a elección de convencionales constituyentes prevista para el 9 de agosto volvió a quedar envuelta en incertidumbre luego de que la jueza electoral Mariel Zanini resolviera no emitir el cronograma electoral y abrir una nueva instancia de consulta judicial antes de avanzar con el proceso.
La medida no implica formalmente una suspensión de la convocatoria, aunque en la práctica paraliza nuevamente el proceso electoral debido a que impide avanzar con la presentación de listas, candidaturas, campañas y organización definitiva del padrón.
El secretario Legal y Técnico de la Provincia, Emiliano Fossatto, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que actualmente no existe ningún impedimento jurídico concreto que justifique una nueva demora sobre una convocatoria que el Ejecutivo considera respaldada judicialmente. “Hoy no existe ninguna presentación formal en las actuaciones respecto de estas consultas que deriva el juzgado al Ministerio Público Fiscal”, afirmó Fossatto, y remarcó que el decreto de convocatoria “ya estaría en condiciones de producir efectos”, motivo por el cual consideró que correspondía avanzar directamente con la emisión del cronograma electoral.
La jueza resolvió correr vista al Ministerio Público Fiscal para que se pronuncie sobre posibles escenarios de inseguridad jurídica vinculados al proceso constituyente. Desde el Ejecutivo sostienen que las dudas planteadas por el juzgado ya fueron discutidas anteriormente y que no existen hechos nuevos que alteren la situación judicial de la convocatoria.
En ese sentido, Fossatto recordó que el Superior Tribunal de Justicia ya emitió una sentencia firme sobre el proceso en octubre de 2025 y sostuvo que “todos los aspectos que hoy este proveído puede considerar como aquellos que generaban una inseguridad fueron resueltos por la máxima autoridad judicial de la provincia”.
Uno de los puntos observados por la magistrada está relacionado con el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el funcionario aseguró que ese trámite no tiene efectos suspensivos y rechazó que pueda utilizarse como argumento para frenar la elección. “Hay un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que establece cuáles son los efectos de la queja, que no son suspensivos”, explicó Fossatto.
El secretario Legal reconoció que el conflicto fue adquiriendo características inéditas a medida que avanzó y admitió que actualmente no existen antecedentes claros sobre una situación de estas características dentro de la provincia. “Son situaciones que no tienen una biblioteca establecida porque son acciones que van desarrollándose en el día a día”, sostuvo.
Desde el Ejecutivo advirtieron además que la falta de cronograma ya está generando consecuencias concretas sobre el desarrollo del proceso electoral y afecta tanto a los partidos políticos como a los ciudadanos que deberán participar de la elección. “Esta interrupción de facto vulnera no sólo el derecho de los partidos políticos, sino también el propio derecho al voto que ya está convocado y establecido”, afirmó Fossatto.
Según explicó el funcionario, si la demora continúa será necesario reducir los tiempos electorales previstos inicialmente para sostener la fecha de votación establecida para agosto. En ese sentido, sostuvo que “el cronograma va a tener que ser acotado y esto va generando una demora”, situación que podría afectar el normal desarrollo del proceso constituyente.
Fossatto también cuestionó que las observaciones planteadas por el juzgado aparezcan recién ahora, debido a que previamente el Ejecutivo y la Justicia Electoral ya habían mantenido reuniones para coordinar aspectos operativos vinculados a la convocatoria. “Si existe una cuestión de duda, podría haber sido resuelta también previo a cuando determine que ya están cumplidos todos los tiempos para que el decreto pueda producir sus efectos”, sostuvo el funcionario, y calificó como “novedosa y sorprendente” la situación generada alrededor del cronograma electoral.
En paralelo, Fossatto confirmó que el Ejecutivo mantiene la decisión política de vetar la ley sancionada recientemente por la Legislatura provincial que dejó sin efecto la convocatoria constituyente. Según explicó, desde el Gobierno consideran plenamente válido el veto debido a que se trata de una ley sancionada bajo el procedimiento legislativo ordinario previsto por la Constitución Provincial: “El Ejecutivo puede vetar o promulgar”, afirmó el funcionario, y rechazó las interpretaciones que sostienen que el Poder Ejecutivo no tendría facultades para intervenir sobre una norma vinculada al proceso de reforma constitucional.
El área legal del Gobierno también analiza posibles herramientas judiciales para intentar destrabar la situación si el cronograma continúa paralizado durante los próximos días. “Hay herramientas procesales establecidas, acciones de amparo, hay que analizarlo”, señaló Fossatto, aunque aclaró que actualmente no se encuentra en evaluación avanzar con medidas específicas contra la jueza electoral.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal deberá emitir dictamen sobre las consultas formuladas por el juzgado electoral. Luego de esa intervención, Zanini deberá resolver si avanza finalmente con la emisión del cronograma o si mantiene frenado el proceso constituyente, en un escenario que continúa profundizando la tensión política y judicial alrededor de la reforma constitucional en Tierra del Fuego.
