l proceso electoral para la elección de convencionales constituyentes continúa en marcha y avanza en su etapa de organización, con el juzgado electoral trabajando en la definición del cronograma y la logística necesaria para el comicio previsto para el 9 de agosto.
En ese marco, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la convocatoria ya activó formalmente el proceso. “Esto es un proceso de una elección que está en curso”, sostuvo el secretario Legal, Emiliano Fosato, al detallar que el decreto fue notificado tanto al juzgado electoral como a la Legislatura y que ya se iniciaron las instancias de coordinación institucional.
El funcionario explicó que el avance incluye la planificación integral del acto electoral. “Implica toda una ingeniería: padrón definitivo, espacios de votación, contrataciones, capacitaciones y resguardo del proceso”, indicó, y agregó que el cronograma “será comunicado a la brevedad por la autoridad competente”.
En ese sentido, señaló que el juzgado electoral ya trabaja sobre los plazos. “Notificado el decreto en donde se establece la fecha, se vienen desarrollando las definiciones propias del proceso”, afirmó, y anticipó que los tiempos serán más acotados: “El cronograma va a ser con fechas más reducidas para poder cumplir con la manda de la norma”.
Respecto al escenario político y legislativo, Fosato sostuvo que la ley sancionada posteriormente por la Legislatura no tiene impacto sobre el proceso en curso. “Entendemos que no tiene una interferencia en lo que es el proceso electoral”, afirmó, al señalar que el acto determinante fue el decreto de convocatoria, en el marco de la ley que declaró la necesidad de la reforma.
En paralelo, la coordinadora de la Secretaría Legal, María Ángeles Arroyo, confirmó que el Ejecutivo avanzará con el veto de la norma. “Hoy es el primer día del plazo de los 10 días hábiles y estamos evaluando claramente atacar este proyecto mediante un veto”, explicó.
Sobre el escenario institucional, desde el Ejecutivo advirtieron que una eventual insistencia legislativa podría derivar en una instancia judicial. Fosato indicó que, de concretarse ese escenario, “se abre un camino que es el del Poder Judicial”, donde podrían plantearse acciones para determinar el alcance de la ley en relación al proceso electoral ya iniciado.
Aun así, remarcó que el cronograma no debería verse afectado. “Comprendo que es un camino que no tendría que interferir en los plazos que el proceso electoral ya tiene”, sostuvo, al insistir en que el proceso se encuentra vigente.
Arroyo también puso el foco en el momento en que se produjo la decisión legislativa. “La Legislatura podría haber derogado la ley antes, en la sesión anterior, y no hacerlo posterior al llamado, que sería muy diferente a la discusión que tendríamos en este momento”, señaló.
En esa línea, el Ejecutivo vinculó el debate con la necesidad de resguardar el marco institucional. “Resguardar también la seguridad jurídica de la provincia”, remarcó la funcionaria, al referirse al impacto de las decisiones sobre un proceso ya iniciado.
Además, Fosato explicó que el proceso administrativo y presupuestario ya está en curso. “Desde el momento en que se emitió el decreto, el expediente se materializó y se están incorporando todas las constancias necesarias, incluyendo el trabajo con el Ministerio de Economía para el presupuesto electoral”, detalló.
El funcionario sostuvo que la discusión sobre la oportunidad de la reforma no altera el mecanismo institucional. “Si está determinada la necesidad de la reforma, el ejercicio es mediante el proceso electoral”, afirmó, y agregó que quienes se opongan “pueden participar y expresar su posición en la convención”.
De esta manera, el Ejecutivo ratificó la continuidad del proceso electoral, mientras se encamina a vetar la ley sancionada por la Legislatura y se abre la posibilidad de un nuevo capítulo judicial en el conflicto institucional.
