a discusión por el impuesto inmobiliario volvió a instalarse en la agenda política fueguina y dejó al descubierto una nueva confrontación entre el bloque FORJA, identificado con los intereses del Gobierno provincial, y el bloque del Partido Justicialista, cercano políticamente a la gestión municipal de Ushuaia.
El oficialismo presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto la suspensión de la aplicación del impuesto inmobiliario prevista en la Ley Provincial 1075, con el objetivo de que la Provincia recupere plenamente la facultad de cobrar ese tributo en todo el territorio fueguino.
En los fundamentos de la iniciativa, FORJA sostiene que la suspensión del impuesto, concebida originalmente como una medida transitoria, “se ha prolongado en el tiempo generando un desbalance en la estructura de ingresos provinciales y debilitando la autonomía fiscal de la Provincia”.
El proyecto argumenta además que el impuesto inmobiliario constituye “un tributo típico de competencia provincial”, basado en la capacidad contributiva derivada de la titularidad de bienes inmuebles. Desde esa perspectiva, el oficialismo remarca que no se trata de crear una nueva carga tributaria sino de “recuperar una herramienta fiscal legítima” para diversificar las fuentes de financiamiento estatal.
La iniciativa también establece que la totalidad de los recursos recaudados serán destinados específicamente al financiamiento de los sistemas de salud y educación pública. Según FORJA, el contexto fueguino, marcado por altos costos de prestación de servicios, requiere “previsibilidad y suficiencia presupuestaria”.
En contrapartida, el bloque del Partido Justicialista presentó un proyecto diametralmente opuesto: propone derogar directamente el capítulo del Código Fiscal que habilita el impuesto inmobiliario provincial y eliminar también la ley que actualmente mantiene suspendida su aplicación.
La propuesta del PJ apunta, en los hechos, a clausurar definitivamente la posibilidad de que la Provincia avance sobre una facultad históricamente ejercida por los municipios, especialmente Ushuaia y Río Grande, que perciben el inmobiliario urbano desde la época en que Tierra del Fuego era territorio nacional.
La disputa tiene una larga historia política y judicial. En enero de 2016, durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone, la Legislatura aprobó modificaciones al Código Fiscal para que la Provincia retomara la determinación y percepción del impuesto inmobiliario urbano. Aquella decisión fue respaldada por el entonces bloque FPV-PJ y parte de la UCR-Cambiemos, mientras que el Movimiento Popular Fueguino votó en contra.
La medida derivó en una fuerte controversia política y legal con Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, y Gustavo Melella, Intendente de Río Grande, quienes judicializaron la cuestión. En diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia validó la potestad provincial para cobrar el impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles del territorio fueguino, aunque estableció que los municipios adheridos mantendrían nominalmente los recursos que percibían y una parte del excedente derivado de la actualización fiscal.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en 2023 el recurso presentado por los municipios, dejando firme el fallo del máximo tribunal provincial.
Sin embargo, durante el proceso judicial y en medio de negociaciones políticas entre Provincia y municipios, la Legislatura acordó suspender la aplicación efectiva del impuesto. Esa suspensión fue prorrogada sucesivamente y actualmente se mantiene vigente hasta diciembre de 2026.
En ese contexto, la nueva avanzada de FORJA reabre una discusión sensible: el control de una fuente clave de recursos fiscales y el reparto del poder político entre la Provincia y los municipios.
Desde el oficialismo provincial, la recuperación del impuesto es planteada como una herramienta para fortalecer las finanzas públicas y reducir la dependencia de otros ingresos. Para el sector alineado con el Municipio de Ushuaia, en cambio, la iniciativa representa un intento de avanzar sobre recursos municipales y alterar el esquema histórico de autonomía local.
La confrontación legislativa promete profundizar un debate que excede lo tributario y vuelve a poner en tensión la relación política entre la Casa de Gobierno y el municipio capitalino.
