a jueza electoral de Tierra del Fuego, Mariel Zanini, resolvió dar intervención al Ministerio Público Fiscal antes de definir el cronograma electoral correspondiente a la elección de convencionales constituyentes convocada por el Poder Ejecutivo provincial para el próximo 9 de agosto.
La medida introduce un nuevo compás de espera en el proceso de reforma parcial de la constitución impulsado por el Gobierno fueguino, en un contexto atravesado por controversias judiciales y políticas.
Según consta en la resolución, el Poder Ejecutivo remitió el decreto de convocatoria electoral el pasado 30 de abril de 2026, mientras que el 7 de mayo se incorporó al expediente la constancia de la primera publicación en el Boletín Oficial, requisito necesario para la vigencia formal de la convocatoria.
Sin embargo, la magistrada advirtió que persisten elementos de incertidumbre jurídica que obligan a actuar “con prudencia” antes de avanzar en la organización formal del proceso electoral.
Entre ellos, mencionó la existencia de un recurso de queja actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego S/ Acción Meramente Declarativa”, expediente vinculado directamente a la constitucionalidad y validez del proceso de reforma.
Ese recurso fue presentado luego de que se rechazara un recurso extraordinario federal y, a entender de Zanini, mantiene abierto el debate judicial sobre la convocatoria a convencionales constituyentes.
A ello se suma otro elemento considerado relevante por la jueza; la reciente sanción del proyecto de ley que con el respaldo de 11 legisladores derogó la norma que servía de fundamento legal para la convocatoria electoral en cuestión. Esa decisión todavía puede ser vetada por el Ejecutivo y recién adquiriría fuerza de ley en caso de que el Parlamento resolviera insistir en su sanción, para lo cual es necesario el acompañamiento de, cuanto menos, 10 votos.
En paralelo, tres partidos políticos presentaron escritos solicitando la emisión del cronograma electoral para otorgar previsibilidad y certeza al proceso de cara a la organización de candidaturas y etapas electorales.
No obstante, Zanini consideró que publicar el cronograma en el escenario actual podría generar mayor incertidumbre y afectar la confianza pública en el proceso electoral.
En la resolución sostuvo que avanzar con la calendarización implicaría “ordenar, coordinar y publicitar los plazos legales correspondientes a las distintas etapas electorales”, con el riesgo de que el proceso posteriormente sea suspendido, alterado o frustrado por las definiciones judiciales pendientes.
Por ese motivo, la magistrada resolvió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que tome intervención en resguardo del orden y el interés público.
La decisión se fundamenta en el artículo 79 incisos e) y f) de la Ley 470, de partido políticos, y en el artículo 22 inciso 4 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia, que establece la obligación de dar participación al Ministerio Público Fiscal antes de resolver cuestiones de competencia.
La intervención del organismo fiscal adquiere así una relevante trascendencia institucional, ya que se constituye en paso previo a cualquier definición sobre el calendario electoral y el futuro inmediato del proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego.
