l Gobierno nacional avanza en una modificación del régimen de liberación vehicular vigente en Tierra del Fuego con el objetivo de automatizar trámites aduaneros, simplificar procedimientos y ampliar el alcance de la normativa a vehículos y bienes que actualmente quedaron fuera del sistema vigente.
La iniciativa fue impulsada por dirigentes de La Libertad Avanza y ya fue presentada ante la Dirección Nacional de Aduanas. Según confirmó el diputado nacional Santiago Pauli, el proyecto apunta a reemplazar parcialmente el decreto 654 de 1994, normativa que regula la permanencia y liberación de vehículos dentro del área aduanera especial.
Actualmente, los vehículos nacionales deben permanecer tres años dentro de Tierra del Fuego antes de poder salir definitivamente sin volver a tributar, mientras que en el caso de los importados el plazo asciende a cinco años. Sin embargo, una vez cumplido ese período, los propietarios todavía deben completar distintos trámites administrativos para concretar la liberación.
Pauli explicó que el sistema vigente obliga a realizar formularios, registros y presentaciones presenciales que generan demoras, costos y una carga burocrática que durante años fue cuestionada por usuarios y sectores vinculados a motovehículos y embarcaciones. “Uno tenía que hacer unos trámites que en el mejor de los casos te podían tomar hasta dos días, porque había que cargar un formulario, ir a un registro, comprar formularios y hacer todo un papelerío”, sostuvo el diputado, y remarcó que el objetivo central de la modificación es eliminar completamente esa instancia administrativa: “La propuesta es que eso sea automático, es decir, que no haya más hacer estos trámites y que, cumplido el plazo, sea automático”, afirmó Pauli, quien además señaló que la automatización permitiría ahorrar tiempo y dinero a los fueguinos.
El diputado explicó que el proyecto surgió a partir de reclamos planteados desde distintos sectores de la provincia, especialmente vinculados al uso de motos y motovehículos que actualmente quedaron fuera del esquema vigente. “Era un tema que principalmente vino del pedido de mucha gente de la provincia”, sostuvo, y destacó especialmente el trabajo impulsado desde Ushuaia por sectores vinculados a La Libertad Avanza que venían reclamando cambios sobre las restricciones actuales.
Según indicó, uno de los principales problemas del régimen vigente es que distintos bienes nunca fueron incorporados formalmente a la normativa original: “No estaban incluidas las motos y eso generaba un montón de problemas”, explicó Pauli, y precisó que el nuevo esquema buscará incorporar motos, cuatriciclos, motos de agua, embarcaciones, lanchas, maquinaria industrial y bienes de capital.
Sostuvo además que la modificación requirió negociaciones con distintas áreas del Estado nacional debido a que el régimen fueguino involucra competencias vinculadas a Aduana, Secretaría de Comercio y Ministerio de Economía: “Todo lo que es el área aduanera especial de Tierra del Fuego es un mundo de normativa que atraviesa muchos sectores del Estado Nacional”, afirmó, y remarcó que esa complejidad fue uno de los motivos por los cuales anteriores intentos de modificación no lograron avanzar.
Según explicó, el trabajo comenzó hace varios meses a partir de una presentación impulsada junto al diputado Miguel Rodríguez y actualmente ya existe una respuesta favorable para avanzar con la nueva normativa. “Lo que hoy tenemos es una respuesta positiva a la iniciativa”, sostuvo Pauli, aunque aclaró que todavía resta la publicación oficial para conocer el alcance técnico definitivo del nuevo esquema.
Aseguró que las restricciones actuales generan consecuencias ambientales debido a la acumulación de vehículos fuera de uso, maquinaria y chatarra metálica dentro de la provincia. “Hay una serie de consecuencias negativas de la restricción de la normativa actual”, afirmó, y señaló que actualmente “hay un montón de cosas que se quedan en la isla y que tranquilamente podrían salir”.
Pauli también confirmó que mantienen conversaciones con organismos nacionales sobre distintos predios pertenecientes a la Armada Argentina y otros terrenos federales ubicados en Ushuaia y Río Grande. La discusión involucra especialmente sectores vinculados a la Base Naval Ushuaia y otros espacios estatales ubicados dentro de áreas urbanas consolidadas, que desde hace años forman parte de debates sobre crecimiento urbano, acceso a tierras y reorganización de espacios bajo jurisdicción nacional. “A mí no me gusta hablar de cosas no hechas todavía”, aclaró inicialmente el diputado, aunque confirmó que “venimos conversando mucho con el área que administra los bienes nacionales para poder simplificar todas estas cuestiones”.
Según explicó, el Gobierno nacional impulsa actualmente un relevamiento integral de propiedades y activos estatales para detectar espacios ociosos y redefinir usos sobre inmuebles actualmente desaprovechados. “Esta gestión ha encauzado ya un plan de poder relevar todo lo que hay, de poder optimizar y de poder llegar a uso en el caso de lugares que no se están usando”, sostuvo Pauli, quien además señaló que la intención es “encontrar una utilidad” para distintos terrenos actualmente sin uso concreto.
Afirmó además que Nación busca avanzar en procesos de regularización sobre propiedades acumuladas durante décadas bajo distintas jurisdicciones estatales. “También hay una política nacional de poder regularizar esto, porque el Estado Nacional a lo largo de todos sus años de existencia ha ido acumulando cuestiones que a veces ni se sabía lo que tenía el Estado Nacional”, señaló.
Aunque evitó precisar qué sectores específicos podrían verse alcanzados por futuras medidas o eventuales acuerdos, confirmó que la situación de las tierras de la Armada y otros predios nacionales forma parte de conversaciones abiertas entre Nación y referentes fueguinos de La Libertad Avanza.
