on la negativa de Carlos Córdoba a declarar y una extensa exposición de Miguel Ángel Arana, comenzó este lunes en Ushuaia el juicio oral por las presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales de ATE en el sector Barrancas del Río Pipo.
La primera audiencia del debate se realizó ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, presidido por Alejandro Pagano Zavalía e integrado además por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Daniel Curtale.
Antes del inicio de las declaraciones indagatorias, la defensa de Córdoba presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por el Tribunal. Tras esa resolución, el secretario general de ATE Ushuaia decidió no responder preguntas en el debate oral.
La declaración central de la jornada fue la de Arana, quien era responsable del área de Vivienda del gremio al momento de los hechos investigados. Durante su exposición, sostuvo que Córdoba le pedía gestionar viviendas para personas que no eran afiliadas sindicales y aseguró que el dinero recibido en esas operaciones era entregado posteriormente al dirigente gremial.
Según indicó, en distintas oportunidades trasladó pagos vinculados a varias viviendas directamente al domicilio de Córdoba. También afirmó que no manejaba los listados de beneficiarios ni tenía intervención en las decisiones finales sobre adjudicaciones.
Arana declaró además que no realizaba gestiones ante el Instituto Provincial de la Vivienda ni ante organismos gubernamentales, aunque reconoció haber firmado documentación relacionada con el proyecto habitacional.
En otro tramo de su exposición, señaló haber sufrido amenazas y agresiones físicas durante el desarrollo de la causa judicial. También hizo referencia a Daniel Alberto Belbey, quien había sido imputado en los primeros tramos de la investigación y murió en 2018. Arana expresó dudas sobre las circunstancias de ese fallecimiento.
Durante la audiencia se incorporó además un video grabado por el propio imputado en una reunión interna de ATE, donde personas vinculadas al expediente reclamaban explicaciones a Córdoba por las adjudicaciones de viviendas.
La causa investiga 22 hechos de presuntas estafas y defraudación por administración fraudulenta relacionados con viviendas sociales destinadas originalmente a afiliados de ATE. Según la hipótesis acusatoria, distintas personas habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de la promesa de acceder a unidades habitacionales.
La investigación sostiene que las operaciones habrían generado perjuicios económicos calculados en más de 8 millones de pesos y aproximadamente 52 mil dólares, en valores correspondientes al período investigado.
Además de Córdoba y Arana, el juicio incluye a Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado en una causa conexa por presunto lavado de activos. El debate continuará en las próximas jornadas con la declaración de testigos y la incorporación de documentación relacionada con las adjudicaciones bajo análisis.
