a suspensión del proceso electoral para la elección de convencionales constituyentes en Tierra del Fuego volvió a sumar cuestionamientos desde sectores vinculados al ámbito jurídico y académico. El debate se profundizó luego de las decisiones judiciales que frenaron el cronograma electoral y de la disputa política e institucional abierta entre el Gobierno provincial, la Legislatura y distintos actores judiciales alrededor de la reforma constitucional.
El defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Tierra del Fuego y supervisor de la unidad de defensa en materia no penal, José Bongiovanni, sostuvo que la paralización del proceso electoral representa un hecho grave desde el punto de vista democrático. “Estoy completamente indignado por el hecho de que se haya frenado un proceso electoral, este proceso electoral o cualquier proceso electoral”, afirmó en la mañana del pasado viernes a Zoom a Diario. La intensidad del contexto político contrapuesto que existe en la provincia provocó un sin fin de reacciones en torno a las declaraciones del magistrado en el plano mediático y partidario.
Por las repercusiones que tuvo la nota radial, en horas del mismo día se confirmó la suspensión de la jornada que se iba a realizar el próximo miércoles a través de una jornada abierta de reflexión sobre reforma constitucional organizada junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Según había explicado, el objetivo de la actividad era generar un espacio público de información y debate para que la ciudadanía pueda comprender las distintas posiciones jurídicas e institucionales vinculadas al proceso constituyente: “La motivación es abrir un ámbito de conversación con una previa difusión de información objetiva y científica”, había detallado. En ese sentido, explicó que la intención de la jornada era acercar conceptos vinculados al derecho constitucional, al poder constituyente y a los mecanismos de participación democrática para personas ajenas al ámbito jurídico. “Sin conocer cierta información es muy difícil tener una opinión y es necesario que los ciudadanos tengan una opinión fundada para decidir sobre sus propios destinos”, había expresado.
En su análisis, el magistrado federal remarcó que la discusión abierta en Tierra del Fuego presenta una complejidad jurídica inusual incluso para especialistas en derecho constitucional. “Es un tema complejo para el derecho y muy complejo también para las personas que no son abogados”, señaló. Según indicó, uno de los objetivos centrales será precisamente traducir ese debate técnico a términos comprensibles para la comunidad.
Aunque evitó pronunciarse sobre la legalidad concreta del proceso de reforma constitucional o sobre las distintas decisiones judiciales adoptadas hasta el momento, Bongiovanni sí expresó una posición firme respecto de la importancia del voto y de la participación ciudadana directa en este tipo de procesos institucionales. “Presumir que la comunidad no tiene que votar por el motivo que sea es gravísimo”, afirmó.
El defensor federal sostuvo que el valor democrático del voto adquiere una dimensión todavía mayor cuando se trata de debates vinculados al poder constituyente. “El valor del voto está por encima de cualquier cosa, sobre todo en materia de poder constituyente”, expresó. En esa línea, cuestionó interpretaciones jurídicas que prioricen mecanismos de representación indirecta por encima de formas de participación ciudadana directa. “De ninguna manera una interpretación jurídica puede privilegiar mecanismos de democracia indirecta cuando son posibles mecanismos de democracia directa”, sostuvo.
Bongiovanni consideró además que el conflicto abierto en torno a la reforma constitucional constituye un caso inédito desde el punto de vista institucional y académico. “Es un caso de absoluto laboratorio”, afirmó. Según explicó, la superposición de decisiones legislativas, judiciales y políticas generó un escenario excepcional incluso para especialistas en derecho constitucional.
Consultado, el funcionario definió el contexto actual como un estado de “anomia” institucional y vinculó esa situación con la pérdida de consensos entre poderes del Estado. “Es un estado de anomia porque no se están respetando determinadas normas y la gente percibe ese estado de anomia”, sostuvo. Según explicó, el conflicto actual todavía podría atravesar nuevas etapas institucionales y judiciales, especialmente a partir de eventuales vetos, insistencias legislativas y futuras presentaciones ante tribunales superiores. “Faltan capítulos”, expresó.
Sin embargo, consideró que el problema de fondo no puede resolverse únicamente a través de herramientas judiciales. “El remedio no es jurídico”, afirmó. Para Bongiovanni, el escenario actual requiere principalmente acuerdos políticos y consensos institucionales entre los distintos actores involucrados.“El remedio es el consenso”, sostuvo. Según explicó, el sistema judicial siempre ofrecerá algún tipo de respuesta formal frente a los conflictos, aunque eso no necesariamente implica resolver el problema político subyacente. “Una salida jurídica siempre va a haber; te podrá gustar más o menos, pero siempre va a existir”, expresó.
El defensor federal consideró además que la falta de participación ciudadana efectiva dificulta comprender cuáles son los intereses realmente representados dentro de la disputa institucional actual. “No sabemos qué representa cada uno cuando se pelea con el otro porque no ha tenido participación la ciudadanía”, señaló.
Bongiovanni también analizó la posibilidad de una futura intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto fueguino y sostuvo que, más allá de los distintos remedios procesales posibles, el escenario probablemente termine federalizándose. “Lo único que puede sacar a esto definitivamente de la discusión es la intervención de la Corte Suprema”, afirmó.
No obstante, aclaró que una eventual decisión del máximo tribunal nacional tampoco resolvería necesariamente el trasfondo político del conflicto. “Las decisiones de la Corte Suprema son finales porque no hay otra instancia, no porque sean infalibles”, sostuvo, retomando una definición atribuida al exjuez estadounidense Antonin Scalia.
En relación con la judicialización del proceso constituyente, el defensor federal también planteó interrogantes sobre la legitimación procesal de los actores que impulsaron distintas acciones judiciales vinculadas a la reforma constitucional. Según explicó, el debate sobre quién puede representar intereses colectivos ante la Justicia constituye uno de los aspectos jurídicos más relevantes del conflicto actual.
“El tema de quién puede demandar para proteger derechos colectivos es muy importante”, expresó. En ese sentido, recordó que la propia Constitución fueguina establece entre los deberes de los ciudadanos la obligación de defender y hacer cumplir la Constitución provincial. “Si vos me das un deber, me tenés que dar la manera para llevarlo a cabo”, afirmó.
Remarcó la necesidad de fortalecer el acceso a información pública y generar condiciones para una participación democrática más informada. “La libertad de pensamiento es el primer derecho humano”, sostuvo. Según explicó, ese derecho se encuentra actualmente afectado por fenómenos vinculados a la desinformación, la circulación de noticias falsas y la manipulación algorítmica en entornos digitales. “La libertad de pensamiento hoy está muy afectada por información incorrecta, falsa o por falta de información”, expresó.
Finalmente, en ese contexto, defendió la necesidad de promover espacios públicos de discusión institucional y participación ciudadana frente al escenario político que atraviesa actualmente la provincia. “¿Cuál es el prerrequisito para poder pensar? Saber algo de lo que está pasando”, concluyó.
