a reforma de Tierra del Fuego quedó atravesada por una controversia política e institucional luego de que la Legislatura avanzara para dejar sin efecto el proceso habilitado mediante la ley 1529. La discusión se produce mientras el Ejecutivo sostiene la vigencia de la convocatoria electoral del 9 de agosto. Sectores legislativos defienden la posibilidad de derogar la norma inicial.
El constitucionalista Antonio María Hernández analizó el caso y advirtió que el escenario no registra antecedentes conocidos en la experiencia argentina. En ese marco, explicó que “no conozco en la Argentina que se haya producido un caso similar a este. En los procesos constituyentes, la Argentina, en tanto en la mayoría de las provincias argentinas, tiene una facultad preconstituyente para declarar la necesidad de una reforma, además establece si la reforma es total de todo el texto constitucional o parcial, o sea de una parte de la misma. Luego de eso, en el procedimiento, el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la ley convoca a elección de convencionales constituyentes, que son los que representan al pueblo en la máxima expresión, porque tienen como objetivo reformar la constitución provincial”.
Hernández recordó que la Constitución fueguina fue sancionada en 1991, tras la creación de la provincia, y que la Legislatura declaró oportunamente la necesidad de la reforma. Ese proceso, según señaló, fue cuestionado en sede judicial y finalmente avalado por el Superior Tribunal de Justicia, lo que derivó en la convocatoria del gobernador a elecciones. Para el jurista, esa secuencia muestra que las etapas previstas ya fueron activadas y que el debate actual no se ubica frente a un trámite inicial.
El eje jurídico está en determinar si la declaración de necesidad puede ser tratada como una ley común, susceptible de ser derogada por otra norma posterior, o si constituye un acto preconstituyente con efectos propios. Hernández distinguió esas competencias y sostuvo que el Poder Legislativo no actúa siempre bajo una misma naturaleza. En ese sentido, precisó que “el poder legislativo tiene distintas competencias; está el poder legislativo común para sancionar leyes, están facultades jurisdiccionales que puede tener el poder legislativo, por ejemplo llevar adelante un juicio político, y está también lo que se llama la competencia en materia preconstituyente. Esto significa la declaración de la necesidad de una reforma, es una declaración institucional extraordinaria, con competencias especiales”.
Desde esa interpretación, la Legislatura ya habría agotado su intervención en la etapa preconstituyente. Hernández afirmó que, una vez declarada la necesidad de la reforma, el proceso pasó al Ejecutivo y luego al electorado. Por eso consideró que “cuando actúa la Legislatura, declaran la necesidad de la reforma, después actúa el Poder Ejecutivo, después ya viene obviamente la elección popular y la elección de los convencionales; ya actuó el Poder Legislativo con esta naturaleza de acto preconstituyente, con una declaración institucional muy importante que es la declaración de la necesidad de la reforma, y ya cumplió su acto” sostuvo en diálogo con Zoom a Diario.
El especialista planteó que, por esa razón, el cronograma electoral debería continuar. Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo vete la norma sancionada por la Legislatura y sostenga el proceso, respondió que ese debería ser el camino, porque la ley que intenta frenar la reforma “realmente no corresponde” frente a un procedimiento ya iniciado. También señaló que el conflicto podría terminar judicializado y remarcó la necesidad de resolverlo con celeridad.
Para Hernández, el caso revela una tensión política de fondo que afecta el funcionamiento normal de las instituciones. El constitucionalista sostuvo que “es muy extraño, sin precedentes, esto de que la Legislatura ahora quiere paralizar el proceso, dar marcha atrás” y agregó que, a su criterio, “debiera continuar el proceso, es el pueblo ahora el que tiene la palabra, tiene que elegir los convencionales y después la convención constituyente, en ejercicio de sus más altas competencias, será la que avanza o no en la reforma importante parcial que se ha planteado”.
La eventual judicialización aparece como una consecuencia posible si persiste la disputa entre poderes. Hernández indicó que el caso podría comenzar ante el juez electoral, pero finalmente terminaría ante el Superior Tribunal de Justicia, que ya intervino sobre el proceso.
El análisis también incorporó el impacto sobre la seguridad jurídica. Hernández coincidió en que las disputas institucionales inciden sobre el desarrollo y la posibilidad de atraer inversiones. En ese punto, sostuvo que “hay una débil cultura constitucional y de la legalidad” en la Argentina y vinculó ese diagnóstico con los efectos que los incumplimientos constitucionales producen sobre la calidad institucional.
El constitucionalista amplió esa mirada al señalar que los conflictos políticos no resueltos pueden derivar en escenarios de deterioro institucional. Hernández afirmó que “cuando uno no cuida las instituciones, cuando no se aferra a la Constitución, cuando obviamente comienzan disputas políticas tan profundas que afectan obviamente el funcionamiento institucional, efectivamente el resultado va a ser el subdesarrollo, la falta de inversiones y problemas cada vez más complejos”. Para el jurista, esa advertencia no se limita a Tierra del Fuego, sino que forma parte de un problema más amplio del país.
La situación fueguina, además, se desarrolla en un contexto que Hernández consideró especialmente grave por el conflicto vinculado al puerto de Ushuaia. El abogado, que representa a la provincia ante la Corte Suprema junto a Juan Carlos Cassagne, sostuvo que la defensa de la autonomía provincial debería concentrar la atención política. En esa línea, advirtió que “yo no conozco un precedente más grave en toda la historia argentina, en términos de intervención federal, que lo que está viviendo hoy Tierra del Fuego”.
A partir de ese cuadro, el constitucionalista llamó a priorizar el diálogo político y el respeto por la Constitución. Señaló que Tierra del Fuego necesita funcionamiento institucional, desarrollo económico y plena vigencia de los derechos fundamentales.
La definición quedará atada a la respuesta del Ejecutivo, al cronograma electoral y a una eventual intervención judicial. Para Hernández, el punto central fue definido por la lógica institucional: la Legislatura declaró la necesidad de reforma, el Ejecutivo convocó a elecciones y ahora corresponde que el pueblo elija a los convencionales. Será esa convención, y no una nueva decisión legislativa, la que deberá resolver si la Constitución fueguina se reforma o no.
