l extremo austral de la República, donde el aislamiento y el clima parecían haber moldeado una cultura política propia, Tierra del Fuego había desarrollado con los años un sistema de poder singular: una red silenciosa de acuerdos, conveniencias y equilibrios compartidos entre sectores políticos, empresariales, sindicales y judiciales que, más allá de sus disputas públicas, entendían que ciertas reglas nunca debían alterarse demasiado.
La novel provincia era presentada hacia el resto del país como un territorio joven, moderno y estratégico. Pero debajo de esa imagen persistía una estructura mucho más antigua, sostenida por relaciones de mutua dependencia construidas durante décadas. En una sociedad pequeña, donde todos terminaban conociéndose y donde las distancias entre el poder político, económico y judicial resultaban mucho más cortas que en otros lugares del país, la estabilidad descansaba menos sobre las instituciones formales que sobre pactos tácitos cuidadosamente administrados.
Ese equilibrio comenzó a exhibir sus verdaderas tensiones cuando a un gobierno provincial se le ocurrió impulsar la posibilidad de reformar la Constitución.
La iniciativa, más allá de las discusiones legítimas que podía despertar sobre su conveniencia o alcance, produjo un efecto inesperado: dejó al descubierto una compleja arquitectura de intereses que hasta entonces operaba con relativa invisibilidad.
Sin embargo, el propio proceso reformista arrastraba desde el inicio una debilidad política evidente. La decisión no había estado precedida por una instancia amplia y sostenida de participación social. No existió un proceso previo capaz de involucrar con profundidad a universidades, entidades profesionales, organizaciones civiles, sindicatos y sectores económicos en una discusión abierta sobre qué aspectos institucionales requerían cambios y por qué razones.
Aquella ausencia terminó generando un vacío político que luego sería ocupado por la desconfianza, las especulaciones y las operaciones cruzadas.
Incluso entre quienes no rechazaban de plano la posibilidad de una reforma comenzó a instalarse la sensación de que el proceso había sido impulsado más desde la lógica del poder político que desde una construcción colectiva suficientemente legitimada.
Tal vez, si aquella instancia participativa hubiese existido con mayor amplitud, el escenario posterior habría resultado distinto. Tal vez.
Pero en política, como nos muestra la la historia romana, donde frente al avance político de Julio César el verdadero conflicto no giraba en torno al contenido de las reformas, sino a las consecuencias políticas que el proceso podía producir sobre el reparto futuro de poder, las oportunidades mal administradas suelen convertirse rápidamente en vulnerabilidades.
Así, la reforma terminó funcionando menos como el problema central que como el elemento detonante.
En Tierra del Fuego la discusión no tardó en desplazarse desde el terreno jurídico hacia otro mucho más sensible: quiénes conservarían capacidad de influencia si el oficialismo lograba convertir aquel proceso institucional en una plataforma de consolidación política.
Entonces comenzaron a revelarse alineamientos inesperados.
Sectores que hasta entonces permanecían enfrentados descubrieron coincidencias profundas. Viejos adversarios comenzaron a compartir reuniones reservadas. Empresarios que rara vez intervenían en debates jurídicos empezaron a hablar públicamente sobre “seguridad institucional”. Dirigentes políticos que durante años habían impulsado modificaciones de toda naturaleza se transformaron, casi de un día para otro, en fervorosos custodios de la intangibilidad constitucional.
La velocidad con que se reorganizaron ciertas alianzas comenzó a sugerir que detrás de los discursos institucionales existían preocupaciones mucho más concretas.
No necesariamente el temor a la reforma en sí misma.
Sino la posibilidad de que el oficialismo utilizara exitosamente ese proceso para fortalecerse políticamente y alterar relaciones de poder construidas durante décadas.
Entonces comenzó la ofensiva.
No una oposición frontal ni explícita. Nadie deseaba aparecer defendiendo privilegios sectoriales. La experiencia histórica enseñaba que las estrategias más eficaces son aquellas que logran ejecutarse invocando principios nobles.
Así, bajo discursos republicanos y apelaciones permanentes a la institucionalidad, empezó a desplegarse un mecanismo de desgaste cuidadosamente administrado.
Primero aparecieron las impugnaciones jurídicas.
Luego las cautelares.
Después llegaron las recusaciones, las apelaciones cruzadas y una sucesión casi interminable de incidentes procesales que parecían diseñados menos para resolver conflictos que para impedir que el proceso avanzara normalmente.
Pero junto a los argumentos jurídicos apareció otro recurso todavía más eficaz: la discusión sobre la oportunidad.
La pregunta comenzó a repetirse en programas de radio, columnas periodísticas y declaraciones políticas:
—¿Es éste el momento adecuado para discutir una reforma constitucional?
La provincia atravesaba dificultades económicas. El empleo industrial evidenciaba signos de agotamiento. La inflación erosionaba salarios. Los municipios reclamaban recursos. Los servicios públicos acumulaban déficits y la pobreza, merced a las política económica nacional, avanzaba silenciosamente.
Entonces muchos sectores encontraron una bandera políticamente impecable.
Se instaló la idea de que impulsar una reforma institucional en medio de dificultades económicas equivalía a una frivolidad política.
El razonamiento parecía sólido.
Demasiado sólido.
Porque evitaba una pregunta elemental: ¿en qué momento exacto de la historia argentina habían existido condiciones ideales para discutir transformaciones estructurales?
La objeción sobre la oportunidad operaba como una trampa perfecta.
Si la economía empeoraba, la reforma debía postergarse.
Si la economía mejoraba, tampoco convenía “generar incertidumbre”.
Si había conflictividad política, no era momento de profundizar tensiones.
Si había estabilidad, entonces resultaba innecesario alterar el orden existente.
La conclusión implícita era evidente: nunca sería el momento correcto.
La discusión sobre la oportunidad resultaba útil porque permitía evitar el verdadero debate.
Ya no era necesario explicar abiertamente por qué determinados sectores privados, políticos y corporativos observaban con preocupación el crecimiento político que el oficialismo podía obtener a partir de un proceso constituyente exitoso. Bastaba con instalar la idea de que la sociedad tenía problemas “más urgentes”.
La táctica poseía una eficacia casi matemática.
Quien insistía con la reforma era acusado de desconectarse de las preocupaciones reales de la población.
Quien proponía discutir cambios institucionales era presentado como un dirigente obsesionado con cuestiones políticas mientras la provincia atravesaba dificultades económicas.
Y así, lentamente, la discusión pública comenzó a deformarse.
Como si las crisis económicas no fueran precisamente el escenario donde más necesario resulta revisar estructuras institucionales agotadas.
La paradoja adquiría además un matiz todavía más incómodo.
Muchos de quienes ahora se presentaban como fervorosos defensores de los intereses fueguinos habían mantenido un llamativo silencio frente a episodios que afectaron concretamente la autonomía provincial.
Pocos parecían recordar ya la antojadiza intervención federal sobre el puerto de Ushuaia, ejecutada bajo argumentos administrativos tan difusos como discutibles, que además de tensionar el principio federal permitió la fuga de recursos millonarios de las arcas provinciales.
Entonces casi no hubo grandes discursos sobre autonomía.
Ni advertencias sobre institucionalidad.
Ni cruzadas republicanas en defensa de los intereses fueguinos.
Pero aquella contradicción rara vez era mencionada.
Como suele ocurrir en toda disputa de poder, la memoria pública comenzaba a administrarse selectivamente. (continuará mañana)
Nde la R: Esta es una historia de ficción política. Cualquier parecido con hechos, personajes o situaciones de la realidad es pura coincidencia.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
