcance de las facultades legislativas frente a un proceso que el Ejecutivo considera vigente.
En ese marco, la legisladora provincial del Partido Justicialista, Victoria Vuoto, defendió la decisión adoptada por la mayoría y sostuvo que la Legislatura conserva la potestad de revisar la necesidad de la reforma en esta instancia. “El proceso de convención constituyente está reservado al Poder Legislativo, que es el que declara la necesidad de la reforma y fija los plazos. Esa es una facultad exclusiva”, explicó.
Vuoto planteó que el momento en el que se produce la derogación es determinante para su validez. “Estamos en una etapa muy primigenia del proceso electoral, donde no hay cronograma ni derechos adquiridos en juego. Eso nos permite evaluar si sigue siendo necesaria la reforma sin afectar otras garantías”, afirmó.
En esa línea, diferenció los planos institucionales en discusión. “Una cosa es el proceso constituyente, que es donde interviene la Legislatura, y otra el proceso electoral que se desarrolla después. Acá lo que se está revisando es la necesidad misma de la reforma”, señaló.
La legisladora también cuestionó el argumento del Ejecutivo sobre la imposibilidad de retrotraer el proceso. “Había un dictamen legislativo previo al decreto de convocatoria que planteaba dejar sin efecto la reforma. Esa voluntad ya estaba expresada antes de que se iniciara el proceso electoral”, indicó.
Uno de los puntos centrales de su planteo fue el cuestionamiento al origen del proceso. “El quiebre de la seguridad jurídica se da con el decreto de convocatoria extemporáneo. La Legislatura había fijado un plazo de 210 días y el Ejecutivo convocó fuera de ese plazo, al día 218”, sostuvo.
Según explicó, esa decisión alteró el esquema previsto por la Constitución. “El gobernador volvió a computar el plazo desde cero de manera unilateral, cuando lo que correspondía era redefinir esos tiempos con la Legislatura, que es la que tiene esa atribución”, afirmó.
Vuoto consideró que la falta de consensos políticos también incidió en el resultado. “Un proceso de reforma constitucional requiere los mayores acuerdos posibles. No puede avanzarse de manera aislada en una decisión de esta magnitud”, planteó.
Más allá del plano jurídico, la legisladora puso el foco en la situación económica y social de la provincia. “Hoy Tierra del Fuego está al borde del quiebre económico, con asistencia de Nación para pagar salarios y sin soluciones estructurales a los problemas financieros”, advirtió.
En ese sentido, cuestionó la oportunidad de avanzar con la reforma. “Tenemos conflictos en todos los sectores: docentes, sistema de salud, industria, pacientes que no acceden a medicación. No es el momento para abrir un proceso electoral y político de esta magnitud”, sostuvo.
También criticó el contenido de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. “No hay artículos que aborden el modelo productivo, la política sanitaria o la situación social. Se discuten cuestiones institucionales que pueden ser importantes, pero no son urgentes frente a la realidad actual”, señaló.
Vuoto advirtió además que el escenario institucional seguirá escalando. “Es muy probable que el Ejecutivo vete la ley y que la Legislatura insista. Si eso ocurre, el conflicto va a volver a judicializarse”, afirmó.
En paralelo, indicó que la jueza electoral será notificada de la norma sancionada, lo que podría generar decisiones en simultáneo con el proceso político y legislativo.
La discusión, de esta manera, se encamina a una nueva etapa de confrontación entre poderes, con diferencias de interpretación sobre la validez del proceso de reforma y la posibilidad de que la definición vuelva a quedar en manos de la Justicia.
