a decisión de la Legislatura de aprobar la derogación de la ley de convocatoria a la reforma constitucional profundizó el conflicto institucional en la provincia, en un escenario donde se cruzan interpretaciones jurídicas con una fuerte disputa política por el control del proceso.
En ese marco, el legislador provincial de FORJA, Federico Greve, planteó que la medida carece de validez frente a un proceso ya iniciado. “El llamado a elecciones ya se produjo y eso implica un principio de ejecución de la ley. A partir de ahí, la Legislatura no tiene facultad para sancionar una norma que intente retrotraer ese proceso”, sostuvo.
El parlamentario explicó que el punto central es el momento en que se activó la convocatoria. “La ley cumplió su finalidad cuando el Ejecutivo firmó el decreto del llamado a elecciones. A partir de ese momento deja de ser una norma disponible para ser modificada”, indicó, y agregó que “innovar sobre una ley que ya está en funcionamiento no resultaría válido”.
En esa línea, remarcó que la Constitución no prevé mecanismos para interrumpir este tipo de decisiones. “No existe dentro de las funciones de la Legislatura la posibilidad de suspender o alterar una norma de estas características una vez que está en ejecución”, afirmó.
Greve también se refirió al recorrido institucional que aún queda por delante. “Primero tiene que darse el veto del Ejecutivo, después la eventual insistencia de la Legislatura y recién ahí podría abrirse una instancia judicial. Mientras tanto, el cronograma electoral sigue en marcha”, señaló.
Sobre ese punto, anticipó que el conflicto podría volver a judicializarse. “Quienes no lograron frenar la reforma anteriormente van a insistir por esa vía. Es algo que ya ocurrió y que probablemente vuelva a suceder”, expresó, aunque marcó diferencias con ese enfoque al considerar que “la judicialización de la política no es el camino para resolver estas discusiones”.
Más allá del plano jurídico, el legislador ubicó el conflicto en una estrategia política más amplia. “Se impusieron mayorías con el objetivo de condicionar la gobernabilidad del Ejecutivo. No es un hecho aislado, viene acompañado de otras decisiones en la misma línea”, afirmó.
En ese sentido, vinculó la derogación con el tratamiento de otros proyectos. “Se han frenado iniciativas del gobierno y ahora se avanza con herramientas como el goteo automático. Es una forma de presionar sobre el funcionamiento del Ejecutivo”, sostuvo.
Greve advirtió además sobre el impacto de estas medidas en el contexto económico actual. “Se intenta asegurar recursos para determinados sectores, pero si se debilita la estructura provincial, el problema termina siendo general. No hay forma de que a la provincia le vaya mal y a los municipios les vaya bien”, planteó.
También cuestionó el funcionamiento interno de la Legislatura. “Hay proyectos que ni siquiera se discuten y otros que se aprueban aun cuando existen advertencias técnicas sobre su inviabilidad”, indicó.
Desde su perspectiva, los debates estructurales deberían canalizarse en otro ámbito. Consideró que discusiones como el esquema de distribución de recursos o el propio goteo automático requieren un marco más amplio, como el que podría darse en una reforma constitucional, y no resoluciones en medio de una confrontación política.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma sigue su curso y que la convocatoria a elecciones mantiene plena vigencia, mientras el conflicto suma capítulos entre decisiones legislativas, posibles vetos y la expectativa de una eventual intervención judicial.
