a ley sancionada por unanimidad por la Legislatura que busca establecer un sistema de transferencia inmediata de aportes y contribuciones a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Jubilación de la Policía, fue vetada por el Ejecutivo.
La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador provincial, donde se argumenta que la norma invade competencias exclusivas del Poder Ejecutivo en materia de administración financiera y ejecución presupuestaria.
El proyecto legislativo disponía que el Banco de Tierra del Fuego actuara como agente de retención obligatorio y automático de fondos provinciales de libre disponibilidad ante incumplimientos en el pago de aportes y contribuciones destinados a la Caja Previsional para el Personal Policial, la Caja Compensadora Policial y OSEF.
Además, la iniciativa excluía a todas las cuentas de OSEF del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y establecía un régimen de mora e intereses punitorios entre organismos de la propia administración pública.
Entre los principales fundamentos jurídicos del veto, el Ejecutivo sostuvo que la ley afecta las atribuciones constitucionales del gobernador vinculadas a la administración y coordinación de los recursos públicos, facultades previstas en el sistema de cuenta única establecido por la Ley Provincial N° 495.
El decreto advierte que la aplicación automática de retenciones y la exclusión de fondos del FUCO generarían “rigidez presupuestaria” y una “afectación indebida” de los recursos provinciales, comprometiendo la sostenibilidad financiera y la gobernanza económica del Estado.
Asimismo, el texto remarca que la jurisprudencia reconoce amplias facultades al Poder Ejecutivo para adoptar medidas financieras destinadas a garantizar el equilibrio económico y financiero de la provincia bajo criterios de razonabilidad y sustentabilidad.
En ese sentido, el Gobierno citó un antecedente del Superior Tribunal de Justicia fueguino, donde se declaró inconstitucional la intervención legislativa sobre excedentes financieros, modificaciones presupuestarias y reasignación de partidas, al considerar que esas funciones corresponden exclusivamente al jefe de la administración provincial.
Desde el Ejecutivo también señalaron que la norma implicaba “una manifiesta invasión de las prerrogativas exclusivas de administración y dirección de las finanzas públicas”, afectando el principio republicano de división de poderes.
El decreto sostiene además que los entes autárquicos y descentralizados, como OSEF y la Caja Policial, forman parte de la administración pública y continúan sujetos al régimen general de control y administración estatal.
