in margen para la sorpresa, el gobernador Gustavo Melella vetó totalmente la ley que creaba el “Sistema de Transferencias de Liquidación Automática a los Municipios”, aprobada por una ajustada mayoría legislativa durante la sesión ordinaria del pasado 30 de abril.
La iniciativa había sido respaldada por los tres legisladores del Partido Justicialista, los dos del Movimiento Popular Fueguino, los dos de Somos Fueguinos, el representante de Provincia Grande y el del Partido Verde. En contra votaron los tres integrantes del bloque oficialista Forja y el legislador de Sumemos Tolhuin, quienes además contaron con el acompañamiento de los dos representantes de La Libertad Avanza.
El 9 a 6 de aquella votación aparece hoy como el principal reaseguro político con el que cuenta el Ejecutivo fueguino para evitar la insistencia de la ley, aunque ello permanece sujeto a la siempre volátil dinámica parlamentaria.
Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que la norma pretendía establecer un mecanismo de “retención y transferencia automática y compulsiva” de fondos desde la administración central hacia las jurisdicciones municipales, afectando el esquema de administración financiera vigente.
En el decreto 0866/26, el Gobierno cuestionó especialmente el “automatismo rígido” previsto en la ley, al considerar que elimina la flexibilidad necesaria para la programación financiera del Estado y compromete los mecanismos de control preventivo establecidos por la Constitución Provincial y la Ley de Administración Financiera.
Además, el veto advierte sobre el riesgo de transferencias indebidas y una eventual afectación de fondos específicos del Estado provincial. En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que la iniciativa incorporaba “un severo e inflexible sistema de mora automática” y habilitaba sanciones económicas directas contra funcionarios públicos, incluso mediante retenciones sobre sus haberes.
Para el Gobierno, este esquema vulnera garantías constitucionales previstas tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial, al aplicar responsabilidades patrimoniales directas sin las debidas garantías legales.
Otro de los ejes centrales del veto apunta a la presunta invasión de facultades propias del Poder Ejecutivo. Según el decreto, la norma sancionada por la Legislatura implica “una palmaria e inadmisible invasión de las prerrogativas exclusivas de dirección y gestión de las finanzas públicas”, lo que, a criterio del Ejecutivo, vulnera el principio republicano de división de poderes.
El documento también cita antecedentes judiciales vinculados al régimen de coparticipación. En particular, menciona el fallo del Superior Tribunal de Justicia en la causa “Municipalidad de Río Grande c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Medida Autosatisfactiva”, donde se cuestionó la falta de racionalidad en la distribución de recursos públicos.
El contexto económico provincial fue otro de los argumentos expuestos para justificar el rechazo total de la ley. El Ejecutivo remarcó la caída de recursos provinciales producto de las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional y advirtió que medidas como la sancionada podrían comprometer la prestación de servicios esenciales actualmente a cargo de la Provincia.
El veto también se apoyó en informes técnicos y dictámenes elaborados por distintos organismos del Estado. Entre ellos, el Ministerio de Economía, la Contaduría General de la Provincia, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía, la Secretaría Legal y Administrativa de Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal de Gobierno, que coincidieron en señalar la “improcedencia constitucional, financiera y operativa” del régimen aprobado.
Ahora la discusión volverá a la Legislatura. Una vez notificada formalmente la decisión del Ejecutivo, los legisladores deberán definir si cuentan con los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el veto e insistir con la sanción original.
La Constitución Provincial no fija plazos para resolver este tipo de situaciones, por lo que la definición podría quedar abierta mientras la oposición intenta reunir los diez votos necesarios para convertir definitivamente en ley el sistema de transferencias automáticas a los municipios. Un eventual intento fallido de insistencia impediría que el proyecto pueda volver a tratarse durante el período legislativo 2026.
“Este veto no es en contra de los municipios”
El ministro de Economía de la provincia, Alejandro Barrozo, defendió
la decisión del gobernador Gustavo Melella de vetar la ley que establecía un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios, al considerar que la medida resulta “inviable” y compromete el funcionamiento del Estado provincial.
Desde el Gobierno fueguino señalaron que el mecanismo aprobado por la Legislatura es “institucional, operativa y financieramente inviable”, además de poner en riesgo el funcionamiento integral de la administración provincial.
En ese marco, Barrozo sostuvo que “esta ley es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”.
El funcionario explicó que una de las principales objeciones radica en la imposibilidad material de implementar el esquema previsto en la norma sancionada.
“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que enviar a los municipios”, afirmó.
Barrozo remarcó además que la decisión adoptada por el Gobierno no implica un enfrentamiento con las administraciones municipales.
“Este veto no es en contra de los municipios ni mucho menos. Hay cuestiones institucionales y financieras que impiden un mecanismo de este tipo como lo ha demostrado la historia en esta provincia”, expresó.
El veto total firmado por el gobernador Melella deberá ahora ser analizado por la Legislatura provincial, donde la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de dos tercios para insistir con la sanción original de la ley.
