a decisión del Gobierno provincial de anticipar el veto a distintas leyes sancionadas por la Legislatura volvió a tensionar la relación entre el Ejecutivo y sectores parlamentarios que impulsaron iniciativas vinculadas al financiamiento municipal y la administración de recursos públicos.
El legislador provincial Matías Lapadula del bloque ¨Provincia Grande¨ sostuvo que hasta el momento la Legislatura no fue notificada formalmente sobre el veto de ninguna de las normas aprobadas en la última sesión, aunque confirmó que el tema comenzará a discutirse políticamente una vez que el Ejecutivo concrete la medida anunciada públicamente.
Lapadula defendió especialmente la ‘ley de goteo diario’, vinculada a la transferencia automática de recursos coparticipables a los municipios, y afirmó que el proyecto atravesó distintas modificaciones durante el trabajo en comisión para intentar alcanzar consensos con el Gobierno provincial.
En ese sentido, explicó que tanto las iniciativas impulsadas por Provincia Grande como las presentadas por el Partido Justicialista fueron modificadas durante el debate legislativo. Sin embargo, cuestionó la postura adoptada por funcionarios provinciales durante las reuniones de comisión. “Cuando nosotros invitamos al Gobierno a participar y la respuesta es que no existe deuda, ahí es muy poco lo que se puede avanzar en conjunto”, afirmó.
El legislador sostuvo además que el principal problema radica en la falta de reconocimiento oficial sobre las demoras en las transferencias a municipios. Según indicó, “si se parte de la base de que el Gobierno dice que no se le debe a los municipios, muy poco podemos hacer respecto a mejorar o acordar una metodología”.
Lapadula remarcó que el objetivo de la ley apunta a otorgar previsibilidad financiera tanto a municipios como a la Provincia en un contexto de fuerte caída de la recaudación. “Todos necesitamos tener previsibilidad primero para poder seguir adelante con las obligaciones que tiene el Estado y los servicios que presta”, señaló.
El legislador reconoció además que la situación económica afecta tanto al Ejecutivo provincial como a las administraciones municipales debido a la caída del consumo y de los ingresos nacionales y provinciales. “Hay una caída brutal de la recaudación nacional, pero también de la recaudación provincial”, sostuvo, y vinculó el escenario económico con “este desastre económico que está provocando el Gobierno nacional”.
Según indicó, frente a ese contexto resulta indispensable avanzar en acuerdos políticos y herramientas de planificación financiera. “Hay que sentarse y ponerse de acuerdo porque si no, no vamos a llegar a ningún lado”, afirmó.
Lapadula también cuestionó algunos proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial para enfrentar la crisis fiscal y consideró que varias iniciativas resultan difíciles de aplicar en el escenario económico actual. “Si la solución para ellos es mandar proyectos de ley a la Legislatura que son inaplicables, así no vamos a salir”, expresó.
Como ejemplo, cuestionó la posibilidad de avanzar con mayores cargas impositivas sobre sectores económicos privados. “No podemos solucionar el problema de las cuentas públicas con un impuestazo a un sector privado que hoy está en la lona”, sostuvo.
El legislador también se refirió al proyecto de financiamiento de salud y educación impulsado por el Ejecutivo y consideró que actualmente no existen recursos suficientes para sostenerlo. “Mandar un proyecto de financiamiento de la educación y la salud pública cuyos recursos hoy no existen y hay que ver qué pasa en el futuro, tampoco me parece que esa sea la solución”, afirmó.
En paralelo, Lapadula destacó el trabajo legislativo que se viene desarrollando en distintas comisiones parlamentarias y aseguró que durante este año aumentó la actividad dentro de la Legislatura provincial. Según indicó, actualmente avanzan proyectos vinculados a nuevas tecnologías, electromedicina y regulación de apuestas online: “La verdad que se nota el trabajo que se está dando este año en la Legislatura”, sostuvo.
También defendió la prórroga de la ley que suspende cortes de servicios esenciales por falta de pago y señaló que el contexto económico actual es incluso más complejo que el registrado el año pasado, cuando la norma había sido aprobada originalmente. Según explicó, uno de los principales problemas aparece en casos donde familias pierden el servicio de gas y luego no logran recuperar la conexión debido a exigencias técnicas y costos elevados de adecuación. “Hay familias que no pueden pagar y les cortan el gas y después no pueden conseguir, aun pagando, que les restablezcan el servicio”, afirmó.
Lapadula reconoció que las normativas de seguridad deben mantenerse, aunque consideró necesario encontrar mecanismos de equilibrio frente a la situación económica actual. En ese sentido, sostuvo que hoy existen familias que “no tienen el dinero para cambiar toda una instalación” y reclamó tener una mirada más social para acompañar esos casos.
El legislador también cuestionó las exigencias económicas necesarias para acceder a nuevas conexiones domiciliarias de gas. Según señaló, muchas familias que perdieron subsidios deben afrontar inversiones millonarias para poder habilitar instalaciones. “Hay gente que tiene la red de gas en la puerta de la casa, pero se tiene que gastar 10 o 15 millones de pesos para hacer la instalación”, expresó.
Finalmente, insistió en la necesidad de construir acuerdos políticos amplios para enfrentar la situación económica provincial y sostuvo que tanto el Gobierno como la oposición deben avanzar en herramientas consensuadas para garantizar funcionamiento estatal y previsibilidad financiera.
